EN PLENA PANDEMIA POR COVID-19, JAQUE AL REY.

El pasado marzo, el ataque de un virus de origen chino, tipo covid-19, nos puso en jaque,  puso en jaque a muchos españoles. Amenazando su salud, al propagarse con rapidez e intensidad por territorio español. Amenazando sus derechos fundamentales, al ser utilizado por el Gobierno de Sánchez como justificación para mediante una abusiva e inconstitucional aplicación de la declaración del estado de alarma restringirles importantes derechos, como el derecho al trabajo, el derecho a la libre circulación, su derecho a elegir centro hospitalario, médico y tratamiento, etc, según el Gobierno para proteger su salud. Mientras esto ocurría, se produjo en España un hecho que pasó casi desapercibido, pero que era el hecho no violento más grave desde la muerte del general Franco, en noviembre de 1975. La justicia puso en jaque a la Casa Real, y en concreto a su cabeza, a su representante, el rey Felipe VI, y actual Jefe del Estado, debido a actuaciones realizadas en el pasado por su padre, el rey emérito Juan Carlos I, y ahora investigadas por la justicia.

La Fiscalía de Ginebra, en concreto el fiscal Yves Bertossa, desde el 2018 tiene abierto un asunto con el que investiga delitos de blanqueo de capitales y fraude fiscal cometidos gracias a una trama empresarial constituida por dos fundaciones, la Fundación Zagatka y la Fundación Lucum,  propiedad de Álvaro de Orleans-Borbón, primo del rey emérito Juan Carlos I, y en las que el rey emérito aparece, respectivamente,  como tercero y segundo beneficiario. La Fundación Zagatka fue utilizada durante 11 años para que Álvaro de Orleans-Borbón pagara gastos del rey emérito, por ejemplo, el alquiler de caros vuelos privados. Según informaciones difundidas, el fiscal Bertossa cree que la Fundación Lucum fue utilizada para el cobro de comisiones derivadas de la construcción del tren de Alta Velocidad La Meca-Medina. Según informaciones dadas a conocer por los medios, el rey Juan Carlos I logro que las empresas españolas que participaron en el proyecto bajaran el coste del mismo en torno a un 30%, y a cambio el rey de Arabia Saudí, Abdalá bin Abdulaziz, le pago una comisión de 65 millones de euros, ingresándoselo en una cuenta de la Fundación Lucum. En el 2012, desde una cuenta en Suiza de la Fundación Lucum, el rey emérito Juan Carlos I, le hizo una transferencia de 65 millones de euros a Corinna Larsen, según los medios de comunicación, entonces su amante. Esta ha declarado ante la fiscalía, que fue una donación del rey emérito por el cariño que le tenía. El avance de la investigación realizada por la Fiscalía de Ginebra, ha obligado a Ministerio Fiscal español a abrir una investigación en el Tribunal Supremo contra el rey emérito Juan Carlos I, ya que este esta aforado desde su abdicación en junio de  2014 le privo de la inviolabilidad que le otorgaba el artículo 56.3 de la Constitución. 

El asunto es un escandalo que daña de forma importante el presgio de de la Jefatura del Estado. Primero, porque Felipe VI y actual Jefe del Estado, aparece como beneficiario de la Fundación Lucum a la muerte de su padre, Juan Carlos I. Según la Casa Real,  Felipe VI fue informado de ello por el despacho de abogados  Kobre & Kim en marzo de 2019, pero no lo han hecho público hasta un año después. En segundo lugar, porque el hecho de que el rey Felipe VI haya redactado un documento público renunciando a la herencia de su padre, Juan Carlos I,  y retirándole  la asignación que este recibía del Estado, conduce a pensar que las acusaciones que recaen sobre el rey emérito, de que tiene cuentas en el extranjero y el cobro de comisiones a empresas españolas, son ciertas.

Independientemente del recorrido judicial que tenga el asunto, en mi opinión, en España muy poco, el asunto es  grave. Primero queda ya constatado que la Jefatura del Estado cobraba comisiones por intermediar en beneficio de empresas españolas. Segundo,  pone en jaque a su actual cabeza visible y representante, el rey Felipe VI. Pues también  queda  constatado ante la opinión pública que el rey Felipe VI oculto, como mínimo durante un año, que conocía que era beneficiario de la Fundación Lucum, utilizada para el cobro ilegal de comisiones, blanqueo de capitales, y fraude fiscal por su padre, el rey emérito Juan Carlos I. No sabemos que más cosas  conocía, pero es de sospechar que muchas más.  Da la impresión de que cuando Juan Carlos I, en el mensaje navideño de 2011, dijo aquello de “La justicia es igual para todos”, se quería referir a que si otros dirigentes de la sociedad española cobran comisiones, por qué  él no, por qué los partidos políticos van a cobrar comisiones y la Casa Real no.

