martes, 28 de enero de 2014

EL PODER JUDICIAL ANULA LA DEMOCRACIA ESPAÑOLA.

El descredito del Poder Judicial, del Sistema Judicial español, es elevado, público y constatado. La total falta de independencia e imparcialidad del Poder Judicial se ha puesto de manifiesto en reiteradas ocasiones a través de numerosas sentencias emitidas por jueces y magistrados españoles desde el seno de esta institución. Además, el Poder Judicial español es un instrumento represor  al servicio de las elites gobernantes españolas. Como consecuencia el Poder Judicial español es responsable directo de numerosos abusos que se producen en la sociedad española, abusos como detenciones ilegales, que se ordenan por motivos ideológicos, violaciones de los derechos humanos, prácticas de medicina punitiva, y de numerosos hechos encuadrados dentro de lo que se conoce como violencia y terror de Estado. Responsable directo, porque sus miembros, los propios magistrados y jueces, son los que las ordenan, o indirecto porque se convierte en colaborador necesario anulando con su complicidad, pasividad, y silencio el Estado de derecho. La actuación del Poder Judicial español hace que en España exista en este momento un ambiente judicial, policial, militar,  social, etc.,   similar al vivido por algunos países europeos durante la denominada Guerra Fría.

Pero no solo eso, no solo el Poder Judicial ha anulado el Estado de derecho, generando en España un contexto, un ambiente,  propio de la Guerra Fría, sino que además está anulando la democracia, entrometiéndose en asuntos propios de la esfera política. Anulando mediante sentencias judiciales decisiones adoptadas por los gobernantes democráticamente elegidos, algo que solo debería ser competencia del Tribunal Constitucional.
La sentencia que declaro nulo el Expediente de Regulación de Empleo de RTVV, y que obligo a que la Generalitat tuviera que cerrar la Televisión Pública valenciana. La sentencia que condena a la Junta de Castilla la Mancha a readmitir al personal publico despedido. La sentencia del Tribunal Superior de Madrid que obliga al Gobierno madrileño a la paralización cautelar de la externalización de la gestión de seis hospitales. Sin entrar a valorar si las decisiones políticas eran acertadas o no es indiscutible que son tres claros ejemplo de cómo órganos del Poder Judicial anulan, impiden, a través de sus sentencias, el normal funcionamiento de la democracia española.

¿Por qué el Poder Judicial decide anular el normal funcionamiento de la democracia española? Lógicamente no lo hace, como han dicho algunos representantes políticos españoles, para defender los derechos de los españoles. En mi opinión puede deberse a tres razones, o incluso a su suma. El Poder Judicial quiere lavar su putrefacta y desacreditada imagen con sentencias populistas que responden a las presiones reivindicativas de sectores minoritarios pero muy gritones de la sociedad española. Son sentencias motivadas políticamente, es decir emitidas en función de la afinidad política y falta de independencia de miembros del Poder Judicial, de jueces y magistrados españoles. Tercera, son debidas a que miembros del Poder Judicial no se dedican solo a coger discos duros cuando lo desean sino también a coger maletines.

Si pueden, pero no deben, no deben anular el normal funcionamiento del Sistema Democrático con sentencias judiciales. No nos llamemos  a engaño, anular el juego democrático con presiones de minorías, si fueran mayoría gobernarían, o con actuaciones judiciales como a las que he hecho referencia, no es propio de una democracia de calidad. Impide el normal funcionamiento de la democracia, complica la  convivencia política y social, y no  contribuye, aunque algunos políticos digan que si,  a defender los derechos de los ciudadanos, como mucho a defender los intereses de algún colectivo concreto y minoritario. Únicamente crea un mal precedente, antidemocrático, pues como se suele decir futbolísticamente hablando “A nadie beneficia que un árbitro pite mal, pues  hoy  puede pitar a tu favor pero mañana en contra”, y entonces ¿qué? Crea un mal precedente que anula la democracia y representando ello  un elevado riesgo para la sociedad española, pues lo que hoy son presiones de minorías  políticas y minorías sociales, mañana pueden ser presiones de  lobbies de diferente naturaleza o incluso de los militares.

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