miércoles, 11 de noviembre de 2020

UN ESCENARIO REGIDO POR LO POLÍTICAMENTE DESCARADO.

En la sociedad española lo políticamente correcto ha dejado de estar de moda, para dar paso a lo políticamente descarado. En España, durante la década de los 80 del pasado siglo, entre las elites políticas  existía la convicción de la necesidad de la defensa de lo políticamente correcto. La necesidad de la defensa de que el comportamiento de los políticos y, sobre todo, su discurso, entraran dentro de lo aceptable en una democracia y de acuerdo a la Constitución del 78. Cuando se rompía esta regla, no era por deseo de dirigente político afectado sino porque un adversario o un medio de comunicación habían hecho público algún secreto de este que le desacreditaba. Pero todo cambia, y en este caso para peor. De un comportamiento y discurso de las elites políticas políticamente correcto, hemos pasado a otro políticamente descarado. Se miente de forma descarada; se amenaza de forma descarada; se defiende una cosa y se hace la contraria de forma descarada. Todo comportamiento y discursos políticos son aceptables si cuentan con el apoyo de la mayoría. Hoy en España tenemos diputados nacionales que lideraban acciones de asalto a supermercados o que eran partidarios de lo conocido como escrache como forma de presión a representantes políticos democráticamente elegidos.

El Gobierno de España acaba de aprobar una ley para hacer frente a la desinformación. En teoría para hacer frente a las noticias falsas. Como si en la era de Internet los ciudadanos no fueran capaces, con un mínimo esfuerzo y coste, de verificar cuando una noticia es falsa o no. Lógicamente, ello entra en contradicción con el hecho constatado de que en España los principales productores de noticias falsas son fuentes del propio Gobierno y afines ideológicamente. En un ambiente dominado por lo políticamente descarado, lo percibimos todos los días a través del discurso de dirigentes políticos, nadie se cree que esta ley nace para proteger a los ciudadanos, sino todo lo contrario, para poder ejercer represión, como un recurso más de los partidos que hoy gobiernan España para limitar la libertad de expresión de medios de comunicación y ciudadanos no afines ideológicamente. El Gobierno de Sánchez dice querer combatir la desinformación, pero no ve desinformación en la propaganda antioccidental y anti NATO que el vicepresidente y secretario general de Unidas Podemos hace a través de una  cadena de la televisión publica iraní.

Pero no es algo nuevo ni de extrañar. Durante el pasado siglo tanto el Régimen nazi alemán, como regímenes de ideología comunista, la Unión Soviética y sus satélites, utilizaron  la mentira descarada, el tirar la piedra y esconder la mano, acciones de bandera falsa, etc,  como instrumento para alcanzar objetivos políticos, cuando  militares, asegurándose el factor sorpresa, por ejemplo, prometiendo paz y luego atacando. Tampoco es de extrañar, una de las principales características de los regímenes comunistas es controlar y limitar la difusión de información, prohibiéndose toda actividad de difusión de información contraria a los intereses del partido político, el único partido, comunista, que gobierna. España hoy todavía no es un régimen comunista pero ya se le acerca en numerosos aspectos. En el Gobierno de España hay un partido, Unidas Podemos, que es un claro satélite de lo que desde la caída del Muro de Berlín se conoce como poscomunismo, el comunismo con las mismas ideas de siempre, pero con un hábito más caro, más lujoso, liderado desde Moscú y demás países de su órbita.

Ha comenzado el juicio por los  atentados de Barcelona y Cambrils de agosto de 2017, y lo primero que hacen es difundir un video con los ejecutores manejando explosivos y amenazando a ciudadanos cristianos españoles. ¿Funcionaba la furgoneta con la que realizaron el ataque con explosivos?  ¿Tienen todo tan bien atado que no temen que se puedan producir reacciones en la sociedad española? ¿Qué difusión de información quieren controlar desde el Gobierno de España? Evidentemente, una vez más se han superado a sí mismos, han  sobrepasado el límite de lo políticamente descarado. Y lo mismo está ocurriendo con la gestión de la epidemia por el virus chino covid-19 desde el Gobierno de España solo se hace desinformar y sobre todo amenazar a los ciudadanos. Volvamos al principio para entender el presente. Que el 30 de enero, día que la OMS declaro la alerta sanitaria por el virus chino, por coronavirus,  que el Gobierno permitiera entrar en  España al Wuhan Zall, un equipo de futbol chino,  para entrenar, y luego al Dalian Yifang, es un insulto a la inteligencia. Pero no queda ahí la cosa, después de tres meses de un duro estado de alarma, el Gobierno de Sánchez volvió a las andadas, de tal manera que se cree  que un variante del virus chino asociada a trabajadores temporeros de Aragón y Cataluña es la principal causa de la segunda ola de la epidemia en Europa, ¿Es una tomadura de pelo? No, es un fruto más de lo políticamente descarado.