CRISIS COVID-19 ¿INCOMPETENCIA O CONJURA?

El mundo está afrontando una situación sin precedentes, causada o justificada por la pandemia del virus chino,  tipo covid-19. Han transcurrido ya varios meses y todavía son numerosas las incógnitas relacionadas con el origen y  la propagación del virus. En toda esta oscuridad, hay algo claro e indiscutible, sí la Unión Europea hubiera cerrado sus fronteras el 30 de enero, fecha en la que la Organización Mundial de la Salud (OMS) declaro la alerta internacional por covid-19, el virus se hubiera propagado mucho menos por el mundo, y especialmente por la Unión Europea y España. ¿Por qué no se cerraron entonces las fronteras? No hay pruebas que permitan afirmar si ello se debió a  la incompetencia de las actuales elites dirigentes o la existencia de una conjura internacional de las elites dirigentes favorable a que se produjera la pandemia.

El presidente Sánchez, una y otra vez, se disculpa afirmando que las fronteras no se cerraron porque así lo aconsejaban  los expertos, tanto nacionales como de la OMS. Está claro, cerrar fronteras era una decisión arriesgada si luego el virus no se extendía, pero en cambio al presidente Sánchez  no le tembló luego el pulso a la hora de declarar el estado de alarma y restringir los  derechos fundamentales de muchos ciudadanos, obligándolos a confinarse en sus casas. Con el coronavirus todavía propagándose por el mundo, según los medios de comunicación el número de contagiados es todavía  muy elevado en algunos países, lo más llamativo de todo esto es que  el próximo 21 de junio el Gobierno abrirá sus fronteras con países de la zona Schengen, y el 1 de julio con terceros países, decisión que el presidente Sánchez ha adoptado en acuerdo con lo decidido a nivel Unión Europea.  Puede que no haya una conjura, pero se parece mucho a la existencia de una conjura internacional con el fin de favorecer la propagación del virus chino  para crear una situación como la actual, en la que la potencial amenaza, sino falsa,  del covid-19 permita justificar represión y encubrir flagrantes violaciones de los derechos humanos. El 21 de junio, el Gobierno levantara el estado de alarma, pero no la represión, a partir de entonces la represión se podrá aplicar de forma arbitraria, a la carta, a decisión de los expertos sanitarios. Por ejemplo,  podrán aislar a aquellos que hayan tenido un contacto directo con una persona que haya contraído la enfermedad.  Por ejemplo, en los aeropuertos, no pasar un control visual será condición suficiente para que un médico decida se un viajero debe o no realizar una PCR. Está claro que la igualdad a la que hace referencia la Declaración Universal de los Derechos Humanos y que surgió del contexto político posterior a la  Segunda Guerra Mundial, es historia.

En “Democracia y totalitarismo”, libro muy apropiado para leer teniendo en cuenta la situación que vuelve a vivir Europa y sobre todo España, su autor, Raymon Aron, analizando la política europea de las primera mitad del siglo XX,  sostiene que hay, principalmente, dos fenómenos cuya aparición  puede provocar la corrupción y autodestrucción de los regímenes constitucional-pluralistas. Uno, el exceso de espíritu de compromiso, es decir, los partidos, obsesionado por la necesidad de superar sus divergencias, dejan de pensar en los problemas y se centran en los acuerdos. Dos, el exceso de espíritu partidista, que puede llevar a los partidos políticos a desear luchar contra el sistema  y acabar con el pluralismo. En el contexto actual todavía no  se aprecia la existencia de un exceso de espíritu partidista, seguramente existen deseos de esa naturaleza política, pero se ocultan. Lo que no se oculta, sino que se percibe de forma clara, e incluso se apela a ello de forma pública desde los distintos partidos, es un exceso de espíritu de compromiso, tanto a nivel español como de la UE. Un claro ejemplo lo tenemos en las decisiones que han adoptado para hacer frente a la crisis provocada por el covid-19, las cuales han disfrutado de grandes consensos políticos.

