CRISIS COVID-19: LAS MEDIDAS DEL GOBIERNO INCREMENTAN LA DISTANCIA ENTRE CLASES.

En poco más de dos meses, desde que el Gobierno de Sánchez declaro el estado de alarma el pasado 14 de marzo, muchos ciudadanos han visto como su vida cambiaba totalmente. Con una aplicación muy dura y de forma clara inconstitucional del estado de alarma, el presidente Sánchez ha privado a muchos ciudadanos de derechos constitucionales, como son el derecho a trabajar, el derecho a la libre circulación, el derecho a elegir centro sanitario, médico y tratamiento, etc, etc, etc.  Muchos ciudadanos han sido obligados a cerrar sus  negocios; otros, en el mejor de los casos han dejado de trabajar debido a ser objeto de un expediente de regulación temporal de empleo, otros han sido ya simplemente despedidos. Algunos, cuya actividad laboral se desarrollaba en la economía sumergida, o que se encontraban en una situación laboral de tránsito, por ejemplo, como demandantes de empleo,  se han quedado sin  ingresos o sin suficientes ingresos y han tenido que recurrir a la caridad de diferentes actores para poder sobrevivir.  

Desde de la declaración del estado de alarma, el Gobierno ha disfrutado de un amplio apoyo mediático para difundir y fortalecer su discurso. Un discurso, en el que se pueden distinguir dos claros objetivos. Uno, generar conformismo y resignación en la sociedad. Y dos, crear en la sociedad una actitud derrotista frente a la enfermedad causada por el virus de origen chino, tipo covid-19. Para crear conformismo y resignación el Gobierno está transmitiendo de forma continua mensajes claros del  tipo “No dejaremos que nadie se quede atrás”, y otros , como el de “El Estado pagara todo”, a través de la aplicación de medidas, por ejemplo, permitiendo una aplicación generalizada de los expedientes de regulación de empleo,  una medida creada para salvar con carácter extraordinario alguna empresa; prometiendo la aprobación de un ingreso mínimo vital, mediante beneficios fiscales para las empresas, etc. Una actitud derrotista que el Gobierno, apoyado por expertos ideológicamente afines, o con los mismos intereses,  y medios de comunicación  impulsa con mensajes insistentes y repetitivos del estilo, no hay vacuna, ni tratamiento , ni los habrá a corto plazo, los ciudadanos deben cambiar de estilo de vida, de costumbres, etc. Imponiendo el absurdo esnobismo de la distancia de seguridad, concepto que de respectarse,  impide las relaciones sociales, impide actividades laborales, deportivas y de ocio colectivas, disminuye de forma notable la actividad económica,  y aumenta las desigualdades sociales, al poder disfrutar de determinados servicios solo personas con muy alto poder adquisitivo.

Está claro, es indiscutible,  el Gobierno de Sánchez, primero favoreció la creación de un ambiente de enfermedad causado por el covid-19 y ahora quiere utilizar el miedo al virus como instrumento de control social. Quiere utilizar la situación creada para justificar represión y encubrir violaciones de los derechos humanos, cuando no asesinatos. Si asesinatos, muchos ciudadanos mueren sin que se investiguen realmente las causas,  ¿Cómo se ha contagiado? ¿Ha recibido el tratamiento adecuado del personal sanitario? Si la crisis sanitaria causada por listeriosis en Andalucía, que tuvo lugar  el pasado año, hubiera coincidido con la actual crisis, seguramente se atribuiría como causa de la enfermedad y muertes, el coronavirus. Es decir, el Gobierno de Sánchez, fundamentalmente, al declarar el estado de alarma,  ha creado un ambiente en el que el coronavirus sirve de justificación para todo, sin que se permita ni discutir, ni investigar,  si ha habido otra causa principal de las muertes distintas a la del covid-19 durante la crisis.

