La crisis catalana, en
la que de forma clara se observa que los sectores de poder que sostienen a la
Monarquía borbónica, la derecha monárquica y sus aliados en la izquierda
política, como por ejemplo, Podemos, están provocando la desestabilización
política y social de esa comunidad autónoma para poder justificar su
sometimiento a través de la fuerza, policial, cuando no, militar, contando para
ello de apoyos internacionales, de forma
clara ya, desde Rusia y Alemania; la concesión fraudulenta de títulos
académicos universitarios, como es el caso del master en Derecho Autonómico de Cristina Cifuentes;
la financiación ilegal de partidos políticos a través del dinero que reciben y
blanquean del crimen organizado internacional, como es el caso de asuntos como la Gürtel; el asunto de los ERE
en Andalucía o el recientemente descubierto fraude a la Seguridad Social, que afecta a
varias provincias; la corrupción sindical en Asturias; el cobro de
impuestos que de forma paralela a la Agencia Tributaria realizaba el exduque de
Palma, Inaki Urdangarin, en nombre de la
Casa Real, etc., etc., etc., pueden parecer asuntos aislados, pero no lo son.
Son fruto de una misma causa: La democracia española es, ya hace años, una cleptocracia.
España es una
cleptocracia que no cesa de emitir, lo lógico: Delitos, fraudes, y abusos
cometidos por las elites dirigentes, en sus respectivos feudos de poder,
durante años cuando no décadas, con
total impunidad y máxima complicidad desde los poderes del Estado. Ayer, el rey Felipe VI, en el acto de entrega
de despachos a los nuevos jueces, entre los cuales no sé si habría alguno que
lo haya recibido de forma fraudulenta, ha dicho cosas muy interesantes sobre
cuáles deben ser las funciones de los jueces en una democracia, que lógicamente
comparto, cito dos: Los jueces deben garantizar la legalidad de la acción de
los poderes públicos; los jueces deben salvaguardar y garantizar los derechos y
libertades de todos los ciudadanos". Además, les ha manifestarle su confianza
y apoyo. Evidentemente, esta constatado, que el
Poder Judicial no cumple desde hace tiempo con sus funciones en la
sociedad española, dicho de un forma resumida, anulando así el Estado de
Derecho y permitiendo que España se haya convertido en una cleptocracia.
Esperemos, que a partir de ahora los humildes ciudadanos también podamos
depositar nuestra confianza en los tribunales españoles, por ejemplo, al
comprobar que el Tribunal Supremo emite
una sentencia sobre el asunto Nóos, es decir, sobre el conjunto de delitos
cometidos por Urdangarin contando con el apoyo de la Jefatura del Estado, justa
y acorde a las leyes en vigor.
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