lunes, 15 de abril de 2013

DESPIERTA, EL GOBIERNO ESPAÑOL PUEDE HABER PUESTO PRECIO A TU CABEZA.

Con la entrada en vigor de la Constitución  de 1978  la sociedad española, y sobre todo aquellos que la redactaron y las elites dirigentes que permitieron que entrara en vigor, quisieron, buscaron, que España se convirtiera de una forma evolutiva, no traumática, sin casos importantes de violencia,  en una democracia,  como dice el art. 1º, España se constituye en   un Estado social y democrático de Derecho. Lamentablemente, con el paso del tiempo nos hemos ido dando cuenta de que todo había quedado en un intento, en un sueño.  

Los españoles queríamos ser demócratas, queríamos ser como otros países de la esfera Occidental a la que pertenece España. El mundo Occidental recibió a España con los brazos abiertos, integrando a nuestro país en sus organizaciones y contribuyendo de diferentes formas al desarrollo de la economía. Pero los ciudadanos españoles hemos tenido mala suerte. Con la llegada de la democracia surgió una generación de políticos que eran todo menos demócratas, y por tanto España no ha logrado convertirse en una democracia. Pues una democracia se caracteriza ante todo por el cumplimiento de la legalidad vigente  por parte de aquellos que gobiernan. No solo es que España este gobernada y liderada por una clase política llena de chorizos, corruptos que se dedican a lavar dinero de sus amiguitos del alma del crimen organizado internacional, sino que España es una país en el que hay violencia y terrorismo de Estado, se producen   violaciones a los derechos humanos, y sutilmente se limitan las libertades y derechos de los ciudadanos.  Y lo más grave no es que los dirigentes políticos españoles tengan como su más profunda convicción no respetar las leyes sino que el Poder Judicial, carente de la necesaria independencia e  imparcialidad, es incapaz de obligarles a su cumplimiento como debería ser propio en un estado de Derecho.

Para favorecer a dirigentes políticos indiscutibles indicios de  delitos no son investigados por el Poder Judicial y los organismos policiales, como es el caso de las fotos que dan a conocer las relaciones del presidente de la Xunta, Núñez Feijoo, con gente del narcotráfico, o se investigan cuando estos ya han prescrito. Los procesos judiciales se dilatan en el tiempo lo máximo posible para lograr una solución negociada y permitir así que los políticos afectados puedan disfrutar lo máximo de su libertad. Por no investigar, es que no investigaron  sino que silenciaron  un incidente tan grave como el del 11-M, incidente que sectores de la elites gobernantes  españolas querían cargar a ETA para seguramente justificar una intervención militar en el País Vasco.
Hoy el periodico El Mundo publica una noticia escalofriante, que confirma lo dicho, que contribuye a despertarnos del sueño de falsa democracia en el que vivíamos. El Gobierno de España pagaba 7,5 millones de pesetas por asesinar a miembros del entorno de ETA. Para luchar contra ETA al Gobierno de España no le llegaba con los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado y los servicios secretos, sino que a través del GAL se dedicaba a contratar asesinos, relacionados con el narcotráfico, como es el caso de Luis Morcillo, contratado para asesinar a un ex dirigente de Herri Batasuna, Santiago Brouard. Como el Poder Judicial y la policía no podían acusar al ex dirigente de HB de haber cometido  delito alguno,  el Gobierno de España, ordeno su asesinato.

Sectores de las elites de poder de la sociedad española no quieren olvidar, insisten en recordar los hechos  más dramáticos acaecidos en la sociedad española desde el 78. Dirigentes políticos del partido del Gobierno, Partido Popular,  dicen sentirse amenazados por el acoso que supone los denominados escraches realizados por gente de la PAH y ordenados , sin lugar a dudas, por gente con estrechos vínculos con dicho partido, a pesar de que dicho acoso no ha dado lugar por ahora a ninguna detención ni actuación judicial. Y yo me pregunto, cómo se sentirán el resto de humildes ciudadanos españoles al conocer que un asesino , Luis Morcillo, en libertad , nunca juzgado, difunde que el Gobierno de España ha pagado y por tanto puede volver a pagar, 7,5 millones de las antiguas pesetas por asesinar a un ciudadano español. Esto si es un escrache, esto si es una eficaz forma de amenazar a los ciudadanos españoles. Indiscutiblemente el Gobierno Español , y más concretamente los encargados de dirigir  la lucha contra la organización terrorista ETA , permiten la difusión de esta información para amenazar a ciudadanos españoles no afines a las elites de poder asesinas de la sociedad española que ponían precio a la cabeza de ciudadanos españoles.
Es evidente que el denominado conflicto vasco debe ser considerado una verdadera guerra entre la organización terrorista ETA y sectores de las elites de poder  de la sociedad española, una guerra dura, cruel , en la que el Gobierno Español ordeno todo tipo de acciones  utilizando recursos públicos para pagar asesinatos, y por tanto los miembros de la organización terrorista ETA  retenidos en cárceles  españolas deben ser considerados sin ningún tipo de duda prisioneros de guerra. Prisioneros de guerra sin cuya libertad ni acabara el conflicto vasco ni España podrá llegar a ser una democracia plena.

Recordar el pasado es siempre positivo. Pero que elites de la sociedad española difundan  que ordenaron desde los poderes del Estado asesinar, con total impunidad, para amenazar así a ciudadanos españoles,  solo puede contribuir a cuatro  cosas: incrementar la crisis económica y sus consecuencias, provocar que España sea objeto como en el pasado de un casi total aislamiento internacional, desestabilizar  España  y provocar que España pueda acabar siendo en breve un país como Irak o Libia.

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