Desde la declaración del estado de alarma el discurso y  muchas de las medidas del Gobierno han estado destinadas a crear conformismo, resignación y derrotismo en la sociedad. El Gobierno de Sánchez está imponiendo y proponiendo cambios en la sociedad que, además de ser claramente contradictorios, como el de mantener distancia de seguridad y la vez querer permitir competiciones de deportes colectivos, discriminan y perjudican de forma importante a los sectores  más desfavorecidos de la sociedad. El Gobierno de Sánchez no está teniendo éxito a la hora de imponer que se respecte la distancia de seguridad, pero sus medias van en el camino de aumentar la distancia social, las diferencias sociales entre clases. Muchas de las propuestas del Gobierno para el verano, como las destinadas a piscinas y playas,  de confirmarse, van camino de incrementar los negativos efectos de la desigualdad sobre la vida de los ciudadanos. Dicho de forma resumida, la propuesta del Gobierno de Sánchez para el verano es la de  “Los pobres que se cuezan en sus casas, y los ricos que disfruten en sus segundas viviendas, en la costa, en el campo, a pie de playa o con piscina”. Está claro que el Gobierno de Sánchez quiere mantener latente al amenaza del virus chino para justificar represión y encubrir violaciones de los derechos humanos, pero ello, el futuro lo confirmara, es incompatible con la reactivación de una  economía capitalista basada en el consumo de masas. Estamos ante una amenaza global, como lo fue la Segunda Guerra Mundial, y como entonces, que había dos grupos, claramente identificados,  nazis y aliados, hoy también hay dos grupos. Uno, que amenaza y ataca, constituido por el virus y aquellos que los utilizan para justificar represión y violaciones de los derechos humanos y otro, el de los que sufren sus consecuencias, y todavía permanecen pacientes y pasivos, tal vez, esperando que el caluroso verano  cambie o caliente el ambiente.   

CRISIS COVID19, 5ª PRORROGA DEL ESTADO DE ALARMA: ALARMANTE.

En los juegos de naipes con dinero, hay una táctica que es muy utilizada por jugadores  que son expertos en hacer trampas al dar las cartas. Consiste en que el jugador siempre se da para él malas cartas, y las buenas se las da a un cómplice que tiene en la partida y cuyas ganancias comparten,  evitando así atraer la atención, levantar sospechas, en resumen, evitar  favorecer que le puedan descubrir. Metafóricamente hablando, en la  política española da la impresión de que hay un oculto jugador, tramposo, que reparte cartas, y maneja a su antojo el Congreso de los Diputados, organizando mayorías según le conviene para sus intereses. De otra forma es imposible explicar lo que ha ocurrido en los últimos años, y principalmente, desde la moción de censura de Sánchez contra Rajoy hasta hoy.

Frente a todo pronóstico, en junio de 2018, el hoy presidente, Pedro Sánchez, sin ser diputado, logro ganar una moción de censura contra el entonces presidente Mariano Rajoy, gracias a lograr una mayoría con el apoyo de partidos con diferentes intereses, cuando no opuestos. Rajoy acababa de aprobar  los Presupuestos Generales del Estado (PGE), contando para ello, entre otros,  con los apoyos de  Ciudadanos y el Partido Nacionalista Vasco. Presupuestos todavía hoy en vigor, debido a que el presidente Sánchez no ha logrado aprobar otros. Pero de un día para otro, el PNV, cambio su posicionamiento, y le retiro el apoyo a Rajoy para apoyar la mayoría que quería investir a Sánchez presidente. Desde entonces Sánchez ha logrado mantenerse en el poder gracias a una endeble e inestable mayoría de izquierdas, pero apoyada por el PNV,  que le da su apoyo con el único fin de evitar que se haga con el poder el Partido Popular, formando un Gobierno de coalición del PSOE con la actual y principal representación del comunismo internacional en España, Unidas Podemos.

En dos ocasiones, Ciudadanos ha provocado que Sánchez tuviera que convocar elecciones generales. La primera, en febrero de 2019, al negarle el apoyo para aprobar los PGE. La segunda, en septiembre 2019, al no querer formar con el PSOE un gobierno de coalición. Pero aun así, hoy, inexplicablemente, Ciudadanos a dado su apoyo para que el Gobierno de Sánchez logre una quinta prorroga del estado de alarma. ¿Qué puede provocar que un partido liberal, como Ciudadanos, de su apoyo a un Gobierno en el que está un partido comunista cómo Podemos? ¿Qué puede provocar que el PNV forme una mayoría para apoyar al Gobierno con un partido como  Ciudadanos, para el que uno de sus principales  objetivos políticos es acabar con el Concierto Económico vasco? Pues no lo sé, pero muy probablemente algún jugador oculto, que reparte cartas y lo que no son cartas, en beneficio de sus intereses.