Una vez más, debo resaltar que el problema no es el virus chino, sino la utilización que lo políticamente descarado permite hacer de la situación creada por la epidemia que ha causado. Siendo utilizada para justificar represión y encubrir violaciones de los derechos humanos. Muchos expertos en temas sanitarios padecen el síndrome Hitler, es decir, se creen con capacidad para controlar el mundo con sus virus y enfermedades, y como todos recordamos, no fue así. En España, esta constatado, el  sistema sanitario es utilizado  para ajustar cuentas y cometer violaciones de los derechos humanos, algo amoral, propio de regímenes fascistas, su variante el nazismo, o de regímenes comunistas. En el Mundo occidental no es aceptado ni en tiempos de guerra, pero hoy lo permite la aceptación por la mayoría de lo políticamente descarado. De tal forma que muchos ciudadanos hoy viven bajo la amenaza de que el Gobierno de España decida que ha llegado el momento oportuno o no de aplicarles una eutanasia activa. ¿No hay alternativa, no hay capacidad de reacción, debemos resignarnos a aceptar pasivamente las consecuencias de lo políticamente descarado? Que cada uno decida.

lunes, 26 de octubre de 2020

CRISIS COVID-19: NUEVO ESTADO DE ALARMA EN MANOS DE LOS GOBIERNOS AUTONÓMICOS.

Con la disculpa de combatir la propagación del virus chino SARS-CoV-2 y proteger la salud de los ciudadanos, del  14 de marzo al 21 de junio, recurriendo a la declaración del estado de alarma,  el Gobierno de España sometió a la sociedad española a duras restricciones de su libertad de movimiento, restringiendo a su vez la realización de numerosas actividades económicas. Pero el virus chino no ha desaparecido de territorio español, hoy se vuelve a propagarse con fuerza. Los tres meses de estado de alarma, no han servido para erradicarlo. Reducir la movilidad de las personas evita contagios, pero también reduce la vida de los ciudadanos a  comer y dormir, algo no deseado,   y sobre todo hunde la economía al disminuir la actividad económica, entre otras cosas, al bajar el consumo, en lo que llevamos de año la deuda pública ha superado ya el 110% del PIB. A pesar de ello, cuatro meses después, con fecha 25 de octubre el Gobierno ha vuelto a declarar el estado de alarma, con la misma disculpa que antes, proteger la salud de los ciudadanos y evitar muertes. El Gobierno ha argumentado para declarar el estado de alarma la necesidad de impedir actividades privadas de ocio nocturno y dotar a los Gobiernos autonómicos de un instrumento legal para imponer confinamientos perimetrales. 

El nuevo Real Decreto del estado de alarma tiene respecto al de marzo, importantes y claros matices. No impone el cierre de actividades económicas, sino simplemente limitaciones horarias, y también podrán seguir realizando su actividad los centros educativos. Limita la libertad de circulación de las personas en horario nocturno, de 23:00 a 06:00, y se restringe la entrada y salida de personas del territorio de cada comunidad autónoma. No hay ningún argumento científico  que permita sostener que una persona que se desplaza a otra comunidad por motivos laborales o por estudios tenga menor probabilidad de  contagiarse y, como consecuencia, de contribuir a propagar el virus, que otra que lo hace por ocio. Tampoco en otro tipo de desplazamientos. No hay ningún método científico que permita afirmar que los ciudadanos se contagian más en unas actividades, por ejemplo, de ocio, que en otras, en los medios de transporte, lugar de trabajo o centros educativos, son simples hipótesis sin base científica que se elaboran y difunden para rellenar informes y justificar el sueldo. Pero a pesar de ello, el Gobierno sigue optando por restringir los derechos fundamentales de los ciudadanos en función de su rol social. El gobierno de Sánchez quiere limitar la movilidad entre comunidades autónomas, pero mantiene abiertas las fronteras exteriores de España, por ejemplo, con China, lo que representa una completa burla a la inteligencia de los españoles.

