martes, 29 de diciembre de 2020

“2020”, UN AÑO DE DERRUMBAMIENTOS Y CONSTATACIONES.

En septiembre del 2001 se produjo el mayor atentado terrorista de la historia de la humanidad. El terrorismo islamista ataco y derribo las Torres Gemelas de Nueva York, el World Trade Center, asesinando a casi 3000 personas. Pero a pesar de que ello supuso un drama personal para las familias directamente afectadas,  el  mundo occidental despidió el 2001 con sus tradicionales celebraciones y con la clásica  alegría colectiva. Y había razón para ello, las repercusiones de tal episodio histórico  para las vidas de los ciudadanos occidentales, incluidos los estadounidenses, fueron  mínimas. Las cuales se materializaron principalmente en nuevas medidas de seguridad en los transportes públicos. Cierto, Estados Unidos y sus aliados entraron en guerra, en Afganistán e Irak, pero ello afecto de forma directa a un muy reducido número de ciudadanos y familias. No va a ocurrir lo mismo con el 2020. En el 2020 no se han producido importante atentados terroristas, pero  pasara a la historia como un año de importantes derrumbamientos. Se han derrumbado los planes de muchos ciudadanos, algunos ya perciben que se ha derrumbado su futuro, y tendrán que reenfocarlo. Y se han derrumbado dos históricas realidades, la de unión y la de seguridad.

La ejecución del Brexit el próximo 31 de diciembre derrumbara la realidad de unión en Europa. Lo que se pensaba no hace muchos años que era una solida realidad de unión, se ha dado a conocer como una mera ilusión, que en pocos días se derrumbara, con unas repercusiones para los ciudadanos europeos que los expertos en diferentes áreas, política, económica, de cooperación o defensa y seguridad, no se atreven todavía a definir, pero que ya se vislumbra que no serán buenas para la gran mayoría de los ciudadanos europeos. Pero el derrumbamiento más traumático ha sido el de la seguridad. Si comenzamos el 2020, con el discurso de las elites gobernantes occidentales de que deberíamos resignarnos a ser vulnerables a las acciones indiscriminadas del terrorismo islamista, cerraremos el año, con el de que debemos aceptar también de forma resignada e inevitable otra amenaza, la del virus chino covid-19.

Los ciudadanos occidentales creíamos vivir en un ambiente de seguridad, en el que los gobiernos democráticamente elegidos garantizaban no solo la seguridad ciudadana, incluyendo en esta la seguridad sanitaria, sino también nuestros derechos, derechos históricos reconocidos en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, pero no era así, la seguridad era solo una ilusión que se ha acabado derrumbando. Hoy el covid-19 amenaza nuestras vidas y en mayor o menor medida, dependiendo del Estado, también los derechos de los ciudadanos debido a las medidas impuestas por sus gobiernos. La Organización Mundial de la Salud declaro la alerta sanitaria por covid-19 el pasado 30 de enero, pero los gobiernos occidentales no adoptaron medidas para frenar su entrada en sus respectivos territorios y su propagación hasta mediados de marzo, cuando el virus entrando por Italia ya se había extendido por toda la Unión Europea y saltado de forma masiva a Estados Unidos. Si en un principio se defendió la idea de que no era ni necesario ni conveniente cerrar fronteras y limitar la circulación de viajeros, luego se impusieron duras medidas destinadas a restringir no solo la movilidad de los ciudadanos sino también la realización de actividades económicas, condenando a muchos ciudadanos al desempleo.

