POR QUÉ NO SE HAN INCREMENTADO LOS RECURSOS SANITARIOS: ¿INCOMPETENCIA O QUERÍAN QUE LA SITUACIÓN SE REPITIERA?

Con la propagación de virus chimo, que ha favorecido y permitido, las elites dirigentes españolas, y en concreto el Gobierno de España, han metido al país en una negativa situación que solo genera empobrecimiento, el PIB ha caído en el segundo trimestre más de 17%. En marzo incrementaron de forma falsa la amenaza del covid-19, buscando crear una alarma social que permitiera justificar represión y encubrir violaciones de los derechos humanos. Que permitiera cosas como aislar a los ancianos en sus residencias condenando a muchos de ellos a morir en la más profunda soledad, sin poder recibir la ayuda de los suyos. Una medida injusta e injustificable, pues mientras se les exigirá a las familias que abandonara a sus mayores contagiados o en cuarentena, se permitía que se hicieran cargo de otros miembros en similares circunstancias, niños, etc. La amenaza vuelve a ser la misma que en el pasado marzo, pero las elites dirigentes no se atreven a tomar las mismas medidas, pues las consecuencias económicas, en concreto, incremento de déficit, cierre de empresas e incremento del desempleo, serían, como mínimo, similares a las de los tres meses de estado de alarma y por tanto inasumibles por España, tanto a nivel privado como por el Estado.   

Si el Gobierno de Sánchez pago el coste de declarar el estado de alarma para poder justificar determinadas medidas claramente inconstitucionales, entre otras cosas,  para privar a los ciudadanos de derechos fundamentales de forma discriminatoria en función de su rol social, el  Gobierno autonómico de la Comunidad de Madrid quiere poder hacer lo mismo sin pagar el coste económico y político de declarar el estado de alarma. Por ejemplo, el Gobierno autonómico de la Comunidad de Madrid, quiere cosas como  que militares y policías puedan  impedir que los ciudadanos no autorizados por  su rol social no abandonen las zonas de confinamiento y  puedan acceder a los datos sanitarios de los contagiados para así encargarse de su control, como si estuviéramos en estado de guerra, pues ¿Dónde quedan  derechos fundamentales como el de la libertad de circulación o  a la intimidad personal? Simplemente los anulan. Y lo más grave, la privación de estos derechos fundamentales no se aplicara de forma generalizada, sino que solo afectara a ciudadanos pertenecientes a determinados barrios de la comunidad, los de menos renta,  considerados los principales focos de contagios.

Como ocurrió con el estado de alarma declarado por el Gobierno durante tres meses, las medidas adoptadas por el Gobierno autonómico de Madrid, representan que pensionistas, amas de casa y desempleados, ya veremos qué pasa con los centros educativos y estudiantes, serán privados del derecho a la libre circulación. Los ciudadanos podrán desplazarse a los barrios ricos de la ciudad a trabajar, pero no por actividades de ocio, no a consumir. Una medida absurda, pues el riesgo de que un trabajador contagie a otro trabajando o durante un periodo  de descanso no es inferior a que lo haga en una actividad de simple ocio.

Las elites dirigentes españolas, empezando por el Gobierno de España, quieren seguir utilizando la potencial amenaza del coronavirus, exagerada, cuando no falsa, para justificar represión, por ejemplo, dando carta blanca a militares y policías para ejercerla, y poder encubrir claras violaciones de los derechos humanos, pero ello, incluso no declarando el estado de alarma, e imponiendo solamente  confinamientos limitados y locales, como el de las zonas menos pudientes de la Comunidad de Madrid, es incompatible con la reactivación de la economía española.

Los expertos sanitarios españoles siguen sin dar información concreta sobre el covid. Sobre su persistencia, uno de los datos más importantes sobre un agente biológico, o sobre porque a unos ciudadanos les causa unos daños al organismo y a otros no, eso sí, todos coinciden en recomendar nuevos confinamientos, por ejemplo, de Madrid. Pero lo que no dicen, pero que por muy ignorantes que sean saben, es que confinar la Comunidad de Madrid significa confinar España, a no ser que todo sea un paripé, y se obligue a los ciudadanos a confinarse mientras se permite la entrada y salida de viajeros a través del aeropuerto y estaciones de ferrocarril. Han transcurrido ya seis meses desde la delación del primer estado de alarma, el pasado 14 de marzo,  para luchar contra el coronavirus; expertos y gobernantes decían que la situación sanitaria podría perdurar, pero a pesar de ello no se han incrementado los recursos sanitarios ¿Por qué? Elevada incompetencia o deseaban que la situación se repitiera.