Pero lo más importante del nuevo Real Decreto es que el Gobierno de España delega en los gobiernos autonómicos la posibilidad de adoptar o no las medidas que contiene. Durante el anterior estado de alarma, el entonces presidente de la Generalitat, y hoy ya expresidente, Quim Torra, exigió al Gobierno de Sánchez que levantara el estado de alarma o realizara modificaciones en el Real Decreto de aplicación para devolverle las competencias que el Gobierno le había retirado temporalmente. Pues parece ser que ahora Sánchez ha cedido, y ha realizado una aplicación del estado de alarma a la medida de las reivindicación de las elites independentistas burguesas catalanas ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Es el precio a pagar por el apoyo a los Presupuestos Generales del Estado para el 2021?

El presidente Sánchez está legislando en función de la conveniencia política y económica, que los confinamientos perimetrales se realicen a nivel autonómico, le permitirá a Canarias, en temporada alta,  seguir recibiendo turistas. Está claro, el Gobierno de Sánchez quiere tener a los ciudadanos sometidos al estado de alarma, para poder justificar represión y encubrir violaciones de los derechos humanos, permitiendo una mayor actividad autonómica que en el de marzo, y delegando en los gobiernos autonómicos la decisión de que medidas y contra quien las adoptan. Pero que sean muchos los actores políticos que apoyen la declaración del estado de alarma no hace su aplicación más constitucional, pues no puede ser constitucional que ciudadanos sanos sean privados de derechos fundamentales únicamente en función de su rol social, es decir, en función de ¿Trabajas o estudias? No, a casa.


lunes, 19 de octubre de 2020

VOX COMO ALTERNATIVA AL GOBIERNO SOCIALCOMUNISTA: ESPAÑA UNA DEMOCRACIA CON POCOS DEMÓCRATAS.

El presidente Sánchez seguramente no ha sido el primero ni el único en introducir plagios en su tesis, pero ha sido el primero en muchas cosas. Algunas anecdóticas, como ser el primer en ganar una moción de censura y ser presidente sin ser diputado nacional. Otras, con negativas consecuencias para España. Ha sido el primer presidente del PSOE que se ha atrevido a meter a los comunistas en el Gobierno de España, pactando con la representación del comunismo internacional en España, Unidas Podemos. Ha sido el primer presidente de la democracia que no ha logrado aprobar los Presupuestos Generales del Estado por dos años consecutivos, teniendo que prorrogar los del 2018. En febrero del 2019, llevando en la Moncloa poco más de seis meses, tuvo que convocar elecciones generales al no contar en el Congreso de los Diputados con apoyos suficientes para aprobar los Presupuestos; en el 2020, también sin lograr aprobarlos a esquivado el tema aludiendo a la situación sanitaria que vive el país, lo que ha permitido que desde la Unión Europea hagan la vista gorda sobre la situación de las cuentas públicas españolas.

Con la justificación de la amenaza de la epidemia sanitaria causada por el virus chino covid-19,  el presidente Sánchez ha impuesto en España una represión propia de un régimen autoritario, fascista o comunista, privando o concediendo derechos fundamentales a los ciudadanos en función de su rol social; ha frenado la economía y disparado el gasto público, se habla ya de una deuda pública de en torno al 120% del PIB; en cuanto al desempleo no se conocen los datos exactos, entre otras cosas porque el Gobierno ha adoptado medidas para dificultar que las empresas puedan despedir y tiene a muchos trabajadores bajo el paraguas de lo que se conoce como Expediente de Regulación Temporal de Empleo.

Con la falsa disculpa de la protección de la salud, el presidente Sánchez sometió a España a tres meses de estado de alarma que solo han servido para ejercer represión, encubrir violaciones de los derechos humanos, privando a muchos ciudadanos del derecho a una correcta atención sanitaria, y hundir la economía, hoy España sigue estando bajo la amenaza del covid-19. La situación de España es grave; con la disculpa de la epidemia sanitaria, que han favorecido, se quieren justificar abusos sanitarios y responsabilizar al virus de enfermedades que tienen como principal causa al utilización por parte de las elites dirigentes para ajustar cuentas. Pero lo más triste es que frente a la grave y lamentable situación creada por el presidente Sánchez, la única alternativa que se les ofrece a los españoles es Vox. Vox ha presentado una moción de censura contra el presidente Sánchez, que se debatirá en el Congreso de los diputados los próximos 21 y 22 de febrero, proponiendo a su líder, Santiago Abascal, como candidato a presidente del Gobierno de España.

