LA HUELGA DE TAXISTAS DA A CONOCER ANOMALÍAS EN LA ECONOMÍA DE MERCADO ESPAÑOLA.

España es una economía de mercado, teóricamente como mínimo desde 1978, cuando entro en vigor la nueva Constitución. Por tanto, la economía española debería estar segmentada en tres sectores: El sector público, el sector primado, y el tercer sector o no lucrativo. De ellos, el sector privado debería funcionar de acuerdo  únicamente a las leyes del mercado, como son la ley de la oferta y la demanda, la libre competencia, la innovación a través de la destrucción creativa, etc. Existiendo una mínima intervención del Estado destinada a garantizar dicho funcionamiento y proteger los derechos de los ciudadanos, de los clientes y usurarios de los productos y servicios de todas aquellas empresas que realizan algún tipo de actividad económica. Pero, la economía española no funciona totalmente así.

El  conflicto que tuvo lugar  en el sector de la estiba no hace mucho, o el que  hoy hay en el sector del transporte de pasajeros, en concreto entre los taxistas y los denominados VTC, s (Vehículos de Turismo con Conductor) nos da a conocer que algunos sectores de la economía española no funcionan de acuerdo a las leyes del mercado, no se garantiza la libre competencia, y el Estado concede a aquellos que realizan dicha actividad privilegios que no se permiten en otros sectores económicos.

En España, para poder dedicarse al transporte de pasajeros con  turismo, tanto en la categoría de Taxi como de VTC, es necesario disponer de un licencia Administrativa, que concede el Estado. El Estado limita el número de licencias que puede haber, y a la vez permite que aquellos que hayan logrado una licencia la puedan transferir, revender, por un valor muy superior al de su compra. La Comisión Europea (CE) ha realizado un estudio muy crítico   sobre el sector del transporte de pasajeros en España. La CE considera la regulación obsoleta. Entre otras cosas afirma que impide la libre competencia, dificulta la innovación y tiene un impacto negativo sobre los precios y la calidad del servicio.

España, junto a Bélgica (Únicamente en la ciudad de Bruselas), Grecia, Chipre e Italia, es uno de los pocos países que permite transferir las licencias tanto de Taxi como de VTC, permitiendo así la especulación y  el blanqueo de capitales, algo que lógicamente repercute de forma negativa en el coste del servicio. Hoy, dependiendo de la zona, una licencia de VTC ronda los 50.000 euros, y una de Taxi, se vende por el triple.

En una economía de mercado, en la que debe imperar la libre competencia;  en plena era digital, en la que expertos y políticos dicen ser partidarios de favorecer la innovación; en una época en la que numerosos indicadores, dan a entender que es necesario reducir el coste de la vida para mejorar así la competitividad exterior, no tienen sentido ni es aceptable, que existan sectores profesionales que disfrutan de privilegios que se les niegan a otros sectores. Sin el deseo de crearme enemigos, los centros de enseñanza concertada, el sector del taxi, y también el nuevo sector de las VTC, el sector de las farmacias, etc, son algunos de esos sectores, que disfrutan de privilegios moviéndose entre lo privado y lo público, anulando la libre competencia, permitiendo el Estado que unos ciudadanos realicen una actividad económica en situación de ventaja, disfrutando de unos derechos que se convierten en privilegios al ser negados al resto de la sociedad.

Desde hace tiempo ya, desde la era del expresidente Aznar, en la sociedad española se ha puesto de moda que impere ley del más fuerte. De tal forma que los sectores profesionales con capacidad para presionar al Gobierno de turno son oídos, mientras se discrimina al resto. El conflicto  que se ha producido en  el sector de transporte de pasajeros, entre los ya subsectores del taxi y del VTC, es un claro ejemplo.  El Gobierno no está afrontando el problema con racionalidad y justica, y mucho menos teniendo en cuenta los intereses de los ciudadanos, sino buscando favorecer únicamente al sector que considera que tienen mayor capacidad de movilizar, ejercer violencia en las calles y presionar. La cuestión no es sobre cuál debe ser la proporción de VTC, s con respecto al número de taxis, sino si debe seguir existiendo la actual regulación o esta debe cambiarse totalmente, es decir: ¿Debe el Estado limitar el número de licencias? ¿Debe el Estado permitir la reventa especulativa de licencias?