Desde su nacimiento, es constatado que  Podemos, hoy Unidas Podemos, después de quitarse la máscara de la transversalidad ideológica, y darse a conocer como un partido de ideología comunista,  ha contado con el apoyo mediático y en votos de sectores de la derecha española. Parece, así lo dan a entender numerosos hechos, que sectores de las elites dirigentes de la derecha española, afines al PP,  han  fraccionado el mapa político español, para incrementar su poder económico gracias a incrementar sus vínculos y relaciones económicas con países de la órbita de Unidas Podemos, el bloque de los BRICS, etc. Produciéndose hechos tan chocantes, como que un ex JEMAD, el general Julio Rodríguez, de un Ejército de un Estado miembro de la OTAN y principal defensor y apoyo de la Monarquía,  haya pasado a ser un alto dirigente de un partido político de ideología comunista, que se mueve en la órbita de Rusia y sus actuales aliados. Es difícil saber quién mueve realmente los hilos de la política española, o a que intereses obedece esta, pero una hipótesis posible y muy probable, es que familias de la CEOE, que controlan a Ciudadanos y apoyan a Podemos, tengan mucho que ver con la actual situación de España, y con las votación que hoy ha permitido que Sánchez haya logrado una quinta prorroga del estado de alarma.

La crisis del covid-19, cuyo origen está por determinar, ha creado un pseudoambiente, irreal, basado en más falsedades que verdades, que muchos gobiernos como el de España, están aprovechando para imponer medidas represivas. Mentiras, como la última utilizada por el Gobierno de Sánchez de que con el confinamiento se han impedido  300.000 muertes, algo que no tiene ningún sustento científico, pero sí en cambio es indiscutible, que más de dos tercios de las muertes por coronavirus en España  han sido de personas que fueron sometidas a confinamiento, a aislamiento, en residencias de ancianos. Pero es un pseudoambiente, que a pesar de contar con la complicidad de los medios de comunicación, ya no cuenta con el respaldo social. En la gran mayoría de los países occidentales, los ciudadanos ya no se creen que las medidas adoptadas por sus Gobiernos tengan por fin salvar vidas. En numerosos países, los ciudadanos están ya exigiendo que se retiren las medidas represivas, que se permita la libertad de circulación, que se abran fronteras y que la economía vuelva a funcionar de un forma similar a como lo hacía antes de surgir la amenaza del covid-19. Pero el Gobierno de Sánchez, a pesar de reconocer al aprobar el Plan  de Estabilidad para el 2020, que sus medidas represivas han hundido totalmente la economía española, sigue obsesionado con mantener la represión, con seguir utilizando la crisis del covid-19 para justificar represión y encubrir violaciones de los derechos humanos, cuando no asesinatos.

La crisis del coronavirus ha demostrado que crear un pseudoambiente a nivel global que justifique represión, medidas represivas que priven a  ciudadanos sanos de derechos reconocidos en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, como por ejemplo,  la igualdad ante la ley, la libre circulación y el derecho a salir de cualquier país, es fácil, pero de costes muy elevados para las economías occidentales y sus sistemas democráticos. En España, nadie se cree que un partido como Vox, la voz de los militares, heredero ideológico de aquellos que provocaron la segunda Guerra Mundial, nazismo alemán y fascismo italiano, este preocupado por las libertades de los ciudadanos, todo lo contrario, la gente sabe que si la represión con Sánchez como presidente es elevada, con Vox en el Gobierno todavía sería peor. Pero ello no quita, que partidos como Vox, logren mover las  calles de las principales capitales europeas, como lo hicieron en las primeras décadas del siglo pasado, con el pretexto de la falsa defensa de los derechos de los ciudadanos. Crear un pseudoambiente, como el actual, que justifique represión,  es fácil, pero será muy malo para Europa, y sobre todo para España.

COVID-19, UNA TRAJE DEMASIADO COSTOSO PARA ESPAÑA.

Según el estudio de seroprevalencia encargado por el Gobierno al  Instituto de Salud Carlos III, dado a conocer hoy, España está muy lejos de alcanzar la deseada inmunidad de grupo. Según los datos del estudio, solo un  5% de la población español se ha contagiado por covid-19. Madrid, ha alcanzado una inmunidad de 11, 3% y Barcelona del 7,1. Las provincias con mayor porcentaje de inmunidad son las próximas a Madrid, Soria (14,2%), Cuenca (13,5%), Segovia (12,6%), Albacete (11,6%), Ciudad Real (11,1%) y Guadalajara (10,9%). Los resultados del estudio parecen entrar en contradicción con la alta propagación que los expertos le atribuyen a este virus desde que Organización Mundial de la Salud declaro la emergencia sanitaria internacional el pasado 30 de enero.