De Vox, poco se puede decir que no se conozca. Vox es el heredero en España de aquellos que provocaron la Segunda Guerra Mundial, el Nazismo y su variante italiana el Fascismo; es la voz de los militares, es un partido que solo habla el lenguaje de la violencia, que desprecia al democracia, por considerarla el Gobierno de los débiles y considera que la violencia debe ser el principal instrumento para de acceso al poder político. Después de casi 40 años de dictadura militar, uno de los acuerdos tácitos de la Transición fue que los militares no volverían a injerir en la política española, y que el general Gutiérrez Mellado sería el último militar ministro de Defensa. Hoy, el pueblo español vuelve a tener a los militares en el Congreso de los Diputados intentando dirigir la política del país. La creación de Vox no ha sido muy original, pues se asemeja mucho a la creación del Partido Nazi, con numerosos exmilitares de alta graduación entres sus dirigentes. La verdad, todo hay que reconocerlo, la táctica utilizada para lanzar Vox ha sido muy inteligente y militar. Primero, los militares, contando con el apoyo de sectores de la derecha española afines al PP,  ayudaron a que creciera un partido de ideología comunista, Podemos, partido en el que metieron nada más y nada menos que a un ex JEMAD, al general Julio Rodríguez. En un principio, que un ex JEMAD de un Ejército como el español, mayoritariamente monárquico y de un Estado miembro de la OTAN, fuera de ideología comunista, antimonárquico y anti OTAN, como él mismo se definió, sonaba a extraño, pero no lo era.  Podemos fue la vanguardia utilizada por los militares para entrar otra vez en política. Una vez que la sociedad acepto como algo normal que un exgeneral  fuera dirigente de un partido comunista, con qué argumentos  se iba  a rechazar ahora que entraran en política con el grueso de la fuerza, como se iba a rechazar ahora que varios exmilitares lo fueran de Vox. Y así fue, en la sociedad española, y sobre todo a nivel periodístico, apenas ha habido debate sobre la vuelta de los militares a la política española.

La moción de censura de  Vox será defendida en el debate por Ignacio Garriga. Que un partido político que  basa su ideología y razón de ser en la defensa de la identidad española, como es el caso de Vox,  haya elegido para participar en el debate de la moción de censura a un diputado nacional por Cataluña y negro puede sonar a chocante, ilógico, pero no lo es. Recordemos, en la Guerra Civil utilizaron el Ejercito de África, cuya tropa era mayoritariamente extranjera y musulmana; con los dramáticos resultados que todos conocemos. Seguramente los militares no dudarían en volver a constituir un Ejército de inmigrantes, negros, musulmanes, etc,  para luchar contra los españoles. La vuelta de las elites dirigentes militares a la política española es muy malo para la democracia, es evidente que tienen una agenda oculta no democrática, y además, si el PSOE ha gobernado con los comunistas ¿Qué argumentos podrá haber en el futuro  en contra de que el PP lo haga con Vox?

jueves, 1 de octubre de 2020

CRISIS COVID-19: TODO VALE SI LO APOYA LA MAYORÍA.

El pasado 14 de marzo, el Gobierno de España, recurriendo a la declaración del estado de alarma, adopto una serie de medidas en apariencia para luchar contra la situación sanitaria creada por la epidemia provocada por el virus chino, covid-19. Muchas de ellas de forma clara inconstitucionales, por privar de forma arbitraria a muchos ciudadanos de derechos fundamentales. Cerrando o limitando actividades económicas. Medidas que se puede decir que han servido para muchas cosas, pero no para acabar con la epidemia del virus chino, y han  provocado el cierre de empresas, incremento de paro y, lo más grave, han hecho subir la deuda pública a un nivel sin precedentes en democracia, el 110% del PIB, algo que costara mucho bajar. No contento con eso el Gobierno, no contento con saltarse la ley de leyes, la ley que regula la convivencia entre españoles y el juego democrático, la Constitución de 1978, ahora quieren imponer similares medidas sin declarar  el estado de alarma, para poder mantener lo que podríamos definir como “abierta España”, es decir, total movilidad, manteniendo las fronteras exteriores abiertas, mientras se restringe la de concretos ciudadanos.  El Gobierno intenta poder confinar ciudades de más de 100.000 habitantes que reúnan una serie de criterios sanitarios. De tal forma que personas sanas queden confinadas en los territorios de esas ciudades únicamente porque el Gobierno de España considera que su rol social no es esencial para sus intereses, mientras que los que si tienen un rol considerado esencial puedan disfrutar de derechos fundamentales.   

