Recién elegida Carme Forcarell
como presidenta del Parlamento de Cataluña, y a pocos días de que se agote el
plazo para que se tenga que realizar la sesión de investidura para elegir el
nuevo presidente salido de las elecciones catalanas del 27-S, los partidos políticos catalanes nacionalistas
que se declaran a favor de la independencia de Cataluña, Junts pel Si y CUP,
han presentado ante el Parlamento de Cataluña una propuesta de resolución, que
de ser aprobada significaría el comienzo de un proceso para la creación de un
Estado catalán, independiente y soberano, que tendría forma de república.
Estableciendo que dicho proceso se realizaría sin tener en cuenta la legalidad
española y desobedeciendo las resoluciones del Tribunal Constitucional. El conocido
como proceso independentista de Cataluña, desde que en el 2012 adquirió fuerza,
se viene desarrollando de forma extraña y muy difícil de entender. La presentación
de esta propuesta antes de que haya sido elegido un nuevo presidente, es un nuevo
caso que añade confusión al llamado proceso independentista. Proceso
independentista con el que no se sabe que realmente buscan las elites
catalanas, acompañados de quien y para unirse a quien.
Desde el 2012, en Cataluña no
se ha producido un solo episodio violento de carácter independentista. Recientemente,
coincidiendo con las últimas elecciones catalanas, estuve unos días en
Cataluña, y percibí que el ambiente era
el mismo que el que hay en otras zonas de España. La sociedad catalana esta
fraccionada políticamente, cierto, pero
no más que el resto de España. Para frenar el proceso independentista el
Gobierno de España apela una y otra vez a la Ley, pero las leyes están para aplicárselas
a personas no a pueblos. El deseo de como mínimo 2 millones de ciudadanos, que
se declaran a favor de la independencia de Cataluña, no se puede parar con
leyes, decir eso es una ingenuidad, un absurdo. Solo hay dos formas de frena el
deseo y las intenciones de una pueblo, mediante la fuerza o mediante presiones,
es decir, aplicando algunas formas del
conocido como poder blando. Desde el 2012 el Gobierno de España no ha ejercido presión
para frenar el proceso independentista ¿Por qué? ¿Cree que se desvanecerá solo
o es por qué está esperando que se produzca una situación que justifique la utilización
de la fuerza, alguna medida drástica?
Por otro lado, las elites nacionalistas catalanas están reivindicando la
independencia de Cataluña, la creación de un nuevo Estado soberano, sin estar
preparadas para aguantar un envite del Estado español. Lo cual conduce a la
pregunta de ¿Por qué las elites nacionalistas catalanas no temen que el Estado
español pueda recurrir, como por otro lado sería lógico de esperar, a la fuerza
para intentar someterlas? ¿Es todo un teatro pactado entre Barcelona y Madrid,
entre las elites nacionalistas y poderes del Estado (Gobierno de España, la Monarquía,
los militares), y si es así, en qué dirección? Sea lo que sea, en mi modesta opinión,
el proceso independentista catalán ha llegado a un punto de muy difícil retorno,
en el que ya hay solo dos posibles alternativas: Asimetría o anarquía. Es
decir, un pacto fiscal hecho a la medida para Cataluña, similar al concierto económico
del País Vasco, o incluso mejor, o la anarquía, es decir un ambiente de
continua conflictividad, en alguna de sus formas, entre la Generalitat y el Gobierno de España.
Hoy por hoy las elites
nacionalistas catalanas no tienen fuerza para hacerle frente al Estado español.
Lo preocupante por tanto no son sus planes, sino los silencios que emanan de
los poderes del Estado español, es decir, del Gobierno de la Nación, de la Monarquía,
y de los militares, y sus posibles planes ocultos. En los últimos días se ha
hablado mucho del artículo 155 de la Constitución, el cual permite que el
Gobierno con autorización del Senado pueda adoptar todo tipo de medidas para
obligar a una Comunidad Autónoma a
cumplir sus obligaciones con el Estado, pero ni el Gobierno de Rajoy, ni representantes
políticos, ni siquiera los medios de comunicación están hablando del importante
artículo 8º de la Constitución, articulo que se estudia con especial interés en
las Academias militares, y el cual dice que las Fuerzas Armadas españolas
tienen la misión constitucional de defender la integridad territorial y el ordenamiento
constitucional. Sin conocer las conversaciones secretas que haya podido haber
ente las elites nacionalistas catalanas y los poderes del Estado, incluido el
binomio Casa Real-Ejercito, y conociendo que desde hace tiempo se cuestiona la
legitimidad de la Casa Real y se busca una forma de justificar su posición al
frente de la Jefatura del Estado, asumiendo el mando supremo de las Fuerzas Armadas,
el silencio de los militares es realmente preocupante, pues se puede estar
gestando un proceso desestabilizador de España para luego actuar, de forma
dura, en beneficio de intereses monárquicos.
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