martes, 6 de diciembre de 2022

ANIVERSARIO DE LA CONSTITUCIÓN DEL 78: CADA AÑO MÁS VACÍA DE CONTENIDO.

La celebración del 44º aniversario de la Constitución nos pone hoy ante una España política y socialmente muy distinta  a la del 78. A medida que España se modernizaba y los sectores más desfavorecidos de la sociedad mejoraban de forma abismal su calidad de vida, principalmente gracias a la integración de España en la esfera de las democracias occidentales, con su entrada en organizaciones como la actual Unión Europea, antes Comunidad Económica Europea,  y la OTAN, la sociedad española ha ido perdiendo los valores y principios constitucionales. Hasta el punto que se podría decir que hoy la Constitución del 78 está muerta, es únicamente papel mojado al que se apela en actos oficiales, como el celebrado hoy en el  Congreso de los Diputados para conmemorar su 44º aniversario.



Hoy se celebra el día de la Constitución en una España en la que el poder político, democráticamente elegido, materializado en el Congreso de los Diputados, no hace respectar la Constitución. Lógicamente no es algo nuevo. Hace tiempo que en la sociedad española no se respeta la ley de leyes, lo acordado  en la Constitución. Hace tiempo que España es un país en el que se ejerce represión judicial y policial, se ordenan detenciones ilegales o se producen acciones de terrorismo de Estado. Desde hace ya  tiempo en la España democrática se cometen flagrantes y sistemáticas  violaciones de los derechos humanos, llegándose a utilizar el sistema sanitario para cometerlos, todo con el fin de favorecer los intereses de sectores de las elites dirigentes. La diferencia está en que hoy el ambiente de inconstitucionalidad no se puede ocultar, ni disimular, ni mucho menos justificar. Un evidente ambiente de inconstitucionalidad dado a conocer por hechos como la incapacidad del Estado para renovar el Consejo General del Poder Judicial, o incluso el propio Tribunal Constitucional, o también  manifestada en la elaboración de la conocida ley del solo sí es sí, elaborada con el principal objetivo de reducir las penas de personas condenadas por haber cometido agresiones sexuales.