lunes, 25 de diciembre de 2017

MENSAJE DE NAVIDAD DEL REY FELIPE VI: VACÍO Y AMENAZANTE.

El mensaje de Navidad de este año del rey Felipe VI ha sido tremendamente insípido, vacío, con la falsa defensa de valores, cuya defensa se da por hecho en toda democracia. Como en ocasiones anteriores la Casa Real ha evitado significarse de forma clara en problemas que afectan a la sociedad española. El Rey ni siquiera ha dejado clara su posición en la crisis catalana. Pero lo peor del discurso es que también ha sido amenazante. El rey Felipe VI al decir, textualmente, “Hemos asentado definitivamente la democracia, incluso superando hace décadas un intento de involución de nuestras libertades y derechos” ha querido amenazar a la sociedad española recordando e interpretando de forma falaz el asunto del 23-F, pues conocido es que no hubo en ningún momento por parte de los responsables del Golpe de Estado y de los militares  el deseo de llevarlo adelante, todo lo contrario, con él las Fuerzas Armadas se abrieron, dejando claro que aceptaban el nuevo orden constitucional.

Como en ocasiones anteriores, el rey Felipe VI ha apelado a la concordia, ha dicho, textualmente, “Una España inspirada en una irrenunciable voluntad de concordia”. El problema es que la concordia no es un simple concepto, sino, y sobre todo, un ambiente. Ambiente de concordia, que ya desde hace años, no se busca desde la Jefatura del Estado.

Pues no quieren concordia, aquellos que ordenan o permiten flagrantes y sistemáticas violaciones de los Derechos Humanos.

Pues no quieren la concordia, aquellos que ordenan acciones de terrorismo de Estado. Pues no quieren la concordia aquellos que ordenan represión judicial y policial anulando el Estado de Derecho. Pues no quieren concordia, aquellos que ordenan detenciones ilegales. Pues no quieren concordia, aquellos que ordenan ejecuciones extrajudiciales recurriendo a técnicas médicas. 

Pues no quieren concordia, aquellos que recurren de forma innecesaria a la violencia policial para atacar a  humildes ciudadanos sin responsabilidades políticas,  buscando hacer una demostración de  poder.

No, no quieren concordia los monárquicos, y sobre todo su cabeza visible, el rey Felipe VI. No,  no  quieren concordia, quieren  que en España sus intereses imperen sobre el interés general, a la vez que intentan someter a los ciudadanos al yugo que hoy representa en la sociedad española la Monarquía. 

domingo, 24 de diciembre de 2017

RAJOY DICE QUE SI, PERO NO, NO HAY HONOR.

El presidente del Gobierno de España, Mariano Rajoy, hoy, en su discurso a los militares destinados en el exterior, ha recurrido al vello verso “La Milicia”, de Calderón de la Barca, para intentar poner honor en donde no lo hay, pues, ya desde hace  tiempo, la clase política español ha privado de honor a importantes  instituciones del Estado, como es la de las Fuerzas Armadas. Por perder el honor, hasta lo ha perdido la Jefatura del Estado, por impropios e ilegales comportamientos de miembros de la Casa Real.

Pues no hay honor, en el terrorismo de Estado, ni en la represión judicial y policial que se ordenan desde las instituciones del Estado. Pues no hay honor, en las detenciones ilegales que se ordenan desde el Poder Judicial. Pues no hay honor, en una utilización arbitraria de la justicia, privando a ciudadanos de la cobertura del Estado de Derecho.

Pues no hay honor, en las flagrantes y sistemáticas  violaciones de los Derechos Humanos que se producen en España. Pues no hay honor, en ejecutar a ciudadanos, para más inri sin juicio previo, de forma oculta recurriendo al sistema sanitario.

Pues no hay honor, en utilizar la violencia policial de forma innecesaria contra humildes ciudadanos sin responsabilidades políticas, únicamente para realizar una demostración de poder.

Pues no hay honor,  en la utilización discriminatoria del sistema educativo, impidiendo así  que progresen ciudadanos pertenecientes a concretos sectores sociales, a la vez que se favorece que progresen aquellos que les interesa a las elites dirigentes.