SÁNCHEZ, NO CONTENTO CON LA MEMORIA DE LOS ESPAÑOLES, LA ATACA.

El presidente Sánchez ha logrado ya superar, con diferencia, al expresidente Zapatero en el daño causado a la economía española y parece ser que también lo quiere hacer en remover el pasado. Si Zapatero aprobó la Ley de la Memoria Histórica, que se puede decir que culminó con la exhumación de los restos del  general Franco del Valle de los Caídos para ser inhumados en el cementerio de Mingorrubio, en el Pardo, Sánchez todavía quiere ir más allá, aprobando la ley denominada de la memoria democrática, con la cual el Gobierno  dice buscar  lograr objetivos como que el Estado sea el que proceda  a identificar y entregar a las familias los restos que todavía hay en fosas comunes de la Guerra Civil, modificar los contenidos que se imparten sobre la Guerra Civil en los centros educativos, anular juicios políticos celebrados durante la dictadura militar, y anular títulos entregados por el franquismo.

La democracia que hoy tenemos en España, no es fruto de victorias de la izquierda, como nos intentan hacer creer ahora, sino de una evolución ideológica de aquellos que gobernaron los últimos años del franquismo, los cuales  consideraron que lo mejor para España y sus intereses era dar paso a la democracia como forma de integrar a España en el Mundo democrático occidental, en la OTAN y la UE, entonces la Comunidad Económica Europea. Paso que se apoyó en un pilar fundamental, la Ley de Amnistía de 1977, apoyada por el Partido Socialista Obrero Español y el Partido Comunista  de España, entre otros partidos políticos, y de la que se beneficiaron personas de muy diferentes ideologías. Según la vicepresidenta Carmen Calvo ello se puede hacer sin ningún tipo de peligro porque hoy España es ya una democracia consolidada y madura. Lógicamente, todo el mundo percibe que la razón no es esa. Sino que  es muy difícil que más de 40 años después quede viva gente que haya asumido responsabilidades penales antes del 77 y por tanto la derogación o modificación sutil de esta ley no tendrá  efectos prácticos.

Tal vez, sea cierto lo que dice la vicepresidenta Calvo, que España es hoy una democracia consolidada y madura, no parece que a corto plazo se pueda producir algún tipo de movimiento violento destinado a provocar un cambio de régimen, pero también es cierto que en la actual España democrática y  Estado de Derecho, se cometen flagrantes, sistemáticas e impunes violaciones de los derechos humanos;  el Poder Judicial y la Policía son instrumentos represores al servicio de sectores de  las elites dirigentes y el sistema sanitario se utiliza para ajustar cuentas. Esa es la España en la que vivimos, pero a pesar de ello el Gobierno de Sánchez considera que lo más importante y necesario, no es investigar los delitos actuales, de los que son responsables por acción u omisión las actuales elites políticas, sino  crear una  Fiscalía para investigar hechos que han ocurrido hace décadas y cuyos ejecutores y responsables ya han fallecido.  

Vivimos una época caracterizada por que se está produciendo y permitiendo un falso revisionismo del pasado, principalmente impulsado por sectores políticos de la izquierda. El Gobierno quiere revisar la historia, manipulando a los ciudadanos ocultando una parte de ella. El Gobierno no contento con la memoria de los españoles, la ataca. En el 36, se produjo en España un golpe de Estado militar contra el Gobierno de la Republica, que tenía como objetivo restaurar la Monarquía,  pero también es cierto que el Gobierno de la Republica había perdido totalmente el control del orden público, ordenando cosas como el asesinato del diputado Calvo Sotelo. El Gobierno de Sánchez quiere anular juicios celebrados por el franquismo, como por ejemplo, el del presidente Companys, que tuvo como sentencia su fusilamiento, pero nada dice de los juicios celebrados por el Gobierno de la Republica, que también tuvieron como sentencia fusilamientos, como el de Antonio Primo de Rivera, en Alicante en el 36. El Gobierno de Sánchez quiere ordenar levantar fosas donde considera  que están enterrados sus antepasados, como mínimo políticos, y me parece justo, necesario y urgente, pero no debemos olvidar que desde el Gobierno de la Republica se cometieron también muchos asesinatos injustos, de no combatientes, como las conocidas como las matanzas de Paracuellos.

Puede parecer que hay sectores de la izquierda española que quieren hoy ganar la guerra que perdieron sus abuelos y no quisieron librar sus padres. Y tal vez hay sectores de la izquierda que lo sienten así. Pero lo que está ocurriendo va mas allá, es una sutil escenificación de ataques, batallas y victorias actuales que nada tienen que ver con la Guerra Civil. El que no aprende las lecciones del pasado corre el riesgo de tener que repetirlas, y las elites dirigentes que hoy gobiernan España  parece ser que no las han aprendido.