Con la disculpa de intentar proteger la salud de ciudadanos sanos, el Gobierno les está diciendo “Vd. no salga de su ciudad”. El Gobierno de España siguiendo las recomendaciones del Ministerio de la Verdad, de un comité de expertos que no se sabe quién lo forma, dice que es necesario  sacrificar la libertad, sino la vida, de muchos ciudadanos en beneficio del interés general. No hay que ser experto en nada, ni muy inteligente, para llegar a la conclusión de que las medidas adoptadas por el Gobierno son absurdas e ineficaces. Por ejemplo, no hay evidencia científica de que un ciudadano se pueda contagiar más o menos en un desplazamiento, usando un transporte público, dependiendo de la razón del mismo. La sociedad está estructurada y organizada mayoritariamente en familias; si un miembro de la familia se desplaza, por ejemplo, por razones laborales, es como si se hubiera desplazado toda la familia, pues luego todos los miembros convivirán de forma conjunta y muy estrecha. No quiero decir  con ello que crea que estamos gobernados por tontos, ni mucho menos, estamos gobernados por unos listillos que quieren utilizar la situación sanitaria,  que de forma clara han contribuido a crear, para escenificar una demostración de poder contra concretos sectores de la sociedad española.

En España hay una democracia a la romana, no importan las leyes, algo es justo si cuenta con el apoyo de la mayoría. En España, no es opinión sino información, se están tomando decisiones y adoptando medidas impropias de una democracia moderna y occidental, propias de un régimen totalitario de ideología fascista o comunista. Y la situación sanitaria, insisto, que de forma clara han contribuido a crear, se ha convertido en la solución deseada y esperada para justificar represión y encubrir violaciones de los derechos humanos. El sistema sanitario español ha demostrado en numerosas ocasiones ser muy eficaz. Por mucha propaganda televisiva que hagan para engrandecer su trabajo y éxitos, no en la lucha contra epidemias, como lo demuestra la situación que sufre la sociedad española, sino como medicina punitiva,  como instrumento al servicio de sectores de las elites dirigentes para ejercer control social, cometer de forma sutil abusos y ajustar cuentas. Una vez más, las elites dirigentes españolas nos dan a entender que solo conocen el lenguaje de las pistolas, de la violencia, de la fuerza. O tienes fuerza para hacerte oír, o te hundes en la nada, en una nada en la que intentaran privare de derechos fundamentales.

jueves, 24 de septiembre de 2020

POR QUÉ NO SE HAN INCREMENTADO LOS RECURSOS SANITARIOS: ¿INCOMPETENCIA O QUERÍAN QUE LA SITUACIÓN SE REPITIERA?

Con la propagación de virus chimo, que ha favorecido y permitido, las elites dirigentes españolas, y en concreto el Gobierno de España, han metido al país en una negativa situación que solo genera empobrecimiento, el PIB ha caído en el segundo trimestre más de 17%. En marzo incrementaron de forma falsa la amenaza del covid-19, buscando crear una alarma social que permitiera justificar represión y encubrir violaciones de los derechos humanos. Que permitiera cosas como aislar a los ancianos en sus residencias condenando a muchos de ellos a morir en la más profunda soledad, sin poder recibir la ayuda de los suyos. Una medida injusta e injustificable, pues mientras se les exigirá a las familias que abandonara a sus mayores contagiados o en cuarentena, se permitía que se hicieran cargo de otros miembros en similares circunstancias, niños, etc. La amenaza vuelve a ser la misma que en el pasado marzo, pero las elites dirigentes no se atreven a tomar las mismas medidas, pues las consecuencias económicas, en concreto, incremento de déficit, cierre de empresas e incremento del desempleo, serían, como mínimo, similares a las de los tres meses de estado de alarma y por tanto inasumibles por España, tanto a nivel privado como por el Estado.   

