miércoles, 12 de marzo de 2014

11M, DIEZ AÑOS DESPUES: SILENCIO TOTAL.

Han transcurrido ya 10 años desde que se produjo el atentado terrorista del 11M. Algunos de los condenados por dicho asunto van a ser puestos ya en libertad, se han escrito numerosos libros sobre dicho asunto y  el juez Gómez Bermúdez ha comenzado a hablar, a pesar de ello sigue habiendo un silencio total sobre dicho asunto. Sigue sin aclararse, y hay numerosas dudas sobre cuestiones importantes, el Estado español sigue sin dar  respuesta a preguntas como: ¿Quién dio la orden? ¿Por qué, es decir con que finalidad, para conseguir que? ¿Quién se ha beneficiado de su realización?, etc,etc,etc.

Durante todos estos años lo único que ha quedado claro es que hay numerosas pruebas que conducen a sospechar que puede tratarse de un claro asunto de terrorismo de Estado. Por ejemplo, lo que se denomina terrorismo islamista no tiene capacidad suficiente para actuar en territorio español sin contar con complicidades y apoyos provenientes de la estructura del Estado, en concreto de los organismos policiales y servicios secretos, que son los que se encargan de estos asuntos.
Incluso el más ingenuo e incompetente de los expertos policiales sabe que toda acción terrorista se realiza para logar un fin, el móvil, la razón. Lo cual exige que dicha acción deba ser reivindicada por la persona, organización o Estado que persigue dicho fin. Habiendo ocurrido casos en la historia de organizaciones que se atribuían atentados, acciones terroristas, que no habían cometido para dar una imagen de fortaleza y sumarla a las presiones que hacían para conseguir sus objetivos. Todo experto en este tipo de asuntos, incluso el más incompetente, sabe  que en terrorismo no hay hijos sin padre, pudiendo haber un hijo que tenga varios padres.

Diez años después la opinión pública española sigue sin saber las respuestas a: ¿Quién dio la orden?  ¿Por qué? y ¿Para qué, es decir,  con qué fin? En mi opinión no  es creíble que aquellos que gobiernan España no tengan las respuestas a tales preguntas, entonces ¿Por qué no las hacen públicas, para proteger a quien, para impedir que? Diez años después, el juez Gómez Bermúdez habla, no sé si de forma altruista o si cobra por ello. Habla, no se para quien pero no dice nada relevante, buscando quitarle importancia a lo más importante siempre en un atentado terrorista, que no es quien lo ejecuta sino  quien da la orden (persona, organización, Estado), por qué y para qué.

Hasta la autoridad judicial o política más incompetente conoce, pues es de sentido común, que al producirse un incidente de este tipo se deben adoptar 5 medidas:

1.- Atender a las víctimas.

2.- Aislar la zona.

3.- Ordenar a los investigadores que tomen pruebas.

4.- Activar los controles policiales que para asuntos de este tipo previamente se habrán planificado.

5.- Despejar la zona en la que se ha producido el incidente.

Según las informaciones difundidas por los medios de comunicación la toma de pruebas se aceleró de tal forma que en el juicio, como si de una burla se tratase, se presentó como prueba un tornillo. No se sabe por qué los expertos policiales no recogieron más pruebas, se desconoce también quien ordeno destruir los trenes. El Poder Judicial, en boca del juez Bermúdez, el cual 10 años después ha comenzado a hablar,  se justifica diciendo que los trenes fueron destruidos para evitar que se pudieran contaminar las pruebas. Es decir, temían que hubiera una conspiración para contaminar las pruebas y las mandaron destruir, contaminando así toda la investigación policial.

Para evitar el terrorismo hay, lamentablemente, dos únicas medidas efectivas:

1.- Actuar y negociar para evitar sus causas.

2.- Disuadir. Disuadir mediante acciones que hagan comprender que una acción terrorista representara para aquellos que la ordenen más perdidas que ganancias.
El resto de medidas suelen ser una pérdida de tiempo y de recursos, alargando interminablemente en el tiempo los conflictos armados de estas características. Que se conozca desde el Gobierno de España, en estos diez años, no se ha adoptado ninguna de estas medidas. Además, insisto, desde las instituciones del Estado, en concreto desde el Poder Judicial, ha habido un constatado interés en focalizar la actuación judicial y policial  sobre los ejecutores sacando importancia, a lo que realmente lo tiene, ¿quién lo ordeno, persona, organización, Estado? ¿Por qué? y ¿para qué?

Desde el 11M del 2004 las decisiones que se han adoptado desde las instituciones y poderes del Estado español, no han hecho otra cosa que: Contribuir a  desacreditar la democracia española, anular lo que se conoce como el Estado de derecho, y poner en evidencia que España es un Estado fallido. Pues un Estado fallido es precisamente  aquel en el que, entre otras cosas, sus gobernantes no garantizan la defensa de los derechos humanos ni hacen cumplir la legalidad vigente tanto nacional como internacional. Todo parece indicar que el presidente Mariano Rajoy tiene intenciones de dejar la Moncloa con una despedida similar a la del ex presidente Aznar.

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