lunes, 8 de diciembre de 2014

EL GOBIERNO QUIERE LEGALIZAR EL ESTADO POLICIAL.

En lo que llevamos de siglo en España se han producido numerosos hechos que están provocando el hundimiento de la democracia española. Paso a citar escuetamente algunos de ellos:

* 11-M Un claro caso de terrorismo de Estado, cuya realización el  Gobierno del ex presidente Aznar quiso atribuir a la  organización terrorista ETA, a pesar de que entonces ya habían cerrado, comprado, con dicha organización un pacto para poner fin a la lucha armada. 

* Incidente de la T-4 del aeropuerto de Barajas, 31 de diciembre del 2006, otro claro caso de terrorismo de Estado. Otro claro caso de terrorismo de Estado que evidenciaba que entonces ya  desde el Gobierno de España daban ordenes como mínimo a un sector de la organización terrorista ETA.

* Sectores de la las elites dirigentes españolas, afines al Partido Popular, aunque no solo, están realizando una operación política para impulsar el crecimiento del partido político Podemos, un partido  formado por residuos del comunismo español y financiado y apoyado por el comunismo internacional.

* Un ex ministro de Fomento, José Blanco, se reúne en una gasolinera con un empresario, Jorge Dorribo, como si estuviera haciendo la calle, como si careciera de despacho, para hablar de negocios, como mínimo con poca transparencia.

* Un personajillo, que aún no sabemos quién es, ni quien le protege, Francisco Nicolás Gómez Iglesias, sale en televisión diciendo que la vicepresidente del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría se reunió con él  en un café de Madrid para captarlo o contratarlo, no lo dejo muy claro, para trabajar para el CNI. La vicepresidente Sáenz de Santamaría no tiene mando operativo legal sobre el CNI, no puede por tanto captar espías, ni colaboradores,  ni chivatos, ni cosas de esas, solo puede pedir información al CNI y ordenar que haga informes. Dicha reunión es muy creíble, es muy difícil que un chaval como el pequeño Nicolás, teniéndolo todo,  con una vida por delante, se arriesgue a difundir una información así falsa, perdiendo la confianza de gente de poder, en este caso nada más y nada menos que de la vicepresidenta del Gobierno. La única explicación es que Sáenz de Santamaría fuera en su anterior vida, antes de vicepresidenta, un agente del servicio secreto español, algo posible, pero si fuera así, delatar a un agente del CNI encubierto es delito, además de que si no estás protegido por otro servicio secreto te cierran la boca rápido. ¿Qué pasa entonces? ¿Por qué el Gobierno de España  permite hacer  tales declaraciones en un país en el que se ordenan numerosas detenciones ilegales y el Gobierno es responsable de ordenar violaciones de los derechos humanos? ¿Qué poder tiene  Francisco Nicolás Gómez, es ya un pequeño Paesa, alguien que no se sabe para que servicio secreto trabaja ni le protege? Lo único claro de  esta  historia  hasta ahora, por las informaciones difundidas por los medios periodísticos, es que a algunos líderes del PP, como el secretario de Estado de Comercio, Jaime Garcia-Legaz, les gustaba que el pequeño Nicolás les llevase tomates frescos.

* En los últimos años políticos de muy alto nivel han sido imputados por delitos relacionados con la corrupción política. El ex ministro Jaume Matas, del PP,  está ya en prisión, y seguramente sea condenado también por otros delitos. Luis Bárcenas, tesorero del PP también está en prisión, según las imágenes difundidas estudiando anatomía, desconozco si de la cadera.

En este ambiente de elevado deterioro de la democracia española, en el que se producen flagrantes e impunes violaciones de los derechos humanos, ordenadas por aquellos que dirigen y controlan el Estado, y  en el que esta anulado el Estado de derecho, intentando disimularlo el Poder Judicial  con la detención de algunos chivos expiatorios. En este ambiente de elevada corrupción política. En este ambiente en el que el partido político  que gobierna España, el Partido Popular, tiene imputados en casos de corrupción por toda la geografía española, es muy difícil entender que  el actual ministro de Justicia, Rafael Catalá, haya planteado una reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, para hacerla más dura, reduciendo  los derechos de los ciudadanos frente a la actuación policial. La única explicación posible es que el ministro Catalá, que por cierto insólitamente proviene del oscuro mundo del juego, sector económico que siempre realiza su actividad como mínimo al límite, cuando no al margen, de la ley, está todavía convencido de que a pesar de todas la detenciones que se están produciendo de políticos españoles él y los suyos están protegidos frente a la  actuación policial, gracias a controlarla. Algo que no es de extrañar, recientemente se ha difundido que Iñaki Urdangarin, no político, pero perteneciente también a la elite dirigente española, en concreto a la Casa Real,  imputado por malversación, fraude y delito fiscal, se le ha permitido viajar nada más y nada menos que a Suiza, sin pasar los pertinentes controles policiales, surgiendo la duda de si fue para hacerle más cómodo el viaje o para favorecer que siga moviendo dinero negro.

La nueva Ley de Enjuiciamiento Criminal tiene algunas cosas que me parecen acertadas. Disminuir por ley el tiempo de instrucción, o individualizar los  delitos, de tal forma que cada delito  suponga una causa, son dos  de ellas. Pero permitir a la policía, y por tanto a los servicios secretos españoles,  que puedan intervenir las comunicaciones, sin autorización judicial, teniendo un margen de 24 horas para solicitarla, o que el juez pueda autorizar la colocación  de micrófonos y cámaras en domicilios privados contribuye a incrementar la represión policial, contribuye a legalizar conductas que hoy realiza la policía y el servicio secreto español al margen de la ley, contribuye a legalizar en España un Estado policial. Permitir a la policía que pueda comunicar la intervención de las comunicaciones de un ciudadano 24 horas después de haberlo hecho solo tiene por fin favorecer  que la policía pueda espiar con total protección durante años a un ciudadano, pues si este se da cuenta lo único que tiene que hacer la policía es ir corriendo al juez con el papelito pertinente para que este lo autorice.

Ya, ya, ya sé que el Partido Popular, y por tanto el ministro de Justicia, Rafael Catalá, quieren proteger a los ciudadanos, perseguir a los malos, eliminar la corrupción política, pero es que esta ley de existir antes hubiera podido permitir que la policía y por tanto los medios comunicación y la opinión publica  tuvieran hoy imágenes de quien entregaba maletines en la sede del PP de Génova, de  a quien daba sobres Luis Bárcenas, o de  como eran los tomates que recibía el secretario de Estado de Comercio, Jaime Garcia-Legaz, debido a que un juez hubiera ordenado colocar cámaras, ¿Paradójico no?. ¡Ay tomate, tomate, si tu pudieras hablar!

El ser humano tiene tendencia a caer en el error de  prejuzgar de acuerdo a las experiencias vividas y a su propio comportamiento. Da la impresión de que el ministro Rafael Catalá está prejuzgando a todos los españoles de acuerdo a experiencias y  comportamientos, del el mismo y de su entorno cercano, y ello le ha llevado a reformar y endurecer la actual Ley de Enjuiciamiento Criminal.

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