Lógicamente, el dilema es si  el Estado debe permitir que el sector del transporte de viajeros se autorregule de acuerdo a las leyes del mercado, favoreciendo así la libre competencia, es decir, liberalizarlo totalmente, o regular el transporte de viajeros (Taxis y VTC, s) en función de criterios socioeconómicos, como son población, demanda de trasporte, coste de la vida. Puede ser necesario que el Estado limite el número de licencias para así favorecer que esta actividad sea rentable, pero si lo hace debe a la vez regular el coste del servicio en función del coste de la vida, para evitar así que el usuario pueda ser objeto de abusos, de sobreprecios, por ejemplo, en periodos de elevada demanda de este servicio. Lo que no puede permitir de ninguna forma el Estado es la reventa de licencias. Reventa que en muchas ocasiones responde a principios mafiosos, permitiéndose el blanqueo de capitales. Cada vez es más frecuentes en las grandes ciudades encontrar taxistas que son simples asalariados. Es evidente que el sector del transporte de pasajeros, taxis y VTC, s necesita una total liberalización o una regulación más justa, eliminando los privilegios de que disfrutan los que en la actualidad están autorizados a realizar dicha actividad.  En mi opinión, en un plazo más o menos lógico, para no provocar la ruina de ningún trabajador del sector, el Estado debería suprimir la necesidad de tener una licencia de taxi o  fijar una fecha limite a partir de la cual se prohíba la reventa de licencias, algo que debería afectar también al nuevo sector de los VTC. Lo que en ningún caso debe hacer el Gobierno es gobernar, decidir, legislar, en función de la ley del más fuerte.

Con motivo de la huelga del taxi, en  España, se habla ya, tal vez de forma exagerada o no, de guerra en las calles.  La ley del más fuerte, que impero en España en buena parte del pasado siglo, parece ser que vuelve a ser la preferida por  las elites dirigentes españolas, muy probablemente debido a que estas  no sufrieron las consecuencias que si sufrieron el nazismo alemán y el fascismo italiano tras su derrota en la  IIGM, o posteriormente el comunismo durante la Guerra Fría,  pero deberían recordar que dicha ley nunca ha favorecido el desarrollo y el crecimiento, sino todo lo contrario, siempre ha contribuido a todo lo contrario, la ruina económica y a aumentar la miseria.   

EL PP ELIGE COMO LÍDER EL PEOR CURRÍCULO: PABLO CASADO.

Con un sistema con el que se buscaba emular las elecciones primarias presidenciales en los Estados unidos, y que en realidad era una copia mala y distorsionada de las mismas, llegando a un enfrentamiento  final, no sé si casual o planificado, muy similar al que se produjo en las primarias del 2008 del Partido Demócrata, en las que Barack Obama acabo derrotando a Hilary Clinton, hoy el PP ha elegido a Pablo Casado como su nuevo líder y futuro candidato a presidente del Gobierno de España. Los compromisarios que han votado en el Congreso no han tenido en cuenta que Soraya Sanz de Santamaría fuera la candidata más votada por la militancia. Casado ha logrado  1701 votos  frente a 1250 que han dado su apoyo a Sáenz de Santamaría.

La titulitis que impera en el PP, con la que se busca que solo los universitarios puedan dedicarse a la política, olvidándose así que democracia es el gobierno de los más votados y no el de los que tienen más títulos,  ha llevado a muchos de sus dirigentes a criticar la baja experiencia de líderes de la oposición, en concreto de líderes de los partidos emergentes, Ribera y Pablo Iglesias. Haciendo honor al viejo dicho de “Consejos vendo, que para mí no tengo”, hoy los compromisarios del PP han elegido como líder del partido a una persona con mínima experiencia política, ninguna en el sector privado, sin experiencia en gestión,  y para más inri con un currículo en entredicho. La sospecha de que en las democracias modernas la política responde a ocultas y extrañas fuerzas se ha vuelto a cumplir. El currículo de Sáenz de Santamaría es años luz superior al de Casado. Si ambos optaran a un mismo cargo en el sector privado, en el que no hubiera que correr o algo similar, seguramente lo único en lo que Casado supera a Sáenz de Santamaría, muy probablemente le hubieran dado el puesto a Santamaría. Por razones que desconozco, el PP ha optado por un mediocre millennial.

