jueves, 9 de noviembre de 2017

CRISIS CATALANA: COMO EN EL RESTO DE ESPAÑA, UNA APLICACIÓN INTERESADA DE LA LEY.

Las elites dirigentes independentistas catalanas, a través del sindicato Intersindical-CSC,  pidieron ayer a los trabajadores de Catalunya que fueran a la huelga en apoyo de los denominados presos políticos, personas que han sido detenidas por acciones motivadas por razones políticas, en concreto por la reivindicación de la independencia de Catalunya. Intersindical-CSC es un sindicato muy minoritario en Cataluña, representa menos del 8% de la fuerza sindical, y por tanto, la huelga tuvo poco seguimiento en los centros de trabajo, se habla de en torno a un 30%, algo lógico, pues es una cosa es apoyar el proceso independentista en las horas libres y otra muy diferentes hacerlo poniendo en riesgo el puesto de trabajo, los ingresos que uno tiene, etc.

Por el contrario, la huelga tuvo un gran efecto mediático, debido a que los partidarios de la huelga lograron cortar la circulación de importantes vías de comunicación por carretera e impedir el tráfico ferroviario en las estaciones de Girona y Barcelona. Los convocantes de la huelga, Intersindical-CSC, contaron con el apoyo de ANC y Ómnium Cultural, lo que hizo que a sus acciones se sumaran colectivos de estudiantes, muchos de ellos menores de edad,  y por tanto, por ahora sin derecho a voto, los cuales tienen más fácil dedicarse a este tipo de actividades sin ello afecte de una forma directa a sus vidas a corto plazo.

Lo más llamativo de la huelga de ayer e Catalunya no es seguimiento que ha tenido, ni los trastornos que esta ha provocado a muchos ciudadanos sino la actuación Policial. Siendo importante resaltar, que en la Estación de Sants de Barcelona llego a haber más gente esperando para viajar que manifestantes impidiendo que los trenes AVE pudieran salir. Inacción de la policía ayer en Catalunya, permitiendo que pequeños grupos de manifestantes cortaran la circulación tanto por carretera como por ferrocarril, es un hecho más que evidencia que la situación político-social española se caracteriza por una aplicación interesada de las leyes y las normas.

El pasado 1 de Octubre, los poderes del Estado consideraron que debían impedir por todos los medios que él referéndum tuviera lugar, ordenando a la Policía actuar con elevada brutalidad contra humildes ciudadanos, sin responsabilidades políticas. Como diría un experto, los delitos de desobediencia,  prevaricación y malversación ya se habían consumado cuando se producen las cargas policiales. Lo lógico, es que la Policía hubiera identificado a los promotores del referéndum y actuando únicamente contra ellos. Contra humildes ciudadanos sin responsabilidades políticas. Lo poderes del Estado consideraron que el acto de votar era una amenaza para la Seguridad Nacional, pero no consideraron los mismo sobre el acto de contabilizar y hacer públicos los resultados. En la madrugada del 2-O, miembros del Gobierno autonómico dieron una rueda de prensa televisada, sin que la Policía interviniera para impedirlo. Algo similar ocurrió el 27-O, en el Parlament de Catalunya tuvo lugar una votación ilegal, anunciada y retrasmitida por televisión, realizándose una Declaración Unilateral de Independencia,  sin que el Gobierno de España considerara que ello representaba una amenaza al orden constitucional o la Seguridad Nacional. Ayer más de lo mismo. El Gobierno de Mariano Rajoy, que ahora teóricamente controla las instituciones de la Generalitat, no considero que el hecho de que pequeños grupos de ciudadanos cortaran la circulación en Catalunya no merecía la actuación Policial.


Ayer en Cataluña, los poderes del Estado no consideraron conveniente que actuara la Policía, ni se actuó para normalizar la circulación, ni para abrir diligencias contra los responsables. ¿Por qué? En mi opinión hay dos razones. La aplicación del 155 está siendo muy light, el Gobierno de Rajoy dice que controla lo que no controla, y una de esas cosas que no controla es la Policía autonómica, los Mossos d´Esquadra. Y en segundo lugar porque el Estado de Derecho español se rige por el principio de aplicación interesad de la ley: Si interesa a las elites dirigentes aplicar la ley se aplica y si no, no. El fascismo borbónico no quiso ayer que se aplicara la ley, no quiso recurrir a los gorilas de la policía, que aún se encuentran el Cataluña,  para hacerla cumplir, ¿Por qué? ¿Con que sectores de la sociedad catalana tiene vínculos e intereses comunes el fascismo borbónico? 

No hay comentarios: