¿ES POSIBLE TANTA INCOMPETENCIA POLÍTICA?

La naturaleza es en numerosos aspectos tan perfecta que resulta difícil pensar que pueda ser  únicamente fruto de un proceso de evolución, con la economía española ocurre algo parecido, resulta muy difícil pensar que los problemas que padece se deben a errores y, o a elementos circunstanciales de nuestra época, como puede ser la crisis financiero-económica mundial del 2008, entre otras cosas, porque en la gran mayoría de los casos de dichos problemas se han beneficiado siempre  los mismos, concretos sectores de la sociedad española. Dos claros ejemplos: Uno, lo ocurrido con las Autopistas radiales (Madrid, Alicante), las cuales tendrán que ser nacionalizadas por el Estado, con un coste todavía por establecer, pero ya se habla de en torno a 5.5000 millones de euros. Dos, lo ocurrido con el deposito Castor de gas natural, el cual el Gobierno ha tenido que cerrar debido a que producía seísmos, teniendo que indemnizar a la compañía constructora con 1305,7 millones de euros, importe que será pagado por los consumidores de gas natural. Ambos casos conducen a preguntarse ¿Es posible tanta incompetencia política? En mi opinión, no.

Ambos casos, la nacionalización de las radiales y el cierre del depósito Castor, representan socialización de pérdidas y son verdaderos escándalos políticos, pues su construcción   se puede deber únicamente a una de dos razones: La incompetencia de los que tomaron las decisiones o intereses espurios, oscuros. La construcción de las autopistas radiales de Madrid y Alicante, fue una decisión del Gobierno del ex presidente Aznar. Para lograr financiación para su construcción el Gobierno de Aznar garantizo a los inversores su nacionalización si estas entraban en perdidas, cosa que ha ocurrido, ya que se encuentran en concurso de acreedores. La razón de que entraran en concurso de acreedores son principalmente dos. Primera, bajo volumen de tráfico. Por error, o intencionadamente  los proyectos de las radiales se habían basado en unos volúmenes de tráfico irreales, imposible que se produjeran. La  Comisión Europea, en muchos de sus informes ha afirmado que España tiene un exceso de infraestructuras, entre otras cosas, un exceso de autopistas de peaje en áreas de poco tráfico. Segunda, la obra ha tenido un elevado sobrecoste en su ejecución  debido a que las empresas han tenido que pagar elevadas indemnizaciones por las expropiaciones  de los terrenos. Dos errores, de trazado, haciéndolas pasar por unos terrenos que se sabía que su expropiación iba a tener un coste demasiado elevado, y error en el cálculo del volumen de tráfico, que ahora tendrán que pagar toda la sociedad española, con su nacionalización.

El asunto de la construcción del depósito Castor es igual de escandaloso. Su construcción fue ordenada por el Gobierno del ex presidente Rodríguez Zapatero sin realizarse los estudios pertinentes, en concreto, sin el necesario estudio previo de riesgo sísmico. Todo ello a pesar de que el Observatorio del Ebro alerto con anterioridad a su construcción de riesgo sísmico en la zona. Para logar su construcción el Gobierno garantizo a la empresa constructora, dicho de forma coloquial, que  si algo iba mal asumiría el coste del proyecto. Mediante una hábil operación financiera el Gobierno de Rajoy ha logrado que la indemnización a la empresa constructora, ACS, sea cargada por las empresas comercializadores de gas natural a los consumidores.

Ambos escándalos son debidos a gobiernos de diferente color, del PP y del PSOE, pero curiosamente en ambos participa una misma empresa, ACS, que ha realizado dos proyectos sin asumir ningún riesgo y muy probablemente obteniendo beneficios. ACS, es un empresa de Florentino Pérez, presidente del Real Madrid, un personaje de la sociedad española tan poderoso como polémico, con grandes intereses exteriores y fuertes vínculos con el mundo islámico. Recientemente, Per Johanson, gestor del fondo de alto riesgo Bodeholm Capital, ha dicho que  ACS tiene las cuentas sobredimensionadas, irregularidades contables y numerosos proyectos problemáticos, lo que hace presagiar que ACS todavía le puede costar más a la economía española, a través de quitas, perdidas, de los bancos que soportan su elevada deuda, pues al final de una forma u otra las pérdidas de los bancos siempre las acaban pagando el conjunto de los ciudadanos, de una forma  u otra, haya o no haya rescate del Gobierno.

La principal diferencia entre ambos casos, es que mientras el asunto del depósito Castor se está investigando en el juzgado, para saber de quien fue la responsabilidad de que se construyera sin los estudios sísmicos necesarios, el asunto de las radiales no se está investigando. Todo tiene una razón de ser, una causa, curiosamente incluso los errores. Por tanto, en mi modesta opinión se debería investigar porque el Gobierno del ex presidente Aznar ordeno construir dichas autopistas con un determinado trayecto, lo que representaba costosas expropiaciones, y todo ello a pesar de que había razones objetivas para pensar que su rentabilidad hacia el proyecto inviable. Todo ello puede parecer a la opinión publica algo lejano, o simple realidad virtual, pero no lo es, es una realidad física que lamentablemente supondrá un coste para todos los españoles, impidiendo que se haya gastado en otras cosas, más rentables y necesarias, y contribuyendo a reducir la calidad de vida de los ciudadanos, en concreto de los ciudadanos pertenecientes a los sectores menos pudientes de la sociedad española.

Con el expresidente Aznar se produjeron importantes y negativos cambios en la sociedad española,  hubo una clara involución en la democracia española. Durante su época, desde el Gobierno, se ordenaron numerosos abusos judiciales y policiales, se ordenaron violaciones de los derechos humanos y hubo terrorismo de Estado. En mi humilde opinión, el Parlamento está tardando en pedir al Gobierno de Rajoy que haga pública la lista de cargos públicos y ex cargos públicos que se acogieron a la denominada ley de amnistía fiscal, pues casi todo tiene una explicación, casi todo tiene una causa, y las decisiones de Aznar no tienen por qué ser una excepción.