La enorme e injustificada visibilidad mediática que el PP le dio a Casado durante los últimos años, conduce a sospechar que estaba llamado ya desde hace tiempo a ocupar un puesto relevante en el partido. Su elección es sin duda preocupante, no porque no tenga experiencia en gestión, ni porque hayan podido aprobarle asignaturas gracias a presiones realizadas desde el PP, sino porque se sospecha que es el heredero ideológico del expresidente Aznar. Con Aznar no solo España sufrió una época de elevada corrupción política, que aún se juzga hoy, sino que también  se produjo una clara involución política. Aznar llego al poder considerándose el heredero político ideológico de la dictadura, e hizo honor a ello. Durante los dos mandatos que gobernó Aznar, en España se cometieron flagrantes violaciones de los derechos humanos y hubo terrorismo de Estado. Que Casado sea considerado el heredero de Aznar no es una buena noticia. Un viejo dicho afirma  “Dime con quién andas y te diré quien eres”, ¿Quién es Casado? Difícil saberlo. En el Congreso, hoy Casado, entre otros, se dejó ver acompañado de perfiles tan distintos como el de  Adolfo Suarez Illana y  Juan José Cortes. Adolfo Suarez Illana es el hijo del expresidente Suarez, gestor de la Transición y también Secretario General del Movimiento, retirado de la política desde el 2003, su vuelta a escena dando su apoyo de forma clara y pública a Casado, conduce a pensar que dicho apoyo no será gratuito. Juan José Cortes, es el padre de la niña Mari Luz, asesinada en Huelva en el 2008. De militante del PSOE paso a ser contratado por el entonces alcalde de Sevilla, Ignacio Zoido, como asesor en la resolución de problemas de exclusión social de la ciudad, todo ello sin que se conozcan méritos que lo justifiquen. En su primer discurso Casado se ha declarado a favor de reformar la Constitución. Una novedad ideológica en el PP que hace presagiar una posible nueva pinza PP-Comunistas, como la que constituyeron sutilmente en su momento Aznar y Anguita. Es posible que la elección de Casado sea el primer paso en el sentido de que España pase a tener un Gobierno a la italiana, gobernando una coalición formada por un partido de derechas, el PP,  y un partido comunista, Podemos.  

EL GOBIERNO OCULTA QUE PACTA CON TORRA.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha recibido esta mañana al presidente de la Generalitat, Quim Torra. Era una cita esperada con gran interés por aquellos que se dedican a observar y analizar la política española, pues se consideraba que serviría para fijar las relaciones y posicionamientos entre el nuevo Gobierno de España, y el también recientemente elegido presidente de la Generalitat, Quim Torra,  en concreto, respecto a lo que se viene denominando  proceso independentista. Sin embargo,  Sánchez y Torra no han hablado de sentimientos profundos, no han hablado de sus posicionamientos en los temas en conflicto entre el Gobierno central y la Generalitat, o eso han hecho público.

A pesar que era un cita esperada con gran interés por todos los sectores de la sociedad española que no tenían ni tienen  como fuentes directas de información  a Sánchez o Torra, y por tanto desconocían en que ambiente iba a tener lugar la reunión, el Gobierno de Sánchez ha informado escuetamente sobre su contenido. Sánchez se ha limitado a publicar un ambiguo y vacío tuit considerando la reunión un punto de arranque constructivo para la normalización de las relaciones; declarándose partidario de que una crisis política requiere una solución política. Pero no dice cual, creando así incertidumbre, pues no sabemos si esa solución está o no en la línea del pensamiento de Clausewitz, el cual consideraba que “La guerra es la continuación de la política por otros medios”. La encargada por La Moncloa de informar sobre la reunión, la vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, tampoco ha dado a conocer  nada sobre la reunión que no pudiéramos imaginarnos con anterioridad que iba a pasar.

