viernes, 19 de julio de 2013

LEY WERT: LAS 77 PAGINAS MAS RECHAZADAS DEL AÑO.

El principal partido de la oposición, el PSOE, ha hecho público que cuando vuelva a gobernar derogara la Ley Orgánica de Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE), la denominada Ley Wert. Lo cual me lleva a preguntarme ¿Por qué es tan difícil elaborar una ley educativa fruto del consenso político y que disfrute de una amplia aceptación social?

La respuesta no es más que una. Con la ley de educación se quieren alcanzar otros fines distintos a los puramente educativos. Cito dos: Adoctrinar ideológicamente y estratificar a la sociedad.
No trabajo en el mundo de la educación, a pesar de ello, estoy seguro de que no fallo a la hora de afirmar que para  diseñar el   sistema educativo de un país y que este sea de calidad y eficaz  se  deben de definir adecuadamente los siguientes cuatro elementos:

1º Planificar la educación de acuerdo con las necesidades de la sociedad, preparando a los ciudadanos e impartiendo titulaciones para lo que demanda el mercado laboral.
2º Definir los contenidos que se deben impartir en cada una de las etapas y cursos.

3º Establecer los mínimos conocimientos que cada alumno debe superar en cada etapa  y curso para poder así obtener una determinada titulación.
4º Seleccionar y orientar a los alumnos para que estudien aquello para lo que  tienen las suficientes y mejores  cualidades, respectando siempre el principio de igualdad de oportunidades.

Planificar la educción es fundamental. El sistema educativo español carece desde el comienzo de la democracia de la  más mínima planificación. Exceso de trabajadores titulados y preparados en unas cosas, a la vez que hay escasez en otras, ha sido una constante de la sociedad española durante el periodo que llevamos de democracia. De igual forma, es también fundamental definir adecuadamente que conocimientos debe adquirir el alumno, pues el tiempo que el alumno tiene para formarse es limitado, y lógicamente, lo que dedica a una cosa no lo puede dedicar a otra. El sistema educativo español es en  general  considerado por los expertos, muy teórico y poco práctico, ocupándose tiempo del alumno con   asignaturas y contenidos de muy poca utilidad para el mundo laboral.
La LOMCE es un claro ejemplo. Las 77 páginas de la Ley Wert han generado un enorme rechazo en la sociedad española no logrando ni el más mínimo consenso político.

La Ley Wert reconoce que el  sistema educativo español falla en esos cuatro aspectos pero no busca corregirlos, sino utilizarlos como argumentos para lograr esos otros fines que antes he citado, adoctrinar  y estratificar, lógicamente ahora adoctrinar de acuerdo a la ideología del PP. Para estratificar  la Ley Wert  impone cosas como la segregación a través de revalidas, algo que unido  al incremento de tasas académicas y la reducción de becas hará más difícil que los jóvenes pertenecientes a los sectores sociales más desfavorecidos puedan acceder a una titulación universitaria. Intentando adoctrinar, se suprime la asignatura de Educación para la Ciudadanía, y  equivocadamente, se le da más importancia a la asignatura de Religión. Y digo equivocadamente no porque no considere el conocimiento de la Religión interesante sino porque considero que la enseñanza de la  Religión Católica,  como toda  educación en valores, no se hace obligando al alumno a memorizar contenidos, sino hablando de ellos, dándolos a conocer a través de charlas y conferencias y sobre todo defendiéndoles, pero nunca imponiéndolos como unos conocimientos más que debe adquirir el alumno. Imponer la Religión como asignatura en los centros educativos lo único que hace es generar rechazo social hacia los valores que se quieren inculcar. Impartiéndose para los alumnos que lo deseen una materia alternativa para educar en valores, evidentemente en los valores del PP.
En el mercado laboral español se observa una clara tendencia a la reducción de la oferta de trabajos que requieren titulación universitaria. Las elites burguesas de la sociedad española son conscientes de ello, saben que el día de  mañana sus hijos a pesar de disponer de titulación universitaria no podrán obtener un trabajo acorde a dicha titulación. Para favorecer los intereses de dichas elites,  el Gobierno del presidente Rajoy, esta estableciendo barreras que dificulten el acceso a titulación universitaria a los ciudadanos pertenecientes a los sectores sociales menos pudientes, favoreciendo así que los jóvenes burgueses que adquieran  titulación universitaria gracias a disponer de recursos económicos tengan en el futuro  más posibilidades para encontrar un puesto de trabajo que requiera titulación universitaria. Barreras como la de subir las tasas, reducir el presupuesto para becas y endurecer su concesión.