Pues no hay honor, en permitir o favorecer que se cometan abusos sexuales. Pues no hay honor, en encubrir  a pederastas. Pues no hay honor, en modernas formas de exigencia del cobro de lo que se conoce como el derecho de pernada.

Pues no hay honor, en la corrupción política. Pues no hay honor, en una Jefatura del Estado ostentada con carácter hereditario por una familia cuyos miembros intentaron establecer un sutil sistema de cobro de impuestos, paralelo a la  Hacienda Pública. Pues no hay honor, en la enorme desigualdad que sufre la sociedad española, ni hay honor en la pobreza infantil.


No, no hay honor. Hace tiempo que la clase política ha privado de honor a la democracia española. 

viernes, 22 de diciembre de 2017

ELECCIONES CATALANAS 21-D: DESTINADAS A NO CAMBIAR NADA.

Los resultados de las elecciones catalanas celebradas el 21-D, con el Gobierno autonómico intervenido por los poderes del Estado, pueden ser objeto de múltiples interpretaciones, pero hay una clara y principal lectura: Todo seguirá igual. Con una participación que ha representado un récor histórico, de casi el 82%, y a pesar de que una partido no nacionalista, de los denominados emergentes, Ciudadanos, ha sido la fuerza que ha obtenido mayor número de diputados, 37, la nuevo composición del Parlament no va a contribuir a solucionar la crisis catalana. Ciudadanos ha sido el gran ganador, pero tendrá muy difícil formar Gobierno, necesitando para ello contar con votos de alguno de los partidos nacionalistas, algo hoy por hoy poco probable. Por el contrario, los denominados independentistas, Junts per Catalunya, ERC y la CUP, aunque suman mayoría absoluta, se encontraran también con dos obstáculos a la hora de poder  formar gobierno. El primero, lograr el suficiente consenso para  elegir una candidato, alguien que no esté imputado,  para ser investido presidente. El segundo, es que la CUP ya ha dicho que condiciona su apoyo al desarrollo de la declaración de independencia realizada el pasado  octubre, lo que supondrá más 155.


La composición del nuevo  Parlament, si llega a constituirse, será muy parecida a la anterior fruto de las elecciones del 27-S de 2015, disuelto por el Gobierno de España al aplicar el 155. Los resultados de las elecciones confirman que el Gobierno ha cometido un gran error al haber convocado elecciones de una forma tan rápida, sin dar tiempo ni a las elites políticas ni a la sociedad en general a reflexionar sobre lo que representaba para sus intereses la intervención del Gobierno autonómico por parte de los poderes del Estado. El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, se ha justificado alegando que una medida extraordinaria, como la aplicación del 155, se debe aplicar el menor tiempo posible. Y tiene razón, pero también debía haber sido el tiempo necesario para que se notaran sus efectos. Las prisas no siempre son buenas consejeras, y en este caso parece que ha sido así. El discurso del independentismo sigue siendo el mismo que antes de la aplicación del 155 y ello puede provocar, que logrando los independentistas investir un nuevo presidente, el Gobierno tenga que volver a aplicar el 155 para destituirlo, y a volver a empezar, convocándose unas nuevas  elecciones.  Todo parece indicar, que el partido político que tiene mayor probabilidad de formar el próximo Gobierno autonómico de Catalunya es el que ha sacado menor número de diputados, el PP. El PP, con sus 3 diputados, puede ser el partido que forme el próximo Gobierno de Catalunya   gracias a una nueva y más larga aplicación del 155. 

miércoles, 20 de diciembre de 2017

SUBIDA DEL SMI: UNA FORMA DE DISTORSIONAR LA REALIDAD SALARIAL DE ESPAÑA.

Con la decisión de volver a subir el Salario Mínimo Interprofesional (SMI), un 4% para el 2018, el Gobierno, los Sindicatos,  y el Mundo empresarial, desde distintas perspectivas, han logrado marcarse un tanto poniendo sobre la mesa muy poco dinero. El SMI subió este año un 8%, y en el próximo lo hará de nuevo otro 4%, con esta decisión el Gobierno está provocando dos efectos. Primero, igualar por abajo, buscando la meta de que el  SMI represente el 60% del  salario medio. Segundo, disminuir la brecha salarial que hay entre los que menos cobran y los que más cobran, lo cual le permitirá al Gobierno utilizar como propaganda que en los últimos años, años de  crecimiento del PIB, la brecha salarial ha disminuido, algo que es una realidad pero que beneficia únicamente a un pequeño sector de trabajadores.