Medidas contradictorias y en muchas ocasiones totalmente irracionales, que los gobiernos occidentales han impuesto apoyándose en el discurso compartido de que nos encontramos ante un escenario nuevo, desconocido y cambiante. En España, por ejemplo, millones de ciudadanos son privados del derecho a la libre circulación, unos no pueden salir de su comunidad autónoma, otros ni siquiera de su ciudad, pero se mantienen abiertas las fronteras con el exterior, de tal forma que ya se habla de que a España  ha llegado una nueva cepa del virus, con origen en Sudáfrica, a través de viajeros procedentes de Reino Unido. Es decir, el Gobierno de Sánchez está criminalizando a sectores sociales, amas de casa, pensionistas, desempleados, etc, privándoles del derecho a la libertad de movimiento, con el argumento de que se hace para evitar la propagación del virus, pero a la vez permite la libre circulación de personas pertenecientes a otros sectores sociales, sin ningún tipo de control, estando constatado que son los que propagan el virus, no solo a nivel nacional, sino entre países. Es evidente,  con  la falsa disculpa de frenar la propagación del virus, el Gobierno de España ha anulado la igualdad entre españoles, privando o garantizando el derecho a la libre circulación en función del rol social.

Además, el 2020 ha permitido constatar tres cosas. Uno, la capacidad de adaptación del ser humano no se ha debilitado con el desarrollo tecnológico y la mejora de su calidad de vida. El ser humano sigue siendo capaz de adaptarse a cualquier situación, por muy desfavorable que esta sea, con tal de sobrevivir, cambiando hábitos, reduciendo su movilidad, disminuyendo su consumo, adoptando medidas tan antinaturales como el continuo uso de mascarilla. Dos, los valores morales de nuestra sociedad, si existen dejan mucho que desear. Por ejemplo, el Gobierno de España, contando con la complicidad del sistema sanitario, ha permitido que miles de ancianos, por ejemplo, alojados en residencias, pero no los únicos,  hayan muerto en condiciones indignas, privados del apoyo y cariño de los suyos, y de una correcta atención sanitaria. Tres, la crisis del covid-19 debido a cambios en hábitos de ocio y reducción de consumo ha producido negativas consecuencias para las economías occidentales, como el incremento del paro. Dejando así  claro, en unos pocos meses,  que la corriente de pensamiento del decrecimiento, defendida por sectores de la izquierda política, no es deseable por las consecuencias que a corto plazo produciría en las economías capitalistas occidentales un cambio del estilo de vida actual  y una drástica disminución del consumo. Inevitablemente, el crecimiento económico sigue siendo la única solución para que un cada vez  mayor número de ciudadanos pueda disfrutar de mejor calidad de vida. 

sábado, 5 de diciembre de 2020

EN SU 42º ANIVERSARIO, CADA VEZ QUEDA MENOS DE LA ESPAÑA QUE NACIÓ CON LA CONSTITUCIÓN.

La Constitución de 1978 llego a su cuadragésimo aniversario después  de una  declaración unilateral de independencia en Cataluña, en octubre del 2017, que no significo nada,  más allá de la detención de algunos dirigentes catalanes que la habían impulsado y la huida al extranjero de otros, y con un mapa  político muy fraccionado que dificultaba enormemente la gobernabilidad de España. Pero todo es susceptible de empeorar. Los problemas del 2018 no solo continúan hoy sino que se han agravado con otros nuevos. España llega a la celebración del  cuadragésimo aniversario de la llegada de la democracia tambaleándose tres pilares fundamentales de la Constitución y por tanto del sistema democrático: La Monarquía, el Poder Judicial y las Fuerzas Armadas.

El rey emérito Juan Carlos I, jefe del Estado hasta junio de 2014 al abdicar en su hijo el rey Felipe VI, se encuentra hoy refugiado en un país islámico, Emiratos Árabes Unidos, buscando esconderse de la actuación de los medios de comunicación, sino también de la justicia ya que está siendo  investigado en España y Suiza por presuntos delitos fiscales y de blanqueo de capitales.  

Las actuales elites políticas con representación en el Congreso de los Diputados son incapaces de ponerse de acuerdo para renovar la composición del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), órgano de gobierno de la justicia española. El Gobierno de Sánchez ha amenazado con cambiar la ley que lo regula, de tal forma que no sea necesario para nombrar nuevos vocales del CGPJ mayoría absoluta sino que llegue con mayoría simple. Ello ha dado lugar a que desde la Unión Europea se le llame la atención al Gobierno de Sánchez, recordándole que tenga en cuenta la opinión de la oposición y de la Comisión de Venecia. La Comisión de Venecia es una institución dependiente del Consejo de Estado, que se creó a la caída del Muro de Berlín para asesorar a las ex repúblicas comunistas del este de Europa, estados miembros  de la disuelta  Unión Soviética, para asesorarles en su proceso de democratización, elaboración de una constitución democrática  y demás ordenamiento jurídico. Es decir, de esta forma la UE está calificando a España de república bananera en la que el Gobierno no tiene claro como se pueden o no aprobar determinadas leyes en una democracia.