Si el Gobierno de Sánchez pago el coste de declarar el estado de alarma para poder justificar determinadas medidas claramente inconstitucionales, entre otras cosas,  para privar a los ciudadanos de derechos fundamentales de forma discriminatoria en función de su rol social, el  Gobierno autonómico de la Comunidad de Madrid quiere poder hacer lo mismo sin pagar el coste económico y político de declarar el estado de alarma. Por ejemplo, el Gobierno autonómico de la Comunidad de Madrid, quiere cosas como  que militares y policías puedan  impedir que los ciudadanos no autorizados por  su rol social no abandonen las zonas de confinamiento y  puedan acceder a los datos sanitarios de los contagiados para así encargarse de su control, como si estuviéramos en estado de guerra, pues ¿Dónde quedan  derechos fundamentales como el de la libertad de circulación o  a la intimidad personal? Simplemente los anulan. Y lo más grave, la privación de estos derechos fundamentales no se aplicara de forma generalizada, sino que solo afectara a ciudadanos pertenecientes a determinados barrios de la comunidad, los de menos renta,  considerados los principales focos de contagios.

Como ocurrió con el estado de alarma declarado por el Gobierno durante tres meses, las medidas adoptadas por el Gobierno autonómico de Madrid, representan que pensionistas, amas de casa y desempleados, ya veremos qué pasa con los centros educativos y estudiantes, serán privados del derecho a la libre circulación. Los ciudadanos podrán desplazarse a los barrios ricos de la ciudad a trabajar, pero no por actividades de ocio, no a consumir. Una medida absurda, pues el riesgo de que un trabajador contagie a otro trabajando o durante un periodo  de descanso no es inferior a que lo haga en una actividad de simple ocio.

Las elites dirigentes españolas, empezando por el Gobierno de España, quieren seguir utilizando la potencial amenaza del coronavirus, exagerada, cuando no falsa, para justificar represión, por ejemplo, dando carta blanca a militares y policías para ejercerla, y poder encubrir claras violaciones de los derechos humanos, pero ello, incluso no declarando el estado de alarma, e imponiendo solamente  confinamientos limitados y locales, como el de las zonas menos pudientes de la Comunidad de Madrid, es incompatible con la reactivación de la economía española.

Los expertos sanitarios españoles siguen sin dar información concreta sobre el covid. Sobre su persistencia, uno de los datos más importantes sobre un agente biológico, o sobre porque a unos ciudadanos les causa unos daños al organismo y a otros no, eso sí, todos coinciden en recomendar nuevos confinamientos, por ejemplo, de Madrid. Pero lo que no dicen, pero que por muy ignorantes que sean saben, es que confinar la Comunidad de Madrid significa confinar España, a no ser que todo sea un paripé, y se obligue a los ciudadanos a confinarse mientras se permite la entrada y salida de viajeros a través del aeropuerto y estaciones de ferrocarril. Han transcurrido ya seis meses desde la delación del primer estado de alarma, el pasado 14 de marzo,  para luchar contra el coronavirus; expertos y gobernantes decían que la situación sanitaria podría perdurar, pero a pesar de ello no se han incrementado los recursos sanitarios ¿Por qué? Elevada incompetencia o deseaban que la situación se repitiera.


martes, 15 de septiembre de 2020

SÁNCHEZ, NO CONTENTO CON LA MEMORIA DE LOS ESPAÑOLES, LA ATACA.

El presidente Sánchez ha logrado ya superar, con diferencia, al expresidente Zapatero en el daño causado a la economía española y parece ser que también lo quiere hacer en remover el pasado. Si Zapatero aprobó la Ley de la Memoria Histórica, que se puede decir que culminó con la exhumación de los restos del  general Franco del Valle de los Caídos para ser inhumados en el cementerio de Mingorrubio, en el Pardo, Sánchez todavía quiere ir más allá, aprobando la ley denominada de la memoria democrática, con la cual el Gobierno  dice buscar  lograr objetivos como que el Estado sea el que proceda  a identificar y entregar a las familias los restos que todavía hay en fosas comunes de la Guerra Civil, modificar los contenidos que se imparten sobre la Guerra Civil en los centros educativos, anular juicios políticos celebrados durante la dictadura militar, y anular títulos entregados por el franquismo.

