Los responsables de que en el Parlament de Catalunya se hiciera el
pasado 27 de octubre una Declaración Unilateral de Independencia (DUI) están siendo
investigados por la justicia española. Unos tendrán que presentarse a declarar el próximo jueves en el
Tribunal Supremo, otros, ya están en prisión, y el resto, el expresidente
Carles Puigdemont y 4 exconsejeros, se encuentran refugiados en Bélgica. Sin
ser experto en derecho, parece lógico, que deba existir alguna ley dentro del
marco jurídico español que impida que unos dirigentes que han realizado una
DUI, buscando romper el orden constitucional
puedan volverse a presentar a unas elecciones. Pero parece que no va a ser así,
diferentes miembros del Gobierno de Mariano Rajoy, han dicho ya que los
acusados de rebelión y sedición por haber declarado la independencia, podrán presentarse
a las próximas elecciones autonómicas catalanas del 21-D. Y no es de extrañar el
comportamiento del Gobierno de Rajoy. Declarada la DUI, ante la comisión de un
delito flagrante, de conocimiento público, al ser televisado, lo que entre
otras cosas podría crear alarma social, lo lógico, lo que muy probablemente hubiera
ocurrido en cualquier democracia occidental, es que el Gobierno recomendara a
la Fiscalía que pidiera la inmediata detención de sus principales responsables,
Puigdemont y sus consejeros, pero no fue así, la Fiscalía tardo en actuar, permitiendo que Puigdemont y algunos
consejeros huyeran a Bélgica. Sin ser mal pensado, tal inacción, tal nivel de incompetencia, conduce a pensar que
el Gobierno del PP quería que Puigdemont trasladara su lucha personal a Bélgica.
El 2002, aprovechando la coyuntura
internacional, entre otras cosas, las reacciones provocadas por el incidente
del 11-S, pactos secretos para acabar con denominado Conflicto Armado Vasco, etc., y gracias a que el PP tenía mayoría absoluta en el Congreso de
los Diputados, el Gobierno del expresidente
Aznar aprobó la ley de partidos políticos, la cual representaba un traje a medida para el partido político Batasuna.
De acuerdo con dicha ley, la justicia española ilegalizo ese partido al
considerar, dicho de forma resumida, que Batasuna era un instrumento político al
servicio de la organización terrorista ETA. La justicia española, el Poder
Judicial, considero que las características de algunos dirigentes de ese
partido debían trasladarse a toda la organización, ilegalizándola.
Curiosamente, el Poder Judicial, no considero que las características de los
acusados en las tramas criminales de los asuntos Gürtel, Púnica, Lezo, etc.,
eran trasladables al conjunto del Partido Popular. Aunque está demostrado que
el PP es una organización política que da apoyo a organizaciones criminales; aunque
investigaciones policiales dan a conocer que el PP ha sido un instrumento al
servicio de diferentes organizaciones criminales, sin cuya existencia muchos de
sus delitos no los hubieran podido cometer. A pesar de todo eso, la justicia
española no ha considerado necesario ilegalizar el PP.
La justicia española no ha
considerado necesario ilegalizar el PP a pesar de que investigaciones policiales demuestran que ha
sido un instrumento necesario para que varias organizaciones criminales
pudieran cometer diferentes delitos.
Ahora, parece que ni a la justicia
española ni al Gobierno de Rajoy les interesa recurrir a la aplicación de la
ley de partidos para impedir que los partidos que han servido de instrumento
para proclamar una DUI en Cataluña no se puedan volver a presentar a unas
elecciones encuadradas en un marco constitucional que no respectan. Da la impresión,
de que los poderes del Estado no quieren aplicar en la crisis catalana el duro criterio judicial utilizado contra
Batasuna, a pesar de que es fácil percibir que la amenaza del proceso
independentista es mucho mayor de la que representaba Batasuna para España,
para el Estado, para la Seguridad Nacional. ¿Por qué será, que está en juego,
que es lo que realmente reclaman las elites burguesas independentistas
catalanas?
Que un Estado de protección a
un ciudadano extranjero, complicando así sus relaciones internacionales, cuesta
dinero, mucho dinero. Puigdemont ha acudido a Bélgica, no en busca de ayuda,
por ejemplo, de instituciones
internacionales, sino porque de antemano sabía que le iban a dar protección. Dándole
además una relevancia de la que, al haber sido destituido, carece totalmente.
Lo cual conduce a preguntarse ¿Quién paga todo esto? ¿Acaso las empresas que
antes le daban su apoyo al
independentismo y que ahora, que Puigdemont
ha huido, también han salido de Cataluña
o tal vez algún rico actor internacional,
todavía desconocido, o ambos? ¿Quién, quien paga el costoso apoyo exterior que
está recibiendo Puigdemont?
La Asamblea Nacional Catalana,
instrumento no político, pero al servicio
del proceso independentista, a la cual no se le ha aplicado tampoco el mismo
criterio judicial que a Batasuna, ha convocado para el próximo 6 de diciembre
en Bruselas una manifestación a favor de la liberación de los prisioneros políticos
catalanes, de los consejeros. O sus dirigentes tienen información privilegiada, algo que
entra dentro de lo posible, o es
evidente que confían poco en el poder de las elites independentistas catalanas
para sacar a los suyos de prisión, y mucho en el poder de Puigdemont para poder
seguir todavía en esa fecha refugiado en Bélgica. Las elites burguesas
independentistas catalanas no quieren reconocer lo evidente, que el proceso
independentista tal como lo habían planteado ha llegado a su fin con la DUI, y
que ahora tienen que tomar el control de las fronteras, o asumir que han sido
derrotados con la aplicación del 155. La única forma de que el proceso independentista
siga avanzando es a través de la vía Kosovo, esfuerzo que no están dispuestos a
pagar aquellos que lo lideran. Puigdemont, refugiado en Bélgica, no ha dicho
que, parafraseando al expresidente Aznar, va a crear algo así como un Movimiento de Liberación
de Cataluña (vía Kosovo) sino todo lo contrario, ha dicho que él y los suyos participaran en
las próximas elecciones, si se lo permite la justicia, claro. Puigdemont, tal
vez logres el apoyo de la Alianza de Civilizaciones, o de los BRICS, o de entes
similares, pero tú, tú no eres Arafat, ni por ahora Cataluña es Palestina, entrégate
Puigdemont, entrégate o vete al psiquiatra.
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