viernes, 9 de junio de 2017

EL T.C CALIFICA A ESPAÑA DE PARAÍSO FISCAL PARA DELINCUENTES.

El Tribunal Constitucional (TC) ha anulado la conocida como amnistía fiscal aprobada por el Gobierno de Mariano Rajoy, a la que se acogieron numerosos cargos y ex cargos públicos para blanquear y repatriar dinero que tenían en el exterior. Y lo ha hecho por unanimidad, lo que quiere decir que la sentencia cuenta también con el voto a favor de los miembros  del tribunal nombrados a propuesta del PP, es decir, de los miembros ideológicamente situados en la derecha política española. Eso sí, el TC ha tardado casi 5 años en pronunciarse, manifestando así una enorme falta de capacidad para priorizar, para diferenciar entre lo que es importante para España y lo que no lo es. Y lo ha hecho después de que el Partido Popular haya logrado volver a gobernar una segunda legislatura, resaltando que la anulación de la ley no causara perjuicios para los delincuentes, defraudadores, que ya se han acogido a ella.

Si en su momento la aprobación de la denominada amnistía fiscal, represento un completo escándalo, pues suponía que el Gobierno iba a permitir el blanqueo de capitales a determinadas personas, insisto, la gran mayoría de ellos cargos o ex cargos públicos, muchos de ellos investigados en asuntos judiciales,  ahora el TC ha elevado ese escándalo a la enésima potencia, al dar valor jurídico a lo que antes era un simple opinión. Con una “n” igual al número de personas que se han acogido a la amnistía y no pueden justificar como han obtenido el dinero que han declarado. Entre los que se encuentra el ex vicepresidente del Gobierno con Aznar, Rodrigo Rato.

Un persona que tienen su dinero negro en el exterior, y a la primera oportunidad, aprovechando una operación como la realizada por el Gobierno de Rajoy con la amnistía, lo trae a España, para hacer millonaria a su familia,  está claro que no lo tenía fuera para reducir riesgos, es decir, para tener un seguro por si venían mal dadas, sino porque no podía justificar su procedencia. Un tipo ha hecho una gran fortuna dedicándose a  volar trenes, dinero que tiene en  una cuenta en el extranjero, pero no puede blanquear ese dinero para beneficiar a su familia. De repente aparece el Gobierno de Rajoy, con una ley inconstitucional, permitiendo que tipejos de esas características puedan blanquear su dinero en España, haciendo así a sus familias millonarias. Insisto, la gran mayoría de ellos cargos y ex cargos públicos, de las características del ex vicepresidente del Gobierno con Aznar, Rodrigo Rato.

Es cierto que cuando el PP llego al Gobierno en el 2011, las arcas públicas estaban mal, tanto que España tuvo que pedir un rescate para hacer frente a las deudas de las Cajas de Ahorros. Situación que había provocado el Gobierno del ex presidente Rodríguez Zapatero con un política de derroches, irracionales, propios únicamente de una enorme incompetencia. Pero ello no implica que la amnistía fiscal se realizara en beneficio del interés general. Lo que el  Estado recaudo con la amnistía fue totalmente insignificante. Es falso que España necesitara una amnistía fiscal, el Gobierno de Rajoy la aprobó únicamente para permitir que delincuentes, algunos peligrosos criminales, de los que vuelan trenes, como es el caso del ex vicepresidente del Gobierno, Rodrigo Rato, blanquearan su dinero para hacer millonarias a sus familias.


La familias que se han beneficiado de la amnistía, evidentemente, la gran mayoría afines al Partido Popular, con el dinero proveniente de actividades ilegales que han blanqueado mandaran a sus hijos a buenas universidades privadas, nacionales y extranjeras,  en las que se preparan para seguir dirigiendo el país, y desempeñar altos roles en la sociedad española, todo ello gracias al dinero que sus padres han obtenido realizando actividades ilegales. Mientras, los hijos de honestos contribuyentes tendrán que educarse en un sistema público de educación de los más discriminatorios e ineficaces  de la Unión Europea, lo que provocara que no puedan acceder por falta de titulación a numerosos puestos de trabajo. ¿Y ahora qué? ¿Debe el pueblo español, sometido a una elevada presión fiscal, tragar con este asunto?

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