Y en tercer lugar se empiezan a tambalear también de forma pública las Fuerzas Armadas, algo grave si tenemos en cuenta la historia de España y el hecho de que los militares han tenido sometida a la sociedad española durante casi 40 años a una dictadura militar. En la actualidad todo el mundo, y más un mando militar de alta graduación,  sabe que las redes sociales, así como otros instrumentos  de comunicación a través de Internet, no son seguros, y por tanto si se ha dado a conocer un chat en donde mandos militares retirados emitían  exabruptos con los que se amenazaba el orden constitucional y a una parte de la sociedad española,  no puede ser más que de forma interesada. No tiene sentido que haya militares que digan que es necesario defender cosas como la integridad territorial de España, cuando no hicieron nada para frenar el proceso independentista de Cataluña y el artículo 8º de la Constitución les permite actuar en defensa de la soberanía nacional.  Lógicamente, están utilizando reivindicaciones del independentismo catalán, que se sabe que no llevan a ningún lado, como argumento para defender concretos intereses políticos y económicos de las elites militares. Lógicamente, solo hablan militares retirados, porque los que están en activo saben que significarse de forma pública políticamente representaría el final de su carrera. 

Está claro, las elites militares han vuelto a buscar influir en la política española de forma pública. Primero, introdujeron al general Julio Rodríguez, ex JEMAD, como dirigente de Podemos,  constatada representación en  España del comunismo internacional. Lo que explica, que primero  el Movimiento 15-M y luego Podemos, hayan recibido fuertes apoyos de sectores  de la derecha española. Apoyo mediático, como por ejemplo, del monárquico Grupo Planeta, pero también en votos, de tal forma que Podemos se hizo con votos en zonas que tradicionalmente votaban al PP. Luego, cuando la sociedad española ya había aceptado sin la más mínima critica, ni política ni periodística, la entrada de los militares en política, crearon Vox, el heredero ideológico en España de aquellos que provocaron la Segunda Guerra Mundial, el nazismo alemán y el fascismo italiano. Si desde Podemos pedían la mitad del Gobierno de España y asaltar los cielos, ahora la llamada gente de Vox, militares retirados, haciendo público su chat, piden la cabeza de 26 millones de españoles. Increíble ¿Querrán vacunar a estos 26 millones de españoles con algo para que los hijos del resto de españoles puedan  ver mejor, correr más, obtener mejores titulaciones, etc?   

Sea para bien o muy probablemente para mal, cada vez queda menos de la España que nació con la Constitución de 1978. España llega al 42 aniversario del día de la Constitución en una situación de clara anormalidad democrática. Con un Congreso formado por asalta supermercados y personajes políticos que su principal mérito es ser anti algo, muchos de ellos anticonstitucionales. Con las elites militares controlando la radicalidad política, Podemos y Vox, en beneficio suyo. Estando en cuestión el rol y funcionamiento de instituciones tan importantes como la Jefatura del Estado, el Poder Judicial y las Fuerzas Armadas. La democracia española se ha construido dándole mucha importancia a los derechos de las fuerzas políticas, pero ninguno a los derechos individuales de los ciudadanos. Aceptando el principio de todo vale, independientemente del ordenamiento jurídico,  si cuenta con el apoyo de la mayoría. Pero el mapa político se ha fraccionado, y la regla de todo vale si cuenta con la mayoría ya no satisface a nadie, y buscan cambiar las reglas de juego, el ordenamiento jurídico, aprobando de forma inconstitucional nuevas  leyes o recurriendo a la presión, sino amenaza, de la utilización  de la fuerza de los  militares.