El Gobierno de Mariano Rajoy solicito
ante el Tribunal Constitucional que el
Parlament de Catalunya no pudiera realizar un Pleno para investir presidente a
Carles Puigdemont. De esta forma el Gobierno se aseguraba que Puigdemont no pudiera
ser investido de ninguna de las formas posibles: Ni telemáticamente, ni por delegación,
ni siquiera volviendo a España y participando en el pleno. De esta forma, el
Gobierno de España obligaba al presidente del Parlament, Roget Torrent, a proponer otro candidato antes de comenzar el
acto de investidura. El Tribunal Constitucional (TC) no ha dicho ni sí, ni no,
a la solicitud de impugnación del Gobierno. Tras siete horas de reunión y por
unanimidad el TC se ha pronunciado en la dirección de que la investidura tiene
que ser presencial, y además, Puigdemont para poder ser investido deberá
previamente solicitar la autorización del juez que lleva su asunto, el juez del
Tribunal Supremo Pablo Llarena.
Hace unos días, el director
general de Tráfico, Gregorio Serrano, ha sido criticado por encontrarse en
Sevilla durante el atasco que se produjo en la AP-6 durante los días 6 y 7 de
Enero debido a las condiciones meteorológicas. Aunque la función del director
general de Tráfico es planificar, decidir, nombrar, y asumir responsabilidades,
y no ejecutar, ni siquiera supervisar, funciones que lógicamente delega, se le reprochó
haber gestionado el incidente desde su residencia de Sevilla, y no desde Madrid,
donde se encuentra la Dirección General de Tráfico. Si el Gobierno de España lo
hubiera destituido, y nombrado para el puesto a un tipejo que se encuentra en Perpiñán
fugado de la justicia, las críticas al presidente Rajoy hubieran sido
infinitas. Entre otras cosas, se le acusaría de tener algún tipo de intereses para
nombrar a tal tipejo, algo que, muy probablemente, seria cierto. Pero en
cambio, los excelentísimos miembros del Tribunal Constitucional, corriendo el
riesgo de provocar un atasco que afecte a toda Cataluña, consideran que un tipo fugado de la justicia
española, Carles Puigdemont, podrá ser investido Presidente si el próximo martes
logra presentarse en el Parlament, y el juez Llarena lo autoriza. Seguramente
no a ojos de aquellos que pertenecen al mundo del derecho, ni tampoco, a ojos de los sectores monárquicos españoles, que de
forma clara se observa que están apoyando a la burguesía catalana que impulso
el proceso independentista, Convergencia Democrática de Cataluña, ahora, Junts
per Catalunya, recordemos que el Consejo de Estado se opuso a la impugnación solicitada
por el Gobierno, pero, ante el resto de la sociedad española y ante la opinión pública
internacional el TC ha quedado totalmente desacreditado.
El Tribunal Constitucional ha
quedado totalmente desacreditado. Siendo muy curioso que la defensa de la
ponencia sobre lo que se iba a hablar le haya tocado a uno de sus miembros de origen catalán, Juan Antonio Xiol,
y este no se haya inhibido dejando
correr el turno, pero dejando a un lado extrañas coincidencias, que habría que
investigar, es difícil entender que ha podido motivar al TC, llevándole a
permitir la investidura de un dirigente político, Carles Puigdemont, que no ha
respectado sus resoluciones, y que ha provocado la aplicación del 155 al
liderar la realización de una Declaración Unilateral de Independencia. Es difícil
entender que ha motivado que el TC haya permitido la investidura presencial de
alguien que se sabe que no podrá ejercer su cargo.
En las dictaduras suele
ocurrir que mientras en las salas de los juzgados se aparenta que se administra
justica, que se respectan los derechos humanos, que se respecta la presunción de
inocencia, y todo eso, en los sótanos de los mismos, o a pocos metros, la policía asesina y tortura a detenidos. ¿Qué
ocurrirá si el próximo martes Puigdemont logra llegar a Barcelona sin ser
detenido, algo bastante fácil, e intenta entrar en el Parlament rodeado de
miles de simpatizantes? ¿Qué ocurrirá si logra entrar en el Parlament, participar en el pleno y lo quieren investir
presidente sin contar con la autorización previa del juez Llerena? El Tribunal
Constitucional queriendo aparentar una exquisita defensa de la
constitucionalidad y la democracia española, autorizando el pleno de
investidura de Puigdemont ha contribuido a poner en riesgo el orden público, la
paz social en Cataluña, y la propia democracia. Desconozco que ha podido
motivar la decisión de los miembros del TC, evidentemente no ha sido una lectura
literal de la Constitución, pues difícilmente la Constitución puede amparar a
alguien que ha demostrado no respectarla. Tal vez, se ha debido a la influencia
que ejercen sobre dicho tribunal sectores
monárquicos que están dando, de forma clara, su apoyo al denominado proceso independentista;
o tal vez se ha debido a que sufren el síndrome de Pilatos, según el cual la decisión
popular es superior a todo tipo de leyes. Fuera lo que fuese, está claro que
han asumido un gran riesgo considerándose representantes de todos los
españoles, pues si Puigdemont logra volver a ser investido presidente, sin
duda, los pilares de la democracia española,
como mínimo, temblaran. ¡Temblaran! ¿Será
eso lo que desea el Tribunal Constitucional o, incluso, desea provocar?
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