El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha puesto hoy en marcha el proceso legislativo para reformar el actual Código Penal y hacer desaparecer el delito de sedición, que quedara reducido a un delito de desórdenes públicos, todo ello con el objetivo de reducir las penas máximas. De tal forma, que hechos tipificados como sedición y castigados con una pena máxima de 15 años de cárcel e inhabilitación absoluto, pasaran a estar castigados con una pena máxima de 5 años y una inhabilitación de 8 años. Este tipo de decisiones suelen ser propias de un estado fallido, de una república bananera, de un país en el que no hay el más mínimo respecto a la legalidad vigente, recurriendo a todo tipo de instrumentos para saltárselas cuando interesa a la mayoría política, en concreto, a la mayoría que tiene el control del Congreso de los Diputados. Hace dos días el presidente Sánchez decía que iba a por todas, y no ha defraudado, pues ya lo estamos notando. Su decisión de eliminar el delito de sedición ahora, después de haber ocurrido lo que ha ocurrido en Cataluña, representa una burla a los principios democráticos, entre los que destaca el respecto a la legalidad vigente, y no cambiar esta oportunamente en benéfico de intereses personales. Es simplemente indecente.
La independencia de Cataluña es inviable por tres importantes razones. Primero, económicamente, ya que una frontera entre Cataluña y el resto de España, aunque muchos políticos independentistas catalanes lo nieguen, pondría fin a las relaciones comerciales entre ambos países, entre una supuesta Cataluña soberana y España, algo muy perjudicial para las exportaciones catalanas. Además, sí la burguesía catalana que ha puesto en marcha el proceso independentista, realmente pensara que esta pudiera materializarse, hubiera retirado sus inversiones del resto de España y, en cambio, estas no ha dejado de aumentar desde el 2014. En segundo lugar, porque la Unión Europea no podría nunca apoyar de forma clara la independencia de Cataluña pues ello supondría también tener que apoyar y aceptar la independencia de otros territorios, tanto de Estados miembros como de terceros países. ¿Apoyaría la UE le fraccionamiento de Bélgica, de Bosnia y Herzegovina, o la independencia del nacionalismo corso? ¿Reconocería la UE la independencia de los territorios del este de Ucrania que han sido anexionados por Rusia? Es poco probable que la UE quiere apoyando la independencia de Cataluña y poner así en marcha una dinámica que lleve a la alteración de las actuales fronteras de los Estados europeos. Y en tercer lugar, porque la independencia de Cataluña perjudicaría de forma notable los intereses de las elites dirigentes del resto de España, las cuales buscarían impulsar la aplicación del artículo 8º de la Constitución Español, que autoriza a las Fuerzas Armadas a actuar en defensa del ordenamiento constitución y la integridad territorial.
La relajación del Código Penal respecto a delitos hoy tipificados como sedición, conduce a hacernos dos preguntas. Primera, ¿Beneficio a alguien el denominado proceso independentista de Cataluña que finalizo con la declaración unilateral de independencia del 10 de octubre de 2017? Pues no los sé, seguramente algunos se hayan hecho ricos, siempre hay buitres que se aprovechan de la carroña; seguramente sectores de las elites dirigentes independentistas hayan logrado secretas concesiones por parte de las denominadas elites dirigentes constitucionalistas y monárquicas, pero en términos generales, la sociedad catalana y su economía, que es lo que importa a los ciudadanos, están hoy peor que cuando en el 2014 el Parlamento de Cataluña, liderado por la burguesía catalana, entonces representada por Convergencia y Unión (CiU), solicitó al Congreso de los Diputados la cesión de las competencias para la celebración de un referéndum independentista y puso así en marcha el proceso independentista. Aún más, hoy no solo no existe CiU, sino que sus herederos políticos no gobiernan en Cataluña. La segunda pregunta es ¿Por qué toma esta decisión el presidente Sánchez? ¿Solo quiere beneficiar a los dirigentes políticos responsables de convocar el referéndum ilegal del 1-O y de realizar la declaración unilateral de independencia del 10 de octubre de 2017 o modifica el delito, rebajando las penas, como aliciente para que vuelvan a poner en marcha otro proceso independentista? Insólito, que desde los podres del Estado se apoyó la segregación de una pate de él, no tiene precedente en ninguna democracia occidental.
Bien, la decisión de Sánchez es una muy mala noticia. Una
muy mala noticia que no va a beneficiar ni al pueblo español ni a la sociedad
catalana. Podría ser que Sánchez este
impulsando esto únicamente por intereses personales. Y lo pueda hacer gracias al enorme poder que ya
ha alcanzado no solo en el socialismo
español, sino europeo, pero que un partido como Podemos, de forma clara y
constatada, apoyado por las elites de
las monárquicas Fuerzas Armadas Españoles, algo escenificado con hechos como
que entre sus dirigentes fundadores este el
general Julio Rodríguez, ex-JEMAD, y también apoyado, mediáticamente y
con votos, por otros sectores de la
derecha monárquica española, como el Grupo Planeta, le dé su apoyo a esta reforma del Código
Penal confirma la implicación de la Monarquía, de la Jefatura del Estado, del rey Felipe VI, en este asunto. Una muy mala noticia, porque es difícil
pensar y todavía más difícil creer, que
el presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, por muy insensato
que sea, se atrevería a tomar una decisión de este calado sin contar con un
gran consenso y apoyo de las elites dirigentes españoles y, especialmente, de
los sectores monárquicos con poder en la sociedad española. Una muy mala
noticia, que viene a confirmar que el conocido como proceso independentista
catalán se fraguo desde el primer momento contando con un gran pacto entre las elites dirigentes
españolas, impulsado por la Jefatura del Estado, por la Monarquía, por la Casa
Real de Borbón, que habla en público muy bien catalán, para escenificar una
demostración de poder, la del famoso “sí, sí”, la de los abusos policiales
cometidos contra humildes ciudadanos catalanes el día del referéndum del 1-O, y
similares abusos de poder.
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