Que estando España ya en una fase de reducción de contagios, es decir, de desescalada, solo el 5% de la población española, y en el mejor de los casos, nunca superior al 15%, haya sido alcanzado por el virus, son unos muy malos datos, pues sin todavía haber ni vacuna ni tratamiento, la mejor defensa de una sociedad contra el virus de origen chino es logrando lo antes posible, de forma controlada, pero lo antes posible, lo que los expertos denominan inmunidad de grupo, es decir, un número suficiente de personas inmunes que hagan que la sociedad no tenga que temer los efectos de una nueva posible epidemia. Con una inmunidad tan baja, la sociedad española sigue siendo muy vulnerable a la amenaza del virus de origen chino, covid-19.  España no ha alcanzado inmunidad de grupo porque el Gobierno no lo ha querido, lo podría haber favorecido, pero ha preferido impedirlo imponiendo un  duro confinamiento, quedando reducida la vida de muchos ciudadanos a comer, dormir, y poco más, insisto, favoreciendo así el Gobierno de Sánchez que España siga siendo vulnerable a la amenaza del virus chino.    

El Gobierno de Sánchez ha criminalizado a muchos ciudadanos, recurriendo a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado para obligarles a permanecer en sus casas, convirtiendo para ellos España en una gran cárcel, permitiéndoles salir a la calle lo mínimo imprescindible, como si de presos condenados se tratase, privándoles de derechos fundamentales, como el derecho a trabajar, el derecho a la libertad de circulación, el derecho a elegir médico y tratamiento, etc. Un ciudadano español lleva seis meses sin salir del país, pero  Sánchez lo cataloga como a un criminal que debe ser privado de la libertad de circulación y confinado en su casa,  porque puede ser un potencial transmisor del virus de origen chino, covid-19. Que este enfermo o no, que alguien le haya previamente contagiado o no el virus le da igual, su simple existencia representa una amenaza para el presidente Sánchez pues pone en peligro la vida sana del conjunto de ciudadanos que siguen disfrutando de una vida muy similar a la que tenían antes de estallar esta crisis, disfrutando de todos sus derechos fundamentales por ser considerados por su rol social imprescindibles para el Gobierno.

El Gobierno de Sánchez también quiere criminalizar a gobiernos autonómicos que han pedido avanzar de fase en la desescalada, como el de Madrid o el de la Comunidad Valenciana,  sosteniendo que con ello estaban poniendo en peligro las vidas de muchos ciudadanos, dando a entender así que solo  Gobierno Central defienda la salud y las vidas de los ciudadanos con sus medidas.  Pero a la hora de criminalizar, es indiscutible que el principal criminal que hay en España es el Gobierno de Sánchez. El Gobierno permitió y favoreció que el  virus de origen chino, covid-19, entrara en España causando la muerte de muchos ciudadanos. Causando la muerte de ancianos que fueron aislados en residencias  y así obligados a morir privados de dignidad, de la correcta asistencia sanitaria  y sin contar con el apoyo de los suyos. Los datos económicos están ya ahí, el coronavirus es un traje demasiado costoso para España, el presidente Sánchez debe retirar ya las medidas represivas.  

NI LA AMENAZA DEL COVID-19, NI LA REPRESIÓN DE SÁNCHEZ CREAN RIQUEZA.

El próximo lunes, 11 de mayo, comenzara el plan de desescalada elaborado por el Gobierno para ir retirando de forma progresiva y controlada las medidas que ha adoptado para hacer frente a la  situación de emergencia sanitaria causada por el covid-19. Este plan durara entre 6 y 8 semanas, estando previsto que termine para finales de junio. El Gobierno quiere mantener durante todo el periodo de desescalada el estado de alarma. A algunas regiones que habían solicitado pasar a la fase 1, el Gobierno no se lo ha autorizado, como es el caso de la Comunidad de Madrid, o se lo ha autorizado de forma parcial, por ejemplo, a la Comunidad Valenciana y Cataluña. Según varios gobiernos autonómicos, los criterios utilizados para cambiar de fase no están claros.  Con la fase uno el Gobierno permitirá una mayor circulación de personas a nivel provincial y una mayor actividad económica, aun así esta seguirá siendo muy baja, con limitaciones de aforo o la prohibición de abrir comercios de más de 400 m2 .