Haya o no haya conjura, parece ser que sí, es evidente, que entre los conjurados no hay acuerdo sobre quién debe pagar los costes de la situación que se ha creado con la propagación del covid-19 y la imposición de medidas que han provocado una fuerte caída de la actividad economía. El Consejo Europeo ha sido hoy incapaz de ponerse de acuerdo sobre el próximo presupuesto plurianual 2021-2027 (en torno a 1,1 billones) y sobre el denominado Fondo de Reconstrucción, en principio de 750.000 millones de euros, propuesto por la presidenta de la Comisión Europea, y que la UE obtendría de los mercados con el aval del propio presupuesto de los Estados miembros, lo que implica, que algún día los Estados miembros tendrán que incrementar su aportación a la UE para pagarlo, pues no parece que con cosas como una nueva tasa a las multinacionales tecnológicas se pueda pagar. La UE todavía no ha decidido nada, pero en España los partidos políticos ya están negociando como repartírselo.

Hace ya tiempo que se percibe que la Unión Europea ha entrado en decadencia; no solo su irrelevancia en la esfera internacional es máxima, sino que con el argumento de un falso revisionismo de la historia ha aceptado en sus instituciones a partidos políticos que defienden ideologías y posicionamientos políticos que representan aquellos contra lo que la UE nació en 1957, en concreto, todo lo que engloba lo que se conoce como el neocomunismo, que no es otra cosa que el comunismo internacionalista de siempre. La UE ha dejado de ser la Europa de los Estados para pasar a ser la Europa de las familias. Una Europa de las familias en la que los intereses de los ciudadanos interesan mas bien poco; en la que, como observamos, lo de un espacio de libertad, de justicia y seguridad no es ya ni un sueño,  en la que un exceso de espíritu de compromiso hace fácil cocinar conjuras, para privar a los ciudadanos de derechos individuales o  para generar terror con acciones del terrorismo islamista o con la propagación de un virus, según los expertos, desconocido.  

22 DE JUNIO, NUEVA NORMALIDAD: LA REPRESIÓN CONTINUA.

Desde hace semanas, el presidente Sánchez lleva anunciando y amenazando con que la crisis creada por el covid-19 iba a llevar a España a una nueva normalidad, y no ha decepcionado. A partir de que el próximo 21 de junio finalice la sexta prorroga del estado de alarma, España entrara en una nueva normalidad, definida por  Real Decreto-Ley de medidas urgentes de prevención, contención y coordinación para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, que representara una aplicación de la represión que el Gobierno ha ejercido durante el estado de alarma. Sánchez quiere utilizar la situación sanitaria creada por  la potencial amenaza del covid19, no sabemos si real, para crear algo similar a un régimen comunista encubierto bajo la forma de democracia, que le permita justificar represión y encubrir violaciones de los derechos humanos, cuando no asesinatos. Como ocurrió con el estado de alarma, la nueva normalidad está definida de tal manera que permitirá al Gobierno ejercer represión a la carta, permitiendo hacer la vista gorda para que haya ciudadanos que disfruten de todos sus derechos fundamentales, mientras que sutilmente se reserva el derecho legal a actuar contra otros.

A través del real decreto  aprobado hoy por el Consejo de Ministros, el covid-19 pasara a ser enfermedad de declaración urgente; se establece la obligatoriedad de toda persona  de llevar mascarilla cuando no se pueda mantener la distancia de seguridad (1,5 m) , y las empresas de transporte terrestre con servicios de asientos preasignados, que transcurran por más de una provincia,  deberán guardar registro de los viajeros durante cuatro semanas.