Más de dos horas duro  la reunión en la que el expresidente Mariano Rajoy le dijo no al pacto fiscal que proponía el expresidente Artur Mas, y que representaba que Cataluña pudiera tener una agencia tributaria propia. También, más de dos horas duro la reunión en la que Rajoy dijo no a la consulta del 9-N que pretendía realizar Mas. La reunión de hoy ha durado aproximadamente lo mismo que esas reuniones, pero en esta ocasión tanto el Gobierno como el presidente de la Generalitat, al contrario que en esas ocasiones,  han salido muy  optimistas, lógicamente ello se debe a que ha habido más acuerdo que le que se ha dado a conocer a la opinión pública, es decir, todo da a entender que Sánchez, quien ha guardado un casi total silencio sobre la reunión, ha dicho sí a más de una de las reivindicaciones de Torra. Según la vicepresidenta Carmen Calvo, la reunión ha servido como una estupenda base para acabar con siete años de desacuerdo. ¿A qué desacuerdo quieren poner fin, al de la bilateralidad? El presidente Sánchez tampoco ha considerado necesario, que sepamos,  transmitir a los líderes de otras fuerzas políticas a que se debe tanto optimismo.

En mi opinión, el presidente  Sánchez ha caído en el mismo error que el Gobierno del expresidente Zapatero, el de pensar que la gran mayoría de los españoles son idiotas, y se les puede engañar recurriendo al lenguaje, con juegos de palabras. Juego de palabras como el que puede representar esconder bajo el concepto de Comisión Bilateral Estado-Generalitat, la reivindicada  bilateralidad, es decir, una relación entre el Gobierno de España y la Generalitat de igual a igual, bilateralidad reconocida en el Estatuto de Cataluña pero considera inconstitucional por el Tribunal Constitucional. Por el otro lado, el presidente Quim Torra, dando a entender, metafóricamente hablando, que padece algún tipo de  artrosis bucal, ha cambiado mínimamente su discurso respecto a sus predecesores, Mas y Puigdemont. Si su predecesores reivindican la independencia, Torra para pedir lo mismo utiliza más, mucho más, el concepto de autodeterminación.  Eso sí, ha dicho que, tal vez como muestra de agradecimiento a Sánchez, no le ha planteado  fecha para la convocatoria de un referéndum pactado de independencia, es decir, sigue con la misma música que Puigdemont. No dejando claro a lo que se refiere con lo de pactado, tal vez, a que Sánchez también reivindique la autodeterminación.

SÁNCHEZ BUSCA JUSTIFICARSE EN UN FALSO AMBIENTE POLÍTICO.

Las elites burguesas independentistas catalanas celebraron el pasado 1 de Octubre un referéndum de autodeterminación. Días después,  el 27 de Octubre, el Parlament, de acuerdo con el resultado del mismo, en un acto público y televisado,  declaro de forma unilateral la independencia. Pero todo quedó en eso, en una declaración pública. La "ley de transitoriedad jurídica" que habían elaborado para dar continuidad a la declaración de independencia no se aplicó, por ejemplo tomando el control de las fronteras. Llegado el momento de la verdad, los dirigentes independentistas catalanes se achicaron. Unos se dejaron detener, otros huyeron al extranjero. Los primeros, se encuentran hoy detenidos y  a la espera de juicio. Los segundos, refugiados en países extranjeros, esperando que la justicia de los correspondientes países decida sobre las euroórdenes que existen contra ellos, emitidas por la justicia española.

Como consecuencia de la declaración de independencia, el Gobierno de España aplico el artículo 155 de la Constitución, disolvió el Parlament y tomo el control de las instituciones autonómicas de Cataluña, todo ello sin que las elites independentistas catalanas opusieran la más mínima resistencia. No recurrieron ni siquiera a la desobediencia civil, con la que llevaban amenazando durante años. De esta forma, lo que era una simple sospecha, una hipótesis, se confirmó: El proceso independentista era una completa pantomima. Una pantomima  con la que las elites catalanas querían lograr reivindicaciones que nada tenían que ver con que Cataluña se convirtiera en un Estado independiente y soberano.