La sociedad española empieza a percibir las consecuencias negativas que provocaran las medidas adoptadas por el Gobierno para sus vidas debido a los efectos sobre la economía. Medidas como el  cierre de actividades económicas e imponer el confinamiento de personas sanas, haciendo caer el consumo a lo mínimo necesario para sobrevivir. Las medidas adoptadas por el Gobierno  no disfrutan ya ni de aceptación social ni aceptación por parte de los Gobiernos autonómicos. Todos los Gobiernos autonómicos han intentado pasar de forma total o parcial a la fase 1. Muchas regiones de España incrementan de forma vertiginosa su actividad económica con la llegada del buen tiempo. La temporada de primavera ha sido totalmente nula, para algunos sectores incluso ha provocado grandes pérdidas, si a uno de julio la situación en España no ha vuelto a la normalidad previa a la crisis, las previsiones para la temporada de verano son muy similares a las de primavera, ello hace que muchos Gobiernos autonómicos estén ya presionando para lograr lo antes posible pasar  de fase y avanzar en la desescalada.  

En lo que llevamos de crisis, los expertos en salud han descubierto poco sobre el covid-19, eso sí,  se consideran ya unos expertos en confinamiento, pero la realidad es que es la primera vez que se impone un confinamiento de personas sanas. La medida del confinamiento es una moda que ha exportado el Régimen comunista chino con el covid-19, al imponerla en la ciudad de Wuhan el pasado enero. En julio de 2019 la Organización Mundial de Salud declaro la emergencia sanitaria mundial por el brote de ébola que se había producido en República Democrática del Congo. Entonces, el director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, sostenía que "Las restricciones comerciales o de viaje no servirán para ningún propósito útil". Quiero con ello decir, que medidas que hoy nos quieren imponer aquí, como el confinamiento de personas sanas o restricciones a la movilidad de personas,  como algo  necesario  contra el coronavirus no fue considerado así frente al ébola en otros países. Hasta el punto que en la Republica Democrática del Congo han impuesto restricciones a los viajes debido al covid-19  que no tenían con el ébola.

Sin ser experto en temas de salud, es de lógica que el confinamiento es eficaz únicamente en dos casos: Uno, si comprende a un número muy limitado de personas o una zona geográfica muy pequeña. Dos,  si la amenaza es muy  grave, que no es el caso, un confinamiento total, es decir, que el número de personas con derecho circular fuera mínimo, militares, miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y personal sanitario. Un confinamiento total, en el que solo saliera a la calle gente equipada con protección, un confinamiento total en el que a la gente aislada en sus casas se les suministrara de forma segura alimentos, bebidas y medicamentos. Pero un confinamiento como el que se ha impuesto en España, en el que se permite la libre circulación de personas por todo el territorio nacional para ir a trabajar, o que van a trabajar y luego lógicamente tienen que volver a sus hogares a vivir con el resto de miembros de la familia,  sin saber si estas tienen el virus o no, si saber si estas están contagiadas o no y por tanto siendo potenciales transmisores de la enfermedad, es absurdo y totalmente ineficaz. No sé porque baja realmente el  número de contagios, pero nada indica que sea debido al confinamiento de una parte de la población, que en su gran mayoría sigue en íntimo contacto con potenciales portadores del virus.

En la crisis provocada por el virus de origen Chino, covid-19, hay dos cosas que de forma clara no se entienden. Primero, si la epidemia del SARS del 2002 dio a conocer que una epidemia de este tipo o incluso peor, el SARS era más letal que el covid-19, se podía producir por qué los gobiernos no dedicaron recursos a investigar el coronavirus y elaborar planes eficaces de respuesta. Los investigadores en estos asuntos dicen ahora que trabajan a contrarreloj para buscar una vacuna y tratamientos, y además, que lo lograran en breve ¿Por qué no investigaron en los últimos 17 años? Sería interesante conocer los informes confidenciales que los investigadores enviaron a sus Gobiernos en los  últimos 17 años, y que recomendaban en ellos, pero con la información que conocemos, debemos de pensar que  la actual clase científica ni es creíble ni fiable.