La democracia que hoy tenemos en España, no es fruto de victorias de la izquierda, como nos intentan hacer creer ahora, sino de una evolución ideológica de aquellos que gobernaron los últimos años del franquismo, los cuales  consideraron que lo mejor para España y sus intereses era dar paso a la democracia como forma de integrar a España en el Mundo democrático occidental, en la OTAN y la UE, entonces la Comunidad Económica Europea. Paso que se apoyó en un pilar fundamental, la Ley de Amnistía de 1977, apoyada por el Partido Socialista Obrero Español y el Partido Comunista  de España, entre otros partidos políticos, y de la que se beneficiaron personas de muy diferentes ideologías. Según la vicepresidenta Carmen Calvo ello se puede hacer sin ningún tipo de peligro porque hoy España es ya una democracia consolidada y madura. Lógicamente, todo el mundo percibe que la razón no es esa. Sino que  es muy difícil que más de 40 años después quede viva gente que haya asumido responsabilidades penales antes del 77 y por tanto la derogación o modificación sutil de esta ley no tendrá  efectos prácticos.

Tal vez, sea cierto lo que dice la vicepresidenta Calvo, que España es hoy una democracia consolidada y madura, no parece que a corto plazo se pueda producir algún tipo de movimiento violento destinado a provocar un cambio de régimen, pero también es cierto que en la actual España democrática y  Estado de Derecho, se cometen flagrantes, sistemáticas e impunes violaciones de los derechos humanos;  el Poder Judicial y la Policía son instrumentos represores al servicio de sectores de  las elites dirigentes y el sistema sanitario se utiliza para ajustar cuentas. Esa es la España en la que vivimos, pero a pesar de ello el Gobierno de Sánchez considera que lo más importante y necesario, no es investigar los delitos actuales, de los que son responsables por acción u omisión las actuales elites políticas, sino  crear una  Fiscalía para investigar hechos que han ocurrido hace décadas y cuyos ejecutores y responsables ya han fallecido.  

Vivimos una época caracterizada por que se está produciendo y permitiendo un falso revisionismo del pasado, principalmente impulsado por sectores políticos de la izquierda. El Gobierno quiere revisar la historia, manipulando a los ciudadanos ocultando una parte de ella. El Gobierno no contento con la memoria de los españoles, la ataca. En el 36, se produjo en España un golpe de Estado militar contra el Gobierno de la Republica, que tenía como objetivo restaurar la Monarquía,  pero también es cierto que el Gobierno de la Republica había perdido totalmente el control del orden público, ordenando cosas como el asesinato del diputado Calvo Sotelo. El Gobierno de Sánchez quiere anular juicios celebrados por el franquismo, como por ejemplo, el del presidente Companys, que tuvo como sentencia su fusilamiento, pero nada dice de los juicios celebrados por el Gobierno de la Republica, que también tuvieron como sentencia fusilamientos, como el de Antonio Primo de Rivera, en Alicante en el 36. El Gobierno de Sánchez quiere ordenar levantar fosas donde considera  que están enterrados sus antepasados, como mínimo políticos, y me parece justo, necesario y urgente, pero no debemos olvidar que desde el Gobierno de la Republica se cometieron también muchos asesinatos injustos, de no combatientes, como las conocidas como las matanzas de Paracuellos.

Puede parecer que hay sectores de la izquierda española que quieren hoy ganar la guerra que perdieron sus abuelos y no quisieron librar sus padres. Y tal vez hay sectores de la izquierda que lo sienten así. Pero lo que está ocurriendo va mas allá, es una sutil escenificación de ataques, batallas y victorias actuales que nada tienen que ver con la Guerra Civil. El que no aprende las lecciones del pasado corre el riesgo de tener que repetirlas, y las elites dirigentes que hoy gobiernan España  parece ser que no las han aprendido.

lunes, 7 de septiembre de 2020

CRISIS COVID-19: EL DESEO DE APARENTAR.