Teniendo en cuenta el coste de la vida en España, la subida del   SMI era necesaria, otra cosa diferente es si es justa, conveniente, y si con ella se va a contribuir a solucionar de alguna forma algún tipo de problema de la sociedad española, de la economía, del mercado laboral, más allá de contribuir a incrementa el poder adquisitivo de los trabajadores que tengan dicho salario. Algunos analistas ya vaticinan, que la subida del SMI provocara a corto plazo efectos negativos como el crecimiento de la temporalidad  y la destrucción de empleo. Que se produzcan dichos efectos negativos va a depender y mucho del consenso con el que el mundo empresarial haya aceptado dicha subida, ya veremos qué pasa. Pero hay ya un efecto negativo que está claro que va a provocar, es el de provocar conflictividad y mal ambiente en entornos laborales en los que trabajadores con salario mínimo convivan con trabajadores de otras categorías, debido a que estos últimos verán como su sueldo por ahora no sube, mientras que la brecha con trabajadores de inferior categoría disminuye.

Desde la crisis, y sobre todo como consecuencia de la última reforma laboral realizada por el Gobierno de Rajoy, el mundo laboral funciona de una forma caótica, sin leyes y normas en cuanto a salarios se refiere. Se anuló la ultraacticidad de los Convenios Colectivos y salarios y pensiones dejaron de revalorizarse de acuerdo al IPC. Sobre esto, los sindicatos, ocupados en que hacer con el dinero que ganaron durante años con los cursos de formación, no dijeron nada.  Desde entonces, los  sectores de trabajadores que tienen capacidad de presión han logrado mejoras salariales, el resto no. En una sociedad justa, el salario de los trabajadores no debe depender de la presión que estos puedan ejercer, sino que se debe establecer un catálogo de categorías profesionales asignando salarios de la forma más racional posible, principalmente, en función del coste de la vida,  revalorizándose estos anualmente y de forma automática,  de acuerdo al IPC. En España hay una muy desigual distribución de la riqueza y una enorme disparidad salarial, lo que provoca que el coste de la vida sea más elevado del que sería lógico de acuerdo a los salarios que se pagan. La subida del Salario Mínimo Interprofesional, la cual los sindicatos han querido vender como una victoria, es una victoria del conjunto de la clase trabajadora muy pírrica, está destinada a igualar por abajo, ignorando a otras categorías de trabajadores y a los pensionistas. Estos últimos condenados por el Gobierno de Rajoy a perder poder adquisitivo al establecer por ley que estas ya no se revalorizarían de acuerdo con el IPC. Es evidente, que para la sociedad hubiera sido mejor, más justo, con efectos positivos más inmediatos, en vez de aumentar el SMI un 12% en dos años, haber reducido el salario de los que más cobran ese mismo porcentaje, de esta forma se contribuiría a reducir el coste de la vida, por lo que los que menos cobran hubieran percibido un incremento salarial indirecto al aumentar su poder adquisitivo cobrando lo mismo.    


La subida del SMI mejorara muy poco la vida de unos pocos, y contribuirá mucho a distorsionar la realidad salarial que se da en España, al contribuir a reducir la brecha salarial. En mi modesta opinión, las reivindicaciones de trabajadores y pensionistas, y por tanto de las organizaciones sindicales, deberían estar enfocadas a buscar una sociedad más igualitaria, reduciendo los ingresos de los que más ganan, bien vía salarial o fiscal, y estableciendo como indicador para la revalorización de salarios y pensiones el IPC.

martes, 12 de diciembre de 2017

CONFLICTO DE SIJENA: UN CLARO CONFLICTO PROVOCADO POR LA IGLESIA CATÓLICA.

Con la Iglesia hemos topado. La Conferencia Episcopal Española vuelve a ser en España causa de conflictos sociales. Como todos sabemos, la Iglesia Católica es una institución jerarquizada, pero da la impresión de que recurren a la  jerarquía únicamente para resolver los temas que les interesan a sus dirigentes, no lo hace, por ejemplo,  para perseguir la pederastia ni para resolver temas como este, que claramente debía haber resuelto la CEE sin tener que pasar por los tribunales.

