El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha puesto hoy en marcha el proceso legislativo para reformar el actual Código Penal y hacer desaparecer el delito de sedición, que quedara reducido a un delito de desórdenes públicos, todo ello con el objetivo de reducir las penas máximas. De tal forma, que hechos tipificados como sedición y castigados con una pena máxima de 15 años de cárcel e inhabilitación absoluto, pasaran a estar castigados con una pena máxima de 5 años y una inhabilitación de 8 años. Este tipo de decisiones suelen ser propias de un estado fallido, de una república bananera, de un país en el que no hay el más mínimo respecto a la legalidad vigente, recurriendo a todo tipo de instrumentos para saltárselas cuando interesa a la mayoría política, en concreto, a la mayoría que tiene el control del Congreso de los Diputados. Hace dos días el presidente Sánchez decía que iba a por todas, y no ha defraudado, pues ya lo estamos notando. Su decisión de eliminar el delito de sedición ahora, después de haber ocurrido lo que ha ocurrido en Cataluña, representa una burla a los principios democráticos, entre los que destaca el respecto a la legalidad vigente, y no cambiar esta oportunamente en benéfico de intereses personales. Es simplemente indecente.