Con la nueva normalidad el Gobierno socialcomunista de España no busca proteger la salud de los ciudadanos sino únicamente ejercer represión a la carta, contra concretos sectores de la sociedad. Una persona podrá contagiarse de VIH, y tener sida, y mantenerlo en secreto, solo conocerlo él y su médico,  pero en cambio si se contagia de covid-19, enfermedad de la que  sabemos por estudios estadísticos que menos de un 10% de los que la contraen necesitan asistencia sanitaria, tendrá que hacerlo público, renunciar a su privacidad, para que el personal sanitario pueda decidir sobre su vida y someterlo a represión, muy probablemente aislándolo, privándolo del derecho a elegir centro hospitalario, médico y tratamiento. Una ley es justa cuando no afecta por igual a todos los ciudadanos. Como ya ocurrió con la aplicación del estado de alarma, que el Gobierno utilizo para privar de importantes derechos fundamentales a ciudadanos cuya actividades laborales no  consideraba imprescindibles para sus intereses, como hacían los nazis con los judíos, la nueva normalidad no afectara a todos los ciudadanos por igual. El Gobierno impone la obligatoriedad de llevar mascarilla cuando no se pueda mantener la distancia de seguridad de un metro y medio, infringir esta norma podrá suponer una sanción de 100 euros. Esta norma de muy difícil cumplimiento, tanto lugares de trabajo como de ocio,  entra de forma clara en contradicción con el hecho de que el Gobierno permita competiciones de deportes de equipo, por ejemplo, de futbol. Si tan peligroso es este virus, sin tan fácil es el contagio al reducir la distancia de seguridad ¿Por qué se permiten competiciones de deportes de equipo donde los jugadores no solo no mantendrá la distancia de seguridad sino que muchas veces entraran en contacto físico?

Pero sin duda, lo más alarmante de las medidas aprobadas por el Gobierno para la nueva normalidad es que el Gobierno quiere ejercer un máximo control sobre la circulación de pasajeros en transporte público entre provincias. De tal forma que el Gobierno impone que  los operadores de transporte terrestre, cuyos servicios con asientos preasignados discurran por más de una provincia, conserven la información de contacto de los pasajeros durante un mínimo de cuatro semanas y su puesta a disposición cuando se requiera por las autoridades de salud pública, con la finalidad de realizar la trazabilidad de los contactos en caso de que fuera necesario. Esta obligación se extiende también a los operadores de transporte aéreo. Según los expertos, el transporte urbano, el  metro, trenes de cercanías, etc,  es uno de los lugares donde hay mayor probabilidad de contagio. Pero al Gobierno solo le interesa contralor a las personas  que hacen viajes de larga distancia en medios de transporte público, o sea, que sí te has contagiado en el metro y luego viajas en tu vehículo privado a otra provincia eso no supone ningún riesgo, a nadie le interesa con quien has entrado en contacto. Te vas de vacaciones en transporte público; viaje de larga distancia, te ponen al lado un tipo que luego da positivo, y aunque tengas la suerte de no enfermar, como tienen tus datos,  como precaución las autoridades sanitarias, con la autorización y apoyo del  Gobierno socialcomunista, te pueden joder las vacaciones, pueden ordenar legalmente tú detención y aislamiento, para someterte al control y vigilancia del personal sanitario.

Con la nueva normalidad, que supone vivir en un régimen comunista encubierto bajo la forma de democracia, que supone imponer unas medidas que anulan la igualdad entre ciudadanos y que no  tienen cabida en el actual marco constitucional, el Gobierno socialcomunista no quiere proteger la salud de nadie, sino únicamente justificar represión. Para más inri, una nueva normalidad que el Gobierno se guarda el derecho de mantener hasta que de forma motivada considere el fin de la crisis, es decir, hasta que considere que ha logrado unos objetivos que mantiene en secreto. Evidentemente, la nueva normalidad terminara cuando al Gobierno ya le sea imposible soportar las negativas consecuencias que provocara para la economía, pues no nos engañemos, la represión no genera riqueza. Estamos en guerra, y el enemigo es el actual  Gobierno de España que quiere anular nuestra vida, que nos quiere privar del derecho a vivir. Pero el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, debería tener en cuenta que el covid-19 es un traje demasiado caro para España.

CRISIS COVID-19: SÁNCHEZ QUIERE MANTENER LA REPRESIÓN DESPUÉS DEL ESTADO DE ALARMA.

Aunque en el 2014, la gran mayoría de los medios de comunicación intentaron presentar a Podemos ante la opinión pública como un partido político de ideología transversal, como el Movimiento 15-M, de donde surgieron  sus dirigentes, entonces ya estaba claro que Podemos estaba formado por lo que podríamos denominar residuos, pequeños partidos, muy vinculados al comunismo internacional, no integrados en Izquierda Unida. A finales del 2014, siendo ya secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, el expresidente del Gobierno Rodríguez Zapatero mantuvo una reunión con el líder Podemos, Pablo Iglesias. A la reunión se le intento quitar importancia, calificándola de personal, pero estaba claro que si no había sido mantenida en secreto y se le había dado publicidad era por algo.

