domingo, 15 de septiembre de 2013

NUEVA ETIQUETA PARA ESPAÑA: PAIS CON LA VIOLENCIA COMO LENGUA OFICIAL.

En la sociedad española se vienen produciendo desde hace tiempo numerosos episodios que ponen de manifiesto que el lenguaje de la violencia ha sido adoptado por numerosos sectores de la misma. Y lo grave no es eso, sino que aquellos que controlan las instituciones y poderes del Estado español, las elites gobernantes, aceptan, favorecen e impulsan que el lenguaje de la violencia se aplique en todos los ámbitos de la sociedad, desde la escuela a la actividad política, considerando la violencia como un medio adecuado y positivo para que los ciudadanos logren sus fines.

Aquellos que en el pasado criticaban y condenaban las acciones violentas, armadas, terroristas , que la organización terrorista ETA hacía para luchar por sus libertades y derechos , hoy desde la oscuridad, y sutilmente desde las instituciones y poderes del Estado español, apoyan y premian a los ciudadanos, a los grupos sociales, que recurren a la violencia para lograr cualquier clase de fin.
Sin lugar a dudas la principal causa de la violencia es la debilidad. Manifestar debilidad es lo que lleva a los violentos a actuar contra aquellos que consideran débiles y presas fáciles para sus objetivos. La permisividad y la posición de debilidad que adopta el Estado español ante la realización de acciones violentas, generada por la complicidad y el colaboracionismo de aquellos que controlan las instituciones y poderes del Estado español con los sectores sociales que recurren a la violencia, es la principal causa de que en la sociedad española la violencia haya sido adoptada como lenguaje.

¿Por qué en España se producen detenciones ilegales? ¿Por qué hay represión policial y judicial? ¿Por qué en España se cometen flagrantes violaciones a los derechos humanos? ¿Por qué en España se realizan prácticas de medicina punitiva para torturar y etiquetar a ciudadanos? La razón no es otra que la de que las instituciones y poderes del Estado español también han adoptado, en la intimidad, desde la oscuridad, sutilmente, el lenguaje de la violencia como propio.
En la democracia española han crecido malas hierbas, entre las que se encuentran los grupos sociales y políticos partidarios de utilizar la violencia como lenguaje,  que la dañan e impiden que se desarrolle incrementando su calidad. Han crecido malas hierbas cultivadas por la clase política. Durante la época del expresidente Aznar en España hubo mucha violencia de Estado, recordemos que su segundo mandato termina con el 11M, dramático incidente que todavía sigue sin aclarar ni castigar. La reciente adquirida afición de Aznar y su gente por ir al gimnasio lógicamente no era para tocar mejor el piano. Por el otro lado tenemos al ex presidente Zapatero. Con su ley de la memoria histórica quería revivir un pasado que ya por lejano no puede ser juzgado, y lo logro. No solo ha logrado que se hable del pasado buscando romper el pacto político y social que supuso  la Ley de Amnistía del 77 sino que la España actual  se asemeja en numerosos aspectos, entre ellos el da la violencia, a los años anteriores a la guerra civil española. Se ocupan de forma ilegal y violenta viviendas, se asaltan supermercados, se acosa a dirigentes políticos y sus familiares, se interrumpen actos políticos de forma violenta, y se incrementa la conflictividad social, la inseguridad ciudadana y la violencia policial.  

Para garantizar  la estabilidad política de un país, en especial si es una débil y joven democracia como la española, hay líneas rojas que no se deben cruzar. Y una de ellas, en mi opinión la más importante, es no realizar acciones violentas directas y claras contra los dirigentes de fuerzas políticas contrarias. Con los denominados escraches se cruzó esa línea. Más recientemente un grupo de gorilas que decían ser de AN la cruzaron de forma también grave al  interrumpir de forma violenta en un  acto que el partido político CiU celebrara en la librería-centro cultural Blarquerna, con ocasión de la Diada.
La acción de AN creo que debe ser analizada en profundidad, debiendo comenzar diciendo que no son de los nuestros. Los grupos políticos que integran lo conocido como la izquierda política han demostrado a lo largo de la historia una enorme habilidad para con sus equivocadas políticas generar el caldo de cultivo apropiado para que los grupos de lo conocido como extrema derecha se puedan ofrecer como solución a graves problemas que afectan a los ciudadanos. En Europa se está produciendo un resurgir de grupos de extrema derecha que consideran que la violencia es una forma legítima de acceso al poder político. Desacreditado y debilitado  el comunismo, este tipo de grupos crecen y legitiman su existencia, en su gran mayoría, gracias al caldo de cultivo que representa la inseguridad, la  violencia y la  injusticia social  que genera la inmigración. Ofreciéndose como la solución para resolver problemas a los que los partidos políticos gobernantes no dan solución. En el actual contexto político español da la impresión que AN se ofrece a una parte de la sociedad española para resolver el ya denominado problema catalán de forma violenta.

En 35 años de democracia las elites gobernantes españolas, siempre tan partidarias de etiquetar para encuadrar socialmente a los ciudadanos y desacreditarlos para la realización de actividades profesionales, políticas y sociales que les quieren impedir, han puesto, con sus políticas, comportamientos y decisiones, a España numerosas y negativas etiquetas. España ha sido etiquetada internacionalmente  como un  país con elevada inseguridad jurídica, como  país con elevada corrupción política, como  país con elevada tolerancia con el crimen organizado internacional, como país en el que no se garantiza la defensa de  los derechos humanos, como  país excesivamente  endeudado, como país con un elevado riesgo de quiebra, como país con alta inestabilidad política, como  país con baja credibilidad y confianza a nivel internacional. Y ahora también como país en el que resurge la extrema derecha. Y es que los dirigentes políticos españoles han ignorado a la hora de etiquetar  cuál sería su coste y consecuencias para España.  

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