A pesar de ello, a pesar del vergonzoso espectáculo que dieron aquellos que declararon la independencia y luego se……, se sometieron al Gobierno de España, hoy siguen con la misma música. Ante la imposibilidad de avanzar en ningún sentido, buscando mantener vivo el proceso independentista, sus actuales dirigentes han vuelto al punto  de partida, reivindicando otra vez la realización de un referéndum de autodeterminación. Realmente insólito. Como insólito es que el actual presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, este contribuyendo también a que el proceso independentista siga vivo, tomando decisiones como por ejemplo, la de trasladar los presos a cárceles catalanas.

Con el presidente Sánchez el proceso independentista ha entrado en una nueva fase, que podríamos denominar de política de ambientación. La política de ambientación, muy frecuente en la actual era mediática, consiste en justificar la toma de una decisión no en hechos o razones ideológicas, sino en la existencia de una determinado clima que previamente se ha construido y que suele ser falso, así se logran evitar las reacciones políticas y sociales que podrían provocar de conocerse las verdaderas razones que motivan la decisión. Las elites independentistas catalanas intentan mantener vivo el proceso, volviendo a reivindicar la realización de un referéndum de autodeterminación, a pesar de que ya han declarado de forma unilateral la independencia. Y desde el Gobierno se difunden mensajes destinados a crear un falso ambiente, ignorando el discurso que emana del actual Gobierno autonómico de Cataluña.

El órgano jurisdiccional que se ha declarado competente para juzgar a los políticos catalanes detenidos por llevar adelante el proceso independentista, es el Tribunal Supremo, que  tiene su sede en Madrid. La decisión del Gobierno de Sánchez de trasladar los presos a cárceles catalanas, antes de que sean juzgados, va contra toda lógica. Primero, porque las cárceles catalanas están controladas por la Generalitat, es decir, por los partidos políticos a que pertenecen los presos, lo cual puede favorecer que tengan tratos de favor, que puedan fugarse, o dejándonos llevar por el principio de que la realidad en ocasiones supera  a la ficción, incluso que puedan ser sustituidos por dobles para ocultar así su salida. En segundo lugar, porque representa operativamente un grave inconveniente, pues siempre que tengan que acudir por alguna razón ante el Supremo, tendrán que realizar de nuevo el traslado a Madrid. Sánchez ha intentado justificar la decisión del traslado de presos en la falsa ambientación que se ha creado desde su Gobierno, pero con ella es evidente que se busca dar aire al independentismo y muy probablemente también pagar el apoyo del nacionalismo catalán al  moción de censura de Sánchez.

El próximo día 9, el presidente Sánchez recibirá al presidente de la Generalitat, Quim Torra. Torra ya ha declarado de forma pública que exigirá a Sánchez la convocatoria de un referéndum de autodeterminación, y si no es aceptado por el Gobierno de España que seguirá dando forma a la declaración de independencia realizada el 27 de Octubre por el anterior y disuelto Parlament. Por el otro lado, el Gobierno de Sánchez,  ha dicho que se puede dialogar sobre todo. A igual que hizo en su momento el expresidente Zapatero, Sánchez, parece dispuesto a conceder a Torra lo que pida, eso sí, a la vez ha apostillado que cualquier acuerdo deberá estar dentro de la legalidad definida por el Estatuto y la Constitución. A pesar de que las posturas de Sánchez y Torra son totalmente incompatibles, se está creando un falso ambiente de entendimiento, que justifique tanto decisiones pasadas, que Sánchez gobierne gracias a los partidos independentistas, el acercamiento de presos, etc., así como futuras. Falso ambiente político destinado sobre todo a que el proceso independista pueda continuar vivo, hasta que su presión sea lo suficientemente fuerte que justifique ante el resto de España concesiones por parte del Gobierno de España, que lógicamente nada tendrán que ver con que Cataluña se convierta en un Estado independiente y soberano.