El Tribunal Constitucional ya se pronunció sobre este tema, y lo hizo a favor del museo de Lérida, es decir, a favor de la Generalitat, no comprendo como ahora, aunque sea por lo civil,  una instancia judicial de menor categoría se puede pronunciar en contra. Es de suponer, que el TC tendrá suficiente poder y argumentos para declarar inconstitucional la decisión de la “imparcial” Audiencia de Huesca.

En mi opinión, como en otros muchos temas, lo importante en este caso no era la recuperación de unas obras de arte, sino hacer propaganda de una demostración de fuerza realizada por los matones de la Policía, para más inri, por una polémica provocada por la cúpula de la  Iglesia Católica Española.

Da la impresión de que España está viviendo las consecuencias de no haber participado en la IIGM, quedando al margen de la actuación directa de los Aliados. Y debido a ello las elites políticas españolas vuelven a adoptar comportamientos políticos pre guerracivilistas. Claro que “Nunca es tarde si la dicha es buena”, y tal vez es ahora, en pleno siglo XXI,  cuando los Aliados deban venir a España. 

miércoles, 6 de diciembre de 2017

CELEBRACIÓN DEL 39 ANIVERSARIO DE LA CONSTITUCIÓN SIN EL REY PERO CON EL REY.

Hoy se celebra el 39 aniversario de la actual Constitución Española. Para su celebración las elites dirigentes del país, su cara visible, la denominada casta política,  se han reunido en el Congreso de los Diputados. Teniendo en cuenta la actual situación política, social, de represión y de violaciones de los Derechos Humanos que se vive en España,  dicha reunión se asemeja mucho a esas fiestas que la familia Corleone daba en alguna de las películas de la Trilogía de El padrino. Fiestas a las que acudían todos los jefes mafiosos que aceptaban la supremacía de los Corleone. Fiestas en las que algunas veces faltaba, el feje de la familia, el conocido como el Padrino. Fiestas, que mientras transcurrían en un ambiente de alegría y tranquilidad se utilizaban para dar la orden de ejecución de miembros de familias mafiosas enemigas, o incluso de dirigentes políticos.

Hoy en la  celebración del día de la Constitución que ha tenido lugar en el Congreso ha faltado el Jefe del Estado, el rey Felipe VI. La Constitución le otorga a Felipe VI un rol importante y con mucho poder en la estructura del Estado, pero lógicamente, al haber sido designado para su cargo por lo que se conoce como vía hereditaria, careciendo de legitimidad democrática, las elites no consideran que sea oportuno que participe en actos organizados por aquellos que dicen ser los representantes democráticamente elegidos del pueblo. El Padrino no acudió hoy al Congreso.

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, con su comparecencia ante los medios  y  la presidente del Congreso de los Diputados, Ana Pastor, con su discurso han dado a conocer, en mi humilde opinión, que comparten un mismo defecto, a mi parecer muy grave, el de no ser conscientes de la realidad. Rajoy no es consciente de la actual situación de la UE, de su debilidad como organización y de la desunión que hay entre los Estados miembros. Rajoy cree que la UE lograra dotarse de una   defensa europea, un Presupuesto europeo, y eurobonos, o sea, la mutualización de la deuda, algo que son simples proyectos que cuentan con más rechazo que apoyo dentro de la UE. Lo de la presidenta Pastor es todavía más grave, pues afecta a España. La presidenta Pastor no es consciente de la situación de España. No es consciente de que hay dos claras Españas. La España oficial, de éxito, la del pensamiento único, la que dan a conocer los medios de comunicación, cuyas caras visibles son los dirigentes políticos. Y la otra, la de gente común, la de aquellos que son objeto de represión policial y judicial y  privación de derechos. La de aquellos que son objeto de violaciones de Derechos Humanos ordenados desde las instituciones del Estado o contando con la complicidad de estas. La de aquellos que sufren la desigualdad, la pobreza, los bajos salarios. La de aquellos a los que la Constitución y el Estado de Derecho en ella definido no los ampara, en beneficio siempre de los intereses de las elites dirigentes.