Acaba de entrar en vigor la cuarta prorroga al estado de alarma y el presidente Sánchez ya ha dicho que solicitara una quinta al Congreso de los Diputados, para lo que parece que ya cuenta con el apoyo de Ciudadanos, un partido político decadente, que no cesa en perder dirigentes, y elevadamente cínico, pues critica lo que apoya. Numerosos hechos dan a entender que el presidente Sánchez quiere que persista un ambiente de amenaza causado por el ataque del covid-19 que justifique la represión y permita encubrir violaciones de los derechos humanos, cuando no incluso asesinatos. Pero ello choca con la dura realidad, la represión no crea riqueza, un ambiente con la amenaza latente del covid-19 no permitirá la reactivación de la economía,  y los Gobiernos autonómicos empiezan a estar descontentos con la gestión del Gobierno y a exigir una situación que permita recuperar  la actividad economía en la temporada de verano.

El Gobierno tenía problemas para cuadrar las cuentas ya antes de la crisis, y aunque ahora dice que hay dinero para todo, para ERTE,s, para un ingreso mínimo vital, que no se sabe cómo lo va a pagar una Seguridad Social que ya tenía un déficit de en torno a 16.000 millones de euros antes de la crisis, a no ser que crean que pueden compensarlo con los pensionistas que mueran por el covid-19, la realidad es que las cuentas públicas españolas están al borde de la quiebra. Pero la quiebra del Estado no la pagaran ni sufrirán las familias de la CEOE, las ricas elites empresariales españolas, muy contentas con que el comunismo internacional, representado en España por Unidas Podemos, este en el Gobierno de España. Ni tampoco las elites políticas, los Sánchez, los Iglesias, etc,  la pagaran los más vulnerables, funcionarios, pensionistas, y trabajadores por cuenta ajena. Cualquier día, el Sánchez que hoy derrocha, para contentar y silenciar a los suyos, como hizo Zapatero, nos dice que son necesarios recortes, que es necesario que funcionarios y pensionistas se aprieten el cinturón, mientras las elites políticas se siguen enriqueciendo desde fuera del sector público.

CRISIS CONVID-19: ESPAÑA DEMOCRACIA EN LAS FORMAS, DICTADURA EN EL FONDO.

Quién debe decidir  sobre asuntos científicos, sobre hasta dónde debe llegar la investigación científica y sus aplicaciones, o sí sobre un problema científico deben opinar solo los expertos o el conjunto de la sociedad, es un debate ya antiguo en las sociedades de las democracias liberales occidentales. Unos sostienen que los ciudadanos no tienen suficientes conocimientos para poder decidir sobre asuntos científicos, y por tanto, que deben ser únicamente los científicos los que decidan. Otros, por el contrario, partiendo de que las decisiones de los científicos afectaran al conjunto de la sociedad son partidarios de que la sociedad pueda también participar en el proceso de decisión, bien directamente, a través de un referéndum, o a través de sus representantes políticos. Es una discusión irreconciliable, tan irreconciliable como lo pueda ser la que existe entre los partidarios del relativismo cultural y los etnocentristas. Pero en las democracias liberales occidentales hay consenso sobre una cosa, por encima de criterios científicos siempre debe prevalecer el derecho a la libertad individual de toda persona, reconocido en la Declaración Universal de los Derechos Humando y en la Constitución Española como un derecho fundamental.

 

Según diferentes encuestas la gran mayoría de los ciudadanos son partidarios de que España recupere la normalidad previa a la crisis lo antes posible, y por tanto, es evidente, que la gran mayoría de los ciudadanos no perciben que la situación sea tan grave como dan a entender los expertos que asesoran al presidente Sánchez. Está claro, que en el asunto del covid-19 los científicos, los expertos en diferentes temas sanitarios, han logrado imponer sus criterios al Gobierno de España democráticamente elegido, al Gobierno socialcomunsita de Sánchez,  obligando al cierre de algunas actividades económicas, imponiendo el confinamiento de personas sanas, privando a los ciudadanos del derecho a elegir centro hospitalario, médico y tratamiento. Por razones que desconozco, el presidente Sánchez está haciendo frente a la crisis del covid-19 teniendo en cuenta únicamente criterios científicos, el mismo lo reconoce así una y otra vez en sus comparecencias ante los medios de comunicación, que no son pocas. Los científicos, como toda persona tienen intereses e ideología y están sometidos a la influencias de otros grupos de la sociedad. Sánchez, lo sabe y por tanto mantiene en secreto el nombre del comité científico encargado de decidir  sobre la conveniencia de que un territorio pase de una fase a otra en la desescalada. Un hecho como este no tiene precedentes en una democracia, solo suele aplicarse en situaciones de guerra, en las que es necesario proteger  a las personas que deciden, por ejemplo, jueces de tribunales militares. Sánchez puede estar ocultando los nombres del comité para que no sean objeto de presiones sociales, pero sí esa fuera la razón, no tiene sentido que haya hecho público su existencia, él podría haber asumido la responsabilidad de sus decisiones sin hacer público la existencia de tal  comité secreto. O puede ser que lo esté haciendo para ocultar la  conocida ideología de los miembros y su  militancia activa en partidos políticos, lo cual sería muy grave pues no estaríamos ya hablando de criterios científicos objetivos sino de criterios ideológicos.  