Tal vez España, la sociedad española,  necesita reducir el porcentaje de trabajadores con titulación universitaria, pero ello no se debe de hacer utilizando criterios económicos y sociales sino académicos, mediante una justa selección de los mejores alumnos de la sociedad  que deben acceder a la universidad pública.

El progreso de una sociedad depende sobre todo de la forma de cómo se realiza el proceso de selección y educación de los ciudadanos. Las sociedades en las que dicho proceso se hace con justicia, respectan el principio de igualdad de oportunidades y buscando el más alto nivel educativo del mayor porcentaje de ciudadanos, progresan más que aquellas en las que la educación se imparte de forma discriminatoria, siendo utilizada como instrumento para  estratificar la sociedad. La forma de concebir la educación pública por parte de las elites gobernantes españolas  impide de forma clara que el país progrese.
La forma de tratar las becas el Gobierno del presidente Rajoy es completamente vergonzosa. Se reduce el presupuesto para becas para ciudadanos españoles a la vez que la Casa Real, ofrece a alumnos marroquíes becas para que vengan a estudiar a España, disfrazando al asunto mediante la creación de una especie de Erasmus para el sur del Mediterráneo. Reducir las becas y endurecer el acceso a las mismas  no tiene otro objetivo que el de hacer más difícil  que jóvenes pertenecientes a los sectores más desfavorecidos de la sociedad española  puedan adquirir una titulación universitaria, es decir, discriminar a través de la educación.

En mi modesta opinión la enseñanza pública universitaria, que pagamos todos los ciudadanos con nuestros impuestos, debería reunir dos características, ser selectiva y gratuita. Por ello debo de admitir que me parece acertado de la LOMCE que contemple que las universidades podrán hacer pruebas de acceso para cada carrera si lo desean. Aun mas, considero  que dichas pruebas deberían ser obligatorias, para poder así hacer una mejor selección de los alumnos que deben acceder a la educación universitaria publica y garantizar de forma más justa y efectiva la igualdad de oportunidades, pues todos sabemos que las notas adquiridas por los alumnos durante la ESO y el Bachillerato no son siempre lo suficientemente indicativas.
Por ello  soy de la  opinión de que  el actual sistema de becas debería desaparecer, pasando a ser  la educación universitaria publica  totalmente gratuita a partir de un determinado nivel de renta y estableciéndose otro tipo de ayudas para el  alumno, como pueden ser un  sistema de  préstamos bancarios, a interés cero, avalados por el Estado, que los alumnos puedan y deban  devolver al acabar la carrera, y un sistema de residencias públicas para estudiantes totalmente gratis, lo cual, además, permitiría una mayor movilidad de los estudiantes universitarios.

Las universidades españolas están muy mal consideradas a nivel internacional, ninguna universidad española está entre las 200 mejor consideradas del mundo,  según parece, excepto para Marruecos y países de su órbita. Seguramente ello es debido a numerosas y complejas causas. Pero a pesar de no trabajar en el mundo de la educación estoy seguro que no fallo al afirmar que  la principal causa de la baja calidad de la enseñanza universitaria española  es su elevada descentralización, lo cual entre otras cosas incrementa el coste de la gestión de los diferentes centros y disminuye la calidad del profesorado, bajando así, lógicamente, el nivel de los alumnos. Como en otras muchas cosas, España necesita también concentración universitaria.  
La razón de este sencillo artículo, de alguien completamente ajeno al mundo de la educación, no ha sido otra que la de querer  despertar el interés y atraer la atención de los ciudadanos sobre un problema  que afecta de forma directa o indirecta a toda la sociedad, el fracaso del sistema de educación pública y su causa, la falta de consenso político para solucionarlo.

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