Ana Pastor, como no podía ser de otra manera, ha hecho un discurso en defensa de la Constitución del 78, reconociendo, valorando y alabando  el papel de aquellos que la redactaron y aprobaron. Un discurso muy monárquico, en varias ocasiones ha recuperado palabras tanto del rey Felipe VI como del rey Juan Carlos I, obviando algo fundamental, el hecho de que la monarquía fue restaurada y Juan Carlos nombrado Rey antes de aprobarse la actual Constitución. Para defender la Constitución ha aludido principalmente al progreso logrado por España en las últimas décadas. Pero en este caso también ha obviado algo importante. Siendo dicho progreso real, pero más coyuntural que constitucional, más debido a cosas como la entrada de España en la UE y el crecimiento generalizado de todas las economías del mundo, que a la gestión política nacional, también es cierto que de él no se han beneficiado por igual todos los sectores sociales. Mientras unos, entre los que se encuentran la elites políticas, incluidos los dirigentes de Podemos que dicen ser no casta aunque lo disimulan muy bien,  se han beneficiado mucho, otros lo han hecho muy poco. La democratización de la vida política española ha contribuido muy poco a mejorar su calidad de vía de amplios sectores sociales que son afectados por la elevada desigualdad o integran el porcentaje de población en riesgo de pobreza.

La presidenta Ana Pastor, como cirujano que es, sabe que lo importante no es la teoría, sino que esta se tenga en cuenta con éxito a la hora de operar. El actual marco constitucional, en cuanto a derechos y libertades de los ciudadanos es aceptable. Lo malo es que es simple teoría, en la práctica no es respectado. No se respecta, ejerciéndose represión judicial y policial contra humildes ciudadanos en beneficio de los intereses de las elites. Ni siquiera se respecta al perseguir delitos. Anulándose el principio de igualdad ante la ley. Y en este caso no me refiero a los exduques  de Palma, la Infanta Cristina y su esposo Iñaki Urdangarin, que también, sino a Puigdemont. El Tribunal Supremo, en concreto el magistrado Pablo Llarena, ha decidido no pedir la detención en el extranjero de Puigdemont y su extradición, en concreto en Bruselas, alegando que ello podría provocar que luego Puigdemont tuviera que ser juzgado por menos delitos. En estos casos se suele decir “A otros con ese cuento”. La decisión adoptada por el juez Llarena es totalmente arbitraria, impropia de en un Estado de Derecho, en el que para bien o para mal, todos los ciudadanos deben ser  iguales ante la ley. Con ella el juez Llarena va a contribuir a mejorar la vida de Puigdemont y el resto de exconsejeros en el extranjero, también facilitara que puedan participar en la campaña electoral, por ejemplo, en la manifestación convocada por la ANC en Bruselas el próximo 7 de diciembre, en incluso que puedan entrar en España para votar o participar en algún acto que tenga lugar en el Parlament.  No sé lo que quiere lograr son su decisión el juez Llarena, tal vez la explicación se pueda encontrar  investigando su patrimonio y el de su entorno, en España, en Bruselas, etc.

El actual marco constitucional en cuanto a derechos y libertades de los ciudadanos es aceptable, el problema es que no es respectado por aquellos que dirigen las instituciones del Estado. La restauración de la Monarquía ha impedido la plena democratización de España, favoreciendo que España sea un país en el que se ejerce represión policial y judicial y se cometen flagrantes y sistemáticas violaciones de los Derechos Humanos. La restauración de la Monarquía ha impedido la democratización de importantes instituciones del Estado, entre otras, del Ejercito, la Policía y el Poder Judicial, instituciones en las que impera la corrupción, la ineficacia, la arbitrariedad, a la vez que son por acción u omisión causa principal de muchos de los abusos de que son objeto los ciudadanos. Lógicamente, los ciudadanos no se revelan porque no hay organización. Las elites se han entremezclado impidiendo la posibilidad de defensa de ninguna idea fuera del pensamiento único que impera. Un pensamiento único monárquico, defendido gracias a la utilización de instrumentos represores como el Poder Judicial y la Policía, los cuales muchas veces recurren al sistema sanitario para lograr sus fines, y cometer sutiles violaciones de los Derechos Humanos.