Por mucho que se dijera lo contrario, es imposible pensar que la reunión tuviera lugar sin estar dentro de la agenda del PSOE, y por tanto la reunión daba a entender dos cosas. Primero, que desde el PSOE se  quería apoyar el liderazgo de Pablo Iglesias, considerándolo, a pesar de que llevaba dos días en política, y su representación eran 5 eurodiputados, un personaje relevante de la política española. Segundo, se quiso escenificar el acercamiento del PSOE al comunismo internacional representado por Podemos, hoy Unidas Podemos, después de haber logrado conquistar Izquierda Unida, entre otras cosas, debido a sus problemas de financiación.

La reunión de Zapatero e Iglesias hacía sospechar que Sánchez, aunque lo negaba, hoy sabemos que cínicamente,  era partidario de formar un Gobierno de coalición con Pablo Iglesias, lo que supondría que el PSOE estaba renunciando a tradicionales posicionamientos políticos mantenidos desde el 82, principalmente en política exterior. Claro que entonces, salieron los militares para facilitar las cosas, por algo sectores de la derecha monárquica, como el Grupo Planeta, apoyaron la creación de Podemos,  y el general Julio Rodríguez, ex JEMAD con Zapatero, apareció en las elecciones generales de octubre de 2015 como dirigente fundador de Podemos, lo que favorecía que Sánchez se pudiera acercar a la nueva cara del comunismo internacional en España y  contribuía a aminorar el miedo a que un partido de forma clara anti OTAN y prorruso estuviera en el Gobierno de España. Sin duda fue una gran jugada del comunismo internacional, y aunque rompía uno de los  pactos tácitos de la Transición  de que los militares no entraran en política, la entrada del general Rodríguez en política no fue criticada a nivel político, lo que ha favorecido que hoy haya un partido de extrema derecha, VOX, con varios generales como dirigentes políticos.

Recuerdo esto, porque hoy está claro que el socialismo español, representado por el PSOE, ha cambiado de rumbo. El actual PSOE no es el de la Transición. El actual PSOE, desconozco en que porcentaje, tiene una línea ideológica internacionalista con posicionamientos políticos propios de la era soviética, como lo demuestra que esté gobernando con un partido comunista prorruso y anti OTAN. Lógicamente, este cambio de posicionamientos del socialismo español no habría sido  posible sin un apoyo favorable de la socialdemocracia europea. Cambio en la socialdemocracia europea que se escenifica en el 2005 cuando el excanciller Gerhard Schröder, que acababa de dejar el Gobierno alemán, con información caliente de la NATO, paso a estar en la nómina del Gobierno ruso. Este hecho, que apenas recibió oposición  a nivel internacional, y muy pocas críticas, a pesar de que rompía las reglas de juego occidentales establecidas al terminar la Segunda Guerra Mundial, es fundamental para entender la política actual, no solo española sino internacional. Por un lado, materializaba un claro nuevo acercamiento de Alemania a Rusia. Por  otro lado, favorecía que mientras en sus reuniones la NATO considera a Rusia una amenaza a la seguridad y la estabilidad política, se acepte que en Estados Unidos haya un presidente con claros vínculos con elites dirigentes rusas y en España un Gobierno de coalición del que forma parte un partido, Unidas Podemos, que se autodefine como prorruso y anti NATO. Lógicamente, que hoy suframos la amenaza de un virus chino, tipo covid-19, tiene mucho que ver cambios de  posicionamientos políticos que han tenido lugar en  Occidente respecto a Rusia y el comunismo internacional, todavía vivo y defendiendo lo mismo.  

Sánchez no es un loco, no va por libre acercándose al comunismo internacional, sino que es la línea ideológica hoy dominante en la socialdemocracia europea. Pero a España le está saliendo muy caro, en euros y en libertades. Aprovechando la situación creada por el ataque del covid-19, el presidente Sánchez, recurriendo a una aplicación inconstitucional del estado de alarma, ha impuesto en España una especie de régimen comunista encubierto bajo la forma de democracia. Privando a muchos ciudadanos de derechos fundamentales, del derecho a trabajar, del derecho a la libertad de circulación, del derecho a elegir centro hospitalario, médico o tratamiento, etc. La crisis del covid-19 está siendo utilizada por el Gobierno de España para justificar represión y encubrir violaciones de los derechos humanos, cuando no asesinatos. Aprovechando la situación creada por el ataque del covid-19, el presidente Sánchez ha logrado lo que tanto deseaban los partidarios de la teoría del decrecimiento, por cierto, comunistas, llevando el consumo a mínimos al imponer un confinamiento de discutida eficacia, sin precedentes en la historia para combatir una epidemia de este tipo.

