Desde que el 18 de julio de
1936 las Fuerzas Armadas españolas se alzaron contra el Gobierno democráticamente elegido,
sí entrar a analizar los porqués, que no eran pocos, no se ha producido en
España un desafío al Estado, a la Nación, de mayor gravedad que la Declaración Unilateral
de Independencia (DUI) realizada por el Parlamento de Cataluña el 27 de octubre
de 2017. Con ese acto, las elites independentistas burguesas catalanas pusieron
en riesgo la paz y la continuidad del sistema democrático. El principal responsable
de ese acto político fue el entonces presidente de la Generalidad de Cataluña, Carles
Puigdemont, quien había llegado al cargo, no por méritos propios, sino porque las instituciones
del Estado habían obligado a dejar su cargo a sus predecesores. Y ahora, el
presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, en una clara bajada de
pantalones, interesada y que será muy
costosa para la sociedad español, quiere aprobar una ley
de dsicutida legalidad para perdonar dicho acto.
En el preámbulo de la ley se dice “Toda amnistía se concibe como una figura jurídica dirigida a excepcionar la aplicación de normas plenamente vigentes, cuando los actos que hayan sido declarados o estén tipificados como delito o determinantes de cualquier otro tipo de responsabilidad se han producido en un contexto concreto” , pero ¿Quién dice eso? ¿Dónde está escrito eso en el ordenamiento jurídico vigente español? Y lo más importante ¿Tal afirmación con que consenso político y social cuenta en la sociedad española?