 

Sin que cree precedente, está claro que el presidente Sánchez ha impuesto en España, lo que el presidente del PP, Pablo Casado ha llamado, teniendo en cuenta la opinión de expertos en derecho constitucional, una dictadura constitucional. Que un Gobierno sea una dictadura o no, no depende del respaldo social que tenga, sino de la utilización que haga de su poder, de su forma de gobernar respectando o no los derechos y las libertades de los ciudadanos. El Gobierno de Hitler era de naturaleza democrática, pero en ningún momento su forma de gobernar puede ser considera democrática. La dictadura de Franco, principalmente a partir de los 60, por muchas razones, porque el pluralismo político había quedado reducido a mínimos, porque la gran mayoría de la sociedad estaba alineada con el régimen o no quería problemas políticos, contaba con un  enorme respaldo social, pero ello no basta para poder sostener que España no era una dictadura. En un momento de máximo pluralismo en el Congreso de los Diputados, incluso por primera vez esta la Candidatura de Unidad Popular (CUP), con dos diputados, el presidente Sánchez ha utilizado su cambiante mayoría, ahora contando también con el apoyo del liberalismo político, representado por Ciudadanos, para  establecer en España una dictadura, esperemos que temporal, definiendo que ciudadanos pueden tener o no derechos constitucionales en función de su rol social o edad.

PANDEMIA COVID-19 PONE DE ACUERDO A PODEMOS Y CIUDADANOS.

Desde el 2014, que nace Podemos, en el escenario político español se percibe algo muy extraño, que la democracia reparte cartas  favorables para Podemos a través de los procesos electorales y que otros actores políticos juegan sus cartas para favorecer a este nuevo partido, que representa en España la integración del excomunismo soviético en el juego democrático de las democracias occidentales. Podemos, surge  en marzo del 2014, y frente a toda lógica política, en sus primeras elecciones, al Parlamento Europeo, logra obtener 5 diputados, el 7,8% de los votos, en torno a  1.200.000 votos. Los expertos en procesos electorales atribuyen su rápido crecimiento al enorme apoyo mediático que había tenido el Movimiento 15-M, cuyos organizadores se habían convertido en los  dirigentes de Podemos. Después de las elecciones generales de diciembre de 2015, PSOE y Ciudadanos cierran un pacto para formar gobierno, pero Pedro Sánchez no logra ser investido presidente al negarle el apoyo Podemos, que siendo el tercer partido con representación en el Congreso de los Diputados, a cambio de su apoyo le exigía al PSOE la mitad del Gobierno de España. Tras las elecciones generales de abril de 2019, PSOE y Ciudadanos pudieron gobernar en coalición con mayoría absoluta, pero en contra de toda lógica política, ahora  no se ponen de acuerdo. Se barajaron las cartas, y los nuevos resultados, noviembre de 2019,  favorecieron que el PSOE liderado por Pedro Sánchez formara un gobierno de colación con Unidas Podemos (Podemos y IU), ocurriendo algo extrañísimo, en unos meses Ciudadanos perdió  más o menos 2.400.000 votos, 47 diputados, quedándose con 10.

 

Ciudadanos lleva años diciéndole a los electores que nunca daría  su apoyo a un Gobierno en el que estuvieran los comunistas, Unidas Podemos, pero hoy ha apoyado la cuarta prorroga del estado de alarma que solicitó el Gobierno socialcomunista de Sánchez.  Difícilmente, un partido puede tener un comportamiento más cínico, hoy Ciudadanos se ha quitado definitivamente la careta. Cambio de posicionamiento de Ciudadanos,  que beneficia la permanencia de Unidas Podemos en el Gobierno de España, pues da a entender que esta nueva mayoría puede ser con la que Sánchez logre no solo  mantener la represión, sino también  seguir gobernando, por ejemplo,  aprobar  los próximos Presupuestos Generales del Estado, seguramente para el 2021. Está claro que Ciudadano y Podemos, los denominados emergentes, coinciden no en la defensa de una nueva política, sino en la  vuelta a políticas propias de dictaduras, como lo es la aplicación que el Gobierno está haciendo del estado de alarma.

