martes, 30 de julio de 2013

TRAGEDIA 24J ¿TENEMOS LA CALIDAD QUE DEBEMOS?.

Numerosos datos dan a conocer que la UE sufre un proceso de desaceleración que está provocando su decadencia. Su declive político, económico y social.

Declive político. La UE como bloque es cada día menos importante en la esfera internacional, siendo incapaz de adoptar una posición única, conjunta y consensuada sobre temas importantes.
Declive económico. La UE no crece. Varios países miembros de la UE se empobrecen. El paro aumenta y la calidad de vida de los ciudadanos disminuye. Las políticas redistributivas de la riqueza realizadas por los Estados miembros a través del denominado Estado de Bienestar y los servicios públicos se reducen o disminuye su calidad pasando a ser consideradas, por algunos sectores políticos, políticas que reducen la competitividad de la UE con el exterior.

Declive social. La UE casi de forma generalizada sufre una crisis de valores. Poco queda de la UE que se quería construir en el 92. Poco queda del espacio de seguridad, justicia y libertad que se decía querer construir con la aprobación del tratado de Ámsterdam. Dichos valores se han difuminado hasta casi desaparecer. En muchos Estados miembros la conflictividad social y la inseguridad ciudadana se ha incrementado, mientras las elites gobernantes, viviendo al margen en compartimentos casi herméticos, lo que se conoce como  barrios caros,  lo niegan y adoptan medidas para ocultarlo.
En mi modesta opinión, pero no por ello menos importante y acertada  que otras, hay tres claros factores que generan el declive de la UE: La política de inmigración. La política de libre circulación de bienes e inversiones. Y lo que yo denominaría la política de calidad.

Sobre las dos primeras poco se puede decir que no sea ya conocido por cualquier humilde lector. La inmigración masiva, organizada y no deseada por las sociedades que la reciben, se ha convertido en un grave problema en muchos Estados miembros, yo diría que para el conjunto de la UE. La inmigración se ha convertido en un peligroso foco de la inseguridad ciudadana y la conflictividad social, a las que antes he hecho referencia. En muchas zonas del territorio de la UE los ciudadanos tienen ya que renunciar a sus tradiciones y costumbres para evitar conflictividad con colectivos de inmigrantes. Renuncia que muchas veces es impuesta por las autoridades, alegando estas que se hace en benéfico de la paz social y la  defensa de valores como la tolerancia. Lógicamente,  dicha renuncia suele representar dos cosas. El  sometimiento de los sectores más desfavorecidos y vulnerables de la sociedad en beneficio de una injusta y costosa paz social. Y una equivocada e interesada interpretación del valor de la tolerancia.
Además, el mercado laboral, la economía, de muchos Estados miembros no tiene capacidad para absorber la numerosa mano de obra inmigrante. Mano de obra inmigrante que es siempre más barata que la nacional, lo que favorece que los trabajadores inmigrantes sean contratados antes que los nacionales, condenando así a muchos trabajadores nacionales al paro.

Libre circulación de bienes y capitales. La libre circulación de bienes destruye el tejido productivo de muchos países miembros, cerrando empresas y destruyendo empleo. La libre circulación de capitales es una de las principales razones de la descapitalización que padece la UE, es decir, de la falta de crédito en muchos de los Estados miembros.
Por último la política de calidad. La UE tiene un claro déficit de calidad en lo fundamental y un exceso de calidad en lo innecesario. Que no haya calidad donde debería  haberla, en la gestión política, en la protección de la privacidad, en la seguridad, suele provocar graves problemas. Por el contrario, considerando que la calidad nunca es gratuita sino que suele ser muy costosa, un exceso de calidad innecesaria eleva el coste de la vida, incrementa los costes de producción, incrementa el gasto público, en definitiva, reduce la competitividad de la UE, de muchas economías de la UE, con el exterior.

Evidentemente déficit y exceso de calidad es alimentado y provocado por las políticas que se adoptan y la legislación que se aprueba tanto a nivel nación como europeo. España tiene claros ejemplos que nos permiten detectar y analizar una equivocada política de calidad.
La política de calidad hizo que  los sucesivos gobiernos de España hayan diseñado un mix energético que provoca que España sea uno de los países de la UE con la electricidad más cara. Buscando la calidad en la producción de la energía eléctrica apostaron por unas renovables que tienen que ser subvencionadas y que además no producen la suficiente energía ni de forma continua, teniendo que ser complementadas con otras, (Centrales de ciclo combinado, etc.), las cuales ven incrementar su coste de producción cada vez que funcionan las renovables. Buscando calidad en la producción el Gobierno de España se olvidó de  la calidad de precio, lo que más importa a los ciudadanos y afecta a la competitividad del país.

Desde el 92 España se ha dotado de modernas y costosas infraestructuras, de alta calidad. Muchas de ellas  innecesarias, otras de una calidad muy superior a la que España como país se podía permitir. El caso más llamativo es el del ferrocarril, el de la red de Alta Velocidad (AVE). España se ha dotado de una red de ferrocarril moderna, innovadora, de alta velocidad, muy costosa, que no ha contribuido al desarrollo de España, y que por tanto no necesitaba, y que además no podía permitirse el país. Otros países mucho más desarrollados y ricos que España no disponen de este tipo de trenes tan caros. Para más inri, el incidente ocurrido en Santiago de Compostela pone de manifiesto  que se descuidó de forma importante la calidad en la seguridad del transporte de personas por ferrocarril. La tragedia provocada por el descarrilamiento de un tren en Santiago de Compostela va  a provocar que la UE analice con detenimiento la seguridad en el transporte por ferrocarril. Independientemente de lo que haya causado la tragedia ocurrida en Santiago de Compostela, dicha tragedia puede suponer el fin del tren de alta velocidad en la UE. Obligando las instituciones de la UE a disminuir la calidad en la velocidad en beneficio de un incremento de la calidad en la seguridad en el transporte de pasajeros por ferrocarril.  

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