Desde que comenzó la crisis del coronavirus, en España los datos oficiales no son creíbles. Las elites dirigentes, los que gobiernan y en especial las autoridades sanitarias los han manipulado  para incrementar o atenuar una  alarma social que justificara sus decisiones. Ello tiene una explicación clara, no hay duda, numerosos indicios dan a entender que no solo sabían que esta situación se iba a producir sino que desde el Gobierno de España se ha favorecido que se produjera. Con que intención, todavía no está clara, pero hoy ya sabemos que la amenaza del covid-19 ha sido utilizada y está siendo utilizada para justificar represión y encubrir violaciones de los derechos humanos y ha provocado decrecimiento al imponer el Gobierno restricciones a actividades económicas y  medidas que reducen el consumo de los ciudadanos.

A través del discurso oficial, de forma intensa y repetida  difundido por los medios  comunicación, nos dicen que el virus chino sigue extendido por toda España, lo que ha provocado que numerosos países hayan recomendado a sus nacionales no viajar a nuestro país, pero a lo contrario de lo que nos decían en marzo, ahora dicen que aunque el número de contagiados es muy elevado inexplicablemente ahora el virus no está afectando a los más vulnerables, el número de enfermos que requieren hospitalización es muy bajo. Parece ser que los jóvenes se contagian entre ellos, principalmente en actividades de ocio,  pero cuando vuelven a casa, para tener una vida familiar en espacios reducidos, con lo que ello conlleva a la hora de comer, el aseo, etc,  no  contagian a sus mayores. Realmente todo muy extraño y poco creíble.

Si algo ha incrementado la crisis del covid-19 es el deseo de aparentar. Se quiere aparentar que hay seguridad con medidas absurdas, ineficaces, difíciles de mantener. Es todo un sinsentido carente de la más mínima racionalidad. De forma inconstitucional e ilegal muchos ancianos han sido aislados en las residencias en las que se alojaban, causando ello que muchos de ellos murieran en la más profunda soledad aislados de los suyos. Si un anciano esta contagiado a su familia, a sus hijos, etc,  se le prohíbe que le puedan prestar ayuda, por ejemplo, sacarle de la residencia y llevarle a un centro hospitalario o a casa para cuidarlo, pero en cambio si un niño esta contagiado el Gobierno autoriza a que sus padres lo puedan llevar a casa y pedir una baja laboral para cuidarle. ¿Por qué un anciano tiene menos derechos que un niño, u otra persona contagiada? Y ahora se quiere aparentar que el sistema educativo puede funcionar, cumpliendo con la función de educar a niños y jóvenes, manteniendo la amenaza del coronavirus. En marzo el Gobierno de Sánchez impuso  el cierre de colegios, ahora con el virus extendido por toda España dice que los colegios se podrán abrir y el sistema educativo volverá a funcionar. Difícilmente ello será posible si las instalaciones educativas no han aumentado, a no ser que los alumnos se queden en casa, estableciéndose turnos de asistencia a clase y  reduciendo el número de horas de clase o recibiéndolas online. Pero ahora lo que toca es aparentar, aparentar que en los centros hay más seguridad y que los alumnos siguen su etapa formativa con normalidad.

Quieren aparentar seguridad frene a una amenaza cuyo riesgo se ha incrementado de forma exagerada, por ejemplo, utilizando la muerte de ancianos de elevada edad y muy malas condiciones de salud, para crear una alarma social que permite justificar represión y encubrir violaciones de los derechos humanos. De forma clara, están utilizando la amenaza del covid-19 para cazar. Si un ciudadano ha entrado en contacto con una persona que se dice que ha dado positivo en una PCR las autoridades sanitarias le imponen un confinamiento de 14 días a pesar de que luego de negativo en una PCR. Eso sí, este criterio no es adoptado con todos los ciudadanos sino que dependerá de su rol social. Está  constatado que no se ha aplicado a dirigentes políticos, jugadores de futbol, personal sanitario, etc. Es decir, es una represión a la carta en la línea de utilizar de forma sutil el sistema sanitario para ajustar cuentas, para cometer violaciones de los derechos humanos. No dudando en recurrir a los militares, a unos militares que han tenido a España privada de democracia, de libertades políticas, durante casi 40 años, y en la actualidad a las órdenes de la Monarquía, como rastreadores para incrementar no la eficacia en la lucha contra la enfermedad sino  la represión.  En esto no aparentan, lo dejan claro.