 

Una ley es justa sino discrimina entre ciudadanos. A ningún Gobierno se le ocurriría, ni la sociedad lo aceptaría, establecer límites de velocidad en función de la pericia de cada conductor. El artículo 14 de la Constitución Española establece que “Los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social”. Está claro que el presidente Sánchez ha realizado una aplicación inconstitucional del estado de alarma, al restringir derechos a los ciudadanos, como el derecho a trabajar, el derecho a la libre circulación, o derechos individuales como el de elegir médico y tratamiento, e imponer un  confinamiento, en función del rol social y la edad de las personas.  El confinamiento que ha impuesto el Gobierno de Sánchez, de gente sana, es irracional, inhumano, injusto, innecesario, muy dañino para la economía y de muy discutible eficacia. Por alguna razón nunca antes se había realizado un confinamiento de este tipo; muchos expertos ya hablan de que tiene efectos negativos para la salud. El Gobierno del Régimen comunista chino no solo ha exportado el covid-19 sino también esta innovadora y represiva medida. Lógicamente, no sabemos qué hubiera pasado de no haberse impuesto el confinamiento, lo que sí sabemos son dos cosas. Uno, el confinamiento no ha impedido que un elevado número de ancianos murieran de igual forma en residencias, privados de dignidad, sin la opción de elegir, privados del apoyo de sus seres queridos. Y dos, algunos expertos ya dicen que, de no descubrirse pronto una vacuna,  el confinamiento impide que se alcance inmunidad de grupo para poder frenar una nueva posible  epidemia.

 

El estado de alarma funciona, ha repetido  hoy una y otra vez el presidente Sánchez. Y es cierto, el estado de alarma funciona para reducir la vida de muchos ciudadanos a comer, dormir y poco más; funciona para parar la actividad económica; funciona para elevar la deuda pública a un nivel sin presentes, según el Gobierno  a entorno el 115% del PIB; funciona para dejar a muchos ciudadanos sin empleo, incrementado el paro hasta como mínimo el 20%; funciona para frustrar el futuro de muchas personas, jóvenes que perderán el curso, pues aunque les aprueben no habrán aprendido lo que debían, personas que tenían pensado entrar a trabajar los meses del confinamiento y no podrán. Según el presidente Sánchez, muchos  ciudadanos son unos irresponsables, unos insensatos, unos locos, a los que no les importa su salud, y por eso él debe privarlos de sus derechos individuales, de la capacidad de elección, para cuidarlos, para evitar que intenten suicidarse contagiándose de covid-19. En febrero, decían querer aprobar una ley de eutanasia activa, ahora dicen querer impedir que la gente se quiera quitar la vida contagiándose con el virus, menos cinismo y más claridad. Un poco de seriedad, está claro que la alarma sanitaria se ha exagerado para justificar el Gobierno la aplicación de medidas represivas contra muchos ciudadanos españoles. Desde el Gobierno se ha transmitido que el confinamiento tenía como principal objetivo evitar la saturación de los centros hospitalarios, pero es falso, porque la gran mayoría de las muertes de enfermos no se han producido en domicilios por falta de asistencia sanitaria sino en residencias de ancianos y centros hospitalarios.  

 

El Gobierno socialcomunista, ahora también liberal, al haber integrado entre sus filas también a  Ciudadanos, ha utilizado la emergencia sanitaria causada por el ataque del virus chino covid-19 para ejercer represión, para privar a los ciudadanos de derechos fundamentales y libertades individuales. La solución nunca puede ser más costosa que el problema. Las medidas adoptada por el Gobierno de Sánchez son más dañinas para muchos ciudadanos que el covid-19, no solo por sus efectos sobre la economía, sino por lo que representan para su salud y su estilo de vida en comunidad. Cuando uno no tiene solución para un problema o esta es demasiado costosa, lo más inteligente es siempre ignorarlo hasta que haya una solución viable.