martes, 8 de julio de 2014

ENGAÑOSO Y FÉTIDO POPULISMO JUDICIAL.

A los jueces, a los jueces, a los jueces de la Audiencia Nacional no les parece que los ciudadanos cometan ningún tipo de  delito cuando de forma violenta y organizada  acosan, incordian, intentan intimidar, y humillan a representantes políticos. El 15 de Junio del 2011 un grupo de ciudadanos, convocados bajo el lema “Paremos el Parlament”, acudieron  a las inmediaciones del Parlamento de Cataluña, realizando actos violentos dirigidos a intimidar a los diputados, impedirles el acceso a dicha institución y humillarles ante las cámaras de televisión. La Audiencia Nacional acaba de absolver a los 19 acusados por dichos hechos. Dicha sentencia no puede ser calificada más que de irresponsable, insensata, no propia de un Estado de Derecho sino de un Estado fallido.

El pluralismo político no solo debe ser reconocido y permitido por las leyes, por la Constitución de todo Estado democrático, sino que también debe ser defendido por los diferentes poderes del Estado. Sin lugar a dudas, en toda democracia  son los políticos, la gente que desea dedicarse a la política, la que debe de disfrutar de la mayor protección por parte de los poderes del Estado. El artículo 23 de la Constitución dice “Los ciudadanos tienen el derecho a participar en los asuntos públicos, directamente o por medio de representantes,…..” Si el Estado no garantiza a través del Poder Judicial y demás poderes del Estado, la necesaria protección  a  los ciudadanos para que los que lo deseen puedan  dedicarse a la actividad política, llegara un día, como ya ocurrió en otras épocas del pasado de España,  como todavía  ocurre hoy  en algunos países del mundo, en el que solo se dediquen a la política aquellos ciudadanos que tengan capacidad económica para protegerse recurriendo a la  seguridad privada.

Pero no solo es el pensamiento que impera en la Audiencia Nacional, otros jueces de otros entes del Poder Judicial también piensan lo mismo. Por ejemplo, hace unos meses la Audiencia de Madrid no considero que fuera un delito el acoso que realizaron unos ciudadanos nada más y nada menos que contra la vicepresidenta del Gobierno de España, Soraya Sáenz de Santamaría. Es evidente que este tipo de decisiones judiciales no son otra cosa que el fruto de un  Poder Judicial putrefacto y enfermizo.
España, la sociedad española, tiene un problema con la justicia, o mejor dicho con la falta de justicia, con la actuación, repito, putrefacta y enfermiza del Poder Judicial. El Poder Judicial, sin lugar a dudas,  a través de sus sentencias o con su pasividad actúa fomentado la delincuencia y protegiendo a muchos de aquellos que cometen delitos. A la vez que actúa también de forma represiva para privar de derechos y libertades a ciudadanos que tienen algún tipo de conflicto de interés con sectores sociales a los que el Poder Judicial si tiene interés en proteger.

Jueces y magistrados españoles, algunos  jueces y magistrados españoles,  se han convertido en un  poder dentro del Poder Judicial, anulando el Estado de derecho,  siendo responsables de cosas tan graves como no considerar que el acoso a políticos sea un delito. Cosas como violaciones de los derechos humanos, detenciones ilegales, diferente tipo de abusos judiciales y policiales, tortura, terrorismo de Estado, prácticas de medicina punitiva, acurren  en la actual sociedad española porque el Poder Judicial esta putrefacto y ni cumple las leyes ni las hace cumplir. No solo eso, sino que el Poder Judicial buscando dar una imagen populista están adoptando decisiones encaminadas a impedir la gestión política, como recientemente ocurrió, por citar un ejemplo,  con la reforma sanitaria que deseaba hacer el Gobierno de la Comunidad de Madrid.
No nos llamemos a engaño, actuar de forma colectiva no debe nunca ni disculpar ni justificar el comportamiento de los ciudadanos. Entonces que busca, que quiere provocar el Poder Judicial al considerar que el acoso a dirigentes políticos no es otra cosa que una forma que tienen los ciudadanos de ejercer su derecho a manifestarse y su derecho a expresarse libremente. Que la Audiencia Nacional considere que pintar una cruz negra en la chaqueta de la diputada del Parlamento Catalán, Monserrata Tura, ante las cámaras de televisión, es una falta que solo merece una sanción de 4 días, es un desprecio a la democracia, una irresponsabilidad, una insensatez, una forma de generar el caldo de cultivo necesario para desestabilizar políticamente España. Qué ocurre si mañana aquellos que hoy son acosados ordenan a los suyos actuar contra los grupos que les acosan y que protege el Poder Judicial. Qué ocurre si mañana mandan salir a su gente contra los comunistas, o contra los de Pablo Iglesias, contra los del nazi y exdirigente de Alianza Popular, actual PP, Vestrynge Rojas. Seguramente entonces si el Poder Judicial actué de acuerdo a las leyes para proteger a los suyos.

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