Con el comienzo del juicio por
el caso Nóos, el pasado 11 de Enero, la institución de la Jefatura del Estado,
en las figuras de Cristina de Borbón e Iñaki Urdangarin, entonces claros
miembros de la Casa Real, ostentando del título de Duques de Palma, hoy no sabemos que son, lleva ya un mes
sentada en el banquillo de los acusados. El juicio se está desarrollado con normalidad,
por ahora sin sorpresas en las declaraciones de los acusados, poniendo de
relieve algunas cosas que me parecen interesantes.
Primera, como consecuencia del
juicio del caso Nóos el Estado, a través de los ministerios pertinentes, ha
organizado en la Isla de Mallorca un enorme dispositivo de seguridad.
Curiosamente el dispositivo de seguridad no se ha organizado para darle protección
a los jueces que juzgan el caso ni a los miembros del ministerio Fiscal que
participan en el mismo, sino a dos de los acusados, la Infanta Cristina y su
esposo Iñaki Urdangarin. Lo cual debe de conducirnos a preguntarnos ¿Es lógico,
es justo, es apropiado que dos personas que están siendo juzgadas disfruten del
más alto nivel de seguridad que proporciona el Estado, pagado con recursos públicos?
¿Es lógico y justo que el Estado dedique recursos públicos para pagar la
seguridad a dos personas que están siendo
juzgadas por cometer delitos contra el Estado? En mi opinión no parece ni lógico
ni justo, ni mucho menos apropiado. No es apropiado, entre otras cosas, porque
los jueces se podrán sentir intimidados al observar que dos personas a las que están
juzgando cuentan con el apoyo y la protección de los Servicios y Cuerpos de Seguridad
del Estado y de nada más y nada menos que del CNI. Está claro que si la Infanta
Cristina no estuviera imputada, o si se hubiera ya separado de Iñaki
Urdangarin, este no disfrutaría del nivel de seguridad que hasta ahora tiene,
¿Sera esta la razón por la que la Casa Real no ha cerrado ningún pacto, para
que la Infanta Cristian no se sentara en el banquillo de los acusados por un
delito realmente insignificante para alguien que se mueve entre Reyes?
Segunda, se observa lo que podríamos
calificar como un enorme pasteleo entre el ministerio Fiscal, representado por
el fiscal anticorrupción Pedro Horrach, y los hasta ahora acusados que han declarado.
El fiscal Horrach, de forma clara no está siendo lo duro que sería de esperar y
desear con su preguntas, además da la impresión muchas veces que fiscal y
acusados tienen pactadas preguntas y respuestas. ¿Por qué se produce dicho pasteleo?
¿Cuál es el objetivo del fiscal? ¿Proteger a alguien, evitar que salgan cosas a
relucir, en concreto contra la Casa Real o está canalizando el juicio buscando
una condena mayor para los que han cometido delitos más importantes? Recordemos
que el fiscal Horrach se oponía a que la Infanta fuera acusada y juzgada. Difícil
saber que provoca la actitud del fiscal, tal vez, ya le han invitado a una partidista de pádel. Lógicamente,
la respuesta se conocerá una vez que se emita la sentencia.
Tercera, en lo que va de
juicio las declaraciones de los acusados está dejando sin respuesta una incógnita:
¿Por qué se le pagaba a Iñaki Urdangarin a través de la tapadera del Instituto
Nóos? El ex presidente Jaume Matas ha dicho textualmente que “Urdangarin era un
conseguidor y había que pagarle un peaje”. Pero no ha aclarado conseguidor de
que. Ser un conseguidor y cobrar por ello no es un delito, lo hace mucha gente
en España. Lo que sí puede ser un delito es lo que consigues y como lo
consigues. Urdangarin cobraba peajes, pero no sabemos por qué, como tampoco
sabemos, que sellos eran esos a los que dedicaba tanto tiempo. El sumario del
caso Nóos recoge que a Urdangarin le pagaban por proyectos que no se realizaban
o cuyo coste se engordaba enormemente. ¿Pero por que le pagaban en verdad a Urdangarin? Las
razones pueden ser dos. Una, Iñaki Urdangarin, ex duque de Palma, utilizaba el
poder de la Casa Real, de la Jefatura del Estado, para presionar a cargos públicos
y que estos le pagaran peajes, comisiones, por trabajos que no se realizaban o
se sobrevaloraban. Dos, dirigentes públicos pagaban a Urdangarin a cambio de
favores que les hacia la Jefatura del Estado, secretos favores que hasta ahora
no han salido a la luz.
El desarrollo del juicio, en
mi opinión, por la falta de interés por parte del fiscal Horrach, no está
dejando claro que relación existía realmente entre la Casa Real, Inaki
Urdangarin y los cargos publico implicados en el caso Nóos, es decir, por que
funcionaba la cadena de complicidad para cometer delitos, algo, tal vez de poca
relevancia jurídica, penal, pero sí muy
importante desde una perspectiva social y política. Un ejemplo, el nombramiento
de Pepote Ballester. El ex presidente Jame Matas dice que lo nombro como
director general de Deportes porque este tenía una estrecha relación con
miembros de la Casa Real, en un palabra
porque era monárquico y tenía abiertas las puertas de la Jefatura del Estado. Hasta ahí
todo normal, las relaciones personales que una persona tenga son un factor
importan a la hora de hacer nombramientos, y no algo ilegal. Y a la vez, Jaume
Matas, reconoce que el rey Juan Carlos,
entonces jefe del Estado, le llamo para agradecerle que nombrara a Ballester.
Evidentemente, si el jefe del Estado hace una llamada para agradecer un
nombramiento es porque antes ha pedido de forma directa o indirecta que se haga
dicho nombramiento. Esto último ya sería más grave, pues podríamos estar ante
un claro delito de tráfico de influencias, o incluso algo todavía peor, que la
Casa Real utiliza su poder para imponer nombramientos de cargos públicos.
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