Las medidas adoptadas por el Gobierno de Sánchez desde que estalló la crisis del covid-19, con la disculpa de proteger la salud de los ciudadanos, solo han servido para incrementar la desigualdad, la pobreza, la injusticia y llevar las cuentas públicas al borde de la quiebra. El actual Gobierno de España con la justificación de que era necesario para proteger la salud de los ciudadanos, según parece excluyendo a los ancianos alojados en residencias,  ha impuesto en España una especie de régimen comunista encubierto bajo la forma de democracia. Con unos ciudadanos que disfrutan de todos los derechos constitucionales y otros que son privados de ellos; con unos ciudadanos que disfrutan de total libertad, y otros que son reprimidos,  vigilados y sancionados. Pero Sánchez no está todavía satisfecho. Y quiere que de alguna forma lar represión continúe también después de levantarse el estado de alarma; Sánchez y sus aliados comunistas quieren seguir manteniéndonos en jaque, imponiendo  lo que ha definido ya como normalidad provisional. Sánchez, apoyándose en expertos en sanidad,  quiere crear  una situación en la que la potencial amenaza de la covid-19 siga sirviendo para justificar represión y encubrir violaciones de los derechos humanos. El que no aprende las lecciones del pasado, corre el riesgo de tener que repetirlas, y está claro que la izquierda española, no las ha aprendido. No sé qué vendrá después, si será mejor o peor, pero la situación que vive España, camino de la quiebra, y  la situación que vivimos muchos españoles sometidos a continua represión, hacen necesario unir esfuerzos para derribar el Gobierno de Sánchez. Sánchez dimite.

LEY INGRESO MININO VITAL: CONFUSA, AMBIGUA, INJUSTA, Y DISCRIMINATORIA.

Los niveles de desigualdad, pobreza, exclusión social, pobreza infantil, etc, existentes en la sociedad española son alarmantes, de los más elevado de los países de la UE. Entre otros muchos factores, ello es debido a que en España el mundo empresarial ha optado por ganar competitividad exterior reduciendo costes laborales, con bajos salarios. A la vez, factores como que haya una elevada desigualdad entre rentas y que España sea un país que recibe un importante volumen de turistas con alto poder adquisitivo, hace que el coste de la vida en España sea más elevado que el que debiera existir teniendo en cuenta la media de los salarios, lo que contribuye a incrementar el porcentaje de españoles que no pueden tener un vida digna. Con estos datos, es evidente, que establecer el derecho a recibir un ingreso mínimo vital es justo y necesario. Pero, como  todo lo que suele hacer el actual Gobierno socialcomunista de España, la ley que establece el derecho a recibir  el ingreso mínimo vital es una chapuza, confusa, ambigua, injusta y discriminatoria. Con el ingreso mínimo vital el Gobierno de Sánchez busca favorecer a concretos sectores de la sociedad, principalmente, jóvenes que no realizan ningún tipo de actividad laboral y han constituido lo que la ley define como una “unidad de convivencia” e inmigrantes con residencia legal en España, como mínimo durante un año. Además, el Gobierno contribuirá a impulsar y favorecer la vagancia, al conceder el derecho a una prestación social sin que esta esté sujeta a ningún tipo de compromiso con el Estado.  

La ley establece que  los salarios sociales, rentas mínimas de inserción o ayudas análogas de asistencia concedidas por las comunidades autónomas, no computaran como ingresos a la hora de valorar el derecho a recibir esta prestación social estatal. De tal forma, que comunidades y ayuntamientos con abundantes recursos públicos, como puede ser Cataluña, el País Vasco, y Madrid,  podrán incrementar el ingreso minino vital en la cantidad que consideren y puedan, creándose así una clara injusticia y discriminación con respecto a ciudadanos de otras zonas de España.