CRISIS COVID-19: EL DESEO DE APARENTAR.

Desde que comenzó la crisis del coronavirus, en España los datos oficiales no son creíbles. Las elites dirigentes, los que gobiernan y en especial las autoridades sanitarias los han manipulado  para incrementar o atenuar una  alarma social que justificara sus decisiones. Ello tiene una explicación clara, no hay duda, numerosos indicios dan a entender que no solo sabían que esta situación se iba a producir sino que desde el Gobierno de España se ha favorecido que se produjera. Con que intención, todavía no está clara, pero hoy ya sabemos que la amenaza del covid-19 ha sido utilizada y está siendo utilizada para justificar represión y encubrir violaciones de los derechos humanos y ha provocado decrecimiento al imponer el Gobierno restricciones a actividades económicas y  medidas que reducen el consumo de los ciudadanos.

A través del discurso oficial, de forma intensa y repetida  difundido por los medios  comunicación, nos dicen que el virus chino sigue extendido por toda España, lo que ha provocado que numerosos países hayan recomendado a sus nacionales no viajar a nuestro país, pero a lo contrario de lo que nos decían en marzo, ahora dicen que aunque el número de contagiados es muy elevado inexplicablemente ahora el virus no está afectando a los más vulnerables, el número de enfermos que requieren hospitalización es muy bajo. Parece ser que los jóvenes se contagian entre ellos, principalmente en actividades de ocio,  pero cuando vuelven a casa, para tener una vida familiar en espacios reducidos, con lo que ello conlleva a la hora de comer, el aseo, etc,  no  contagian a sus mayores. Realmente todo muy extraño y poco creíble.

Si algo ha incrementado la crisis del covid-19 es el deseo de aparentar. Se quiere aparentar que hay seguridad con medidas absurdas, ineficaces, difíciles de mantener. Es todo un sinsentido carente de la más mínima racionalidad. De forma inconstitucional e ilegal muchos ancianos han sido aislados en las residencias en las que se alojaban, causando ello que muchos de ellos murieran en la más profunda soledad aislados de los suyos. Si un anciano esta contagiado a su familia, a sus hijos, etc,  se le prohíbe que le puedan prestar ayuda, por ejemplo, sacarle de la residencia y llevarle a un centro hospitalario o a casa para cuidarlo, pero en cambio si un niño esta contagiado el Gobierno autoriza a que sus padres lo puedan llevar a casa y pedir una baja laboral para cuidarle. ¿Por qué un anciano tiene menos derechos que un niño, u otra persona contagiada? Y ahora se quiere aparentar que el sistema educativo puede funcionar, cumpliendo con la función de educar a niños y jóvenes, manteniendo la amenaza del coronavirus. En marzo el Gobierno de Sánchez impuso  el cierre de colegios, ahora con el virus extendido por toda España dice que los colegios se podrán abrir y el sistema educativo volverá a funcionar. Difícilmente ello será posible si las instalaciones educativas no han aumentado, a no ser que los alumnos se queden en casa, estableciéndose turnos de asistencia a clase y  reduciendo el número de horas de clase o recibiéndolas online. Pero ahora lo que toca es aparentar, aparentar que en los centros hay más seguridad y que los alumnos siguen su etapa formativa con normalidad.

Quieren aparentar seguridad frene a una amenaza cuyo riesgo se ha incrementado de forma exagerada, por ejemplo, utilizando la muerte de ancianos de elevada edad y muy malas condiciones de salud, para crear una alarma social que permite justificar represión y encubrir violaciones de los derechos humanos. De forma clara, están utilizando la amenaza del covid-19 para cazar. Si un ciudadano ha entrado en contacto con una persona que se dice que ha dado positivo en una PCR las autoridades sanitarias le imponen un confinamiento de 14 días a pesar de que luego de negativo en una PCR. Eso sí, este criterio no es adoptado con todos los ciudadanos sino que dependerá de su rol social. Está  constatado que no se ha aplicado a dirigentes políticos, jugadores de futbol, personal sanitario, etc. Es decir, es una represión a la carta en la línea de utilizar de forma sutil el sistema sanitario para ajustar cuentas, para cometer violaciones de los derechos humanos. No dudando en recurrir a los militares, a unos militares que han tenido a España privada de democracia, de libertades políticas, durante casi 40 años, y en la actualidad a las órdenes de la Monarquía, como rastreadores para incrementar no la eficacia en la lucha contra la enfermedad sino  la represión.  En esto no aparentan, lo dejan claro.