El Gobierno, en vez de establecer un prestación social para todo persona que tenga menos ingresos que el ingreso mínimo vital establecido por la ley, ha introducido el confuso concepto de “unidad de convivencia”, generando injusticia y discriminación entre españoles. Habrá personas mayores de 23 años que no podrán recibir el ingreso mínimo vital debido a que todavía viven con sus padres, y uno de progenitores tiene unos ingresos superiores, aunque sea mínimamente, a los  establecidos por la ley. Supongamos una familia con dos hijos,  en la que solo trabaja uno de los miembros, el padre o la madre, y gana 1500 euros. Con la nueva ley esta persona estará trabajando únicamente por 485 euros mensuales, pues una familia de igual composición, en la que no trabaje ninguno de sus miembros, recibirá  del Estado 1015 euros, evidentemente una clara injusticia. Si lo que realmente quería el Gobierno  era combatir la pobreza infantil, lo que debían haber hecho, en vez de crear el concepto de unidad de convivencia,  es establecer una ayuda por niño. De esta forma, ese padre que gana 1500 euros, también recibiría ayudas por sus hijos. O supongamos una familia con dos hijos, en la que uno de los miembros gana el salario mínimo, catorce pagas de 950 euros,  su pareja no podrá solicitar el ingreso mínimo vital, y la unidad  familiar ingresara lo mismo que otra de similar composición en la que solo reciban el ingreso mínimo vital, 12 pagas de 1015 euros. Una clara injustica, si la prestación afectara únicamente a personas, el miembro que no trabaja podría solicitar el ingreso mínimo vital, doce pagas de 461 euros, lo que sería más justo, algo que le permitirá hacer cursos de formación y buscar de forma activa empleo.

La ley establece que los inmigrantes con residencia legal en España, como mínimo de un año, podrán solicitar el ingreso mínimo vital. Está claro que con esta ley el Gobierno socialcomunista busca beneficiar a la inmigración, concediéndoles al llevar un año en España una prestación social, que puede llegar a superar el salario mínimo si se trata por ejemplo de una familia con dos hijos. Algo que, además de ser injusto, pues recibirán una prestación social los que todavía no ha aportado nada a la sociedad, puede generar un efecto llamada, es decir que haya gente que emigre a España aunque el mercado laboral no tenga capacidad para absorberlos, dándoles un empleo, únicamente para vivir del ingreso mínimo vital o compatibilizar este con actividades realizadas en la  economía sumergida.

La aprobación del ingreso mínimo vital va a generar injusticia y discriminación en la sociedad española. En la ley se habla superficialmente de políticas de inclusión social dirigidas a las personas beneficiarias del ingreso mínimo vital, pero no se hace ninguna referencia a los compromisos que estos adquieren con el Estado por cobrar la prestación, como debieran ser, por ejemplo,  la obligatoriedad de hacer cursos de formación, la búsqueda activa de empleo, y el compromiso de aceptar aquellos empleos que le ofrece el mercado laboral. El ingreso mínimo vital va a contribuir a disminuir el porcentaje de población en riesgo de pobreza y, o exclusión social, pero creara un porcentaje de población mayoritariamente  joven, ociosa, que sin haber hecho ningún esfuerzo pasaran a tener unos ingresos del Estado sin que ello implique ningún tipo de obligación. ¿Jóvenes y sanos, a que dedicaran su tiempo libre, a ver la televisión, a trabajar en la economía sumergida, al activismo político?

Antes de comenzar la crisis, uno de los principales problemas del Estado era la financiación del sistema público de pensiones. En el 2019 la Seguridad Social tuvo un déficit de 16.793,3 millones. La crisis del covid-19 va a llevar la deuda pública hasta aproximadamente el 115% del PIB, pero a pesar de ello el déficit de la Seguridad Social y la sostenibilidad de las pensiones ya no preocupan al Gobierno, y el ingreso mínimo vital pasara a ser una prestación social que también saldrá de la conocida caja común de la Seguridad Social. Según las previsiones del Gobierno, incrementando el déficit como mínimo en 3000 millones de euros. Que los trabajadores tengan que pagar con sus cotizaciones el ingreso mínimo vital no parece muy justo. Lógicamente, crear una nueva prestación social, sin prever un ingreso para pagarla, sabiendo que pasara a incrementar la deuda pública, no parece propio de una gestión inteligente. O el Gobierno prevé que el coronavirus contribuya a reducir el déficit de la Seguridad Social, o es muy probable que el ingreso mínimo vital nazca con los días contados.