miércoles, 28 de febrero de 2018

PACTO DE TOLEDO: 23 AÑOS DESPUÉS LAS PENSIONES SIGUEN SIENDO UN PROBLEMA.

Populares y comunistas, en 1995 construyeron una pinza política con el objeto de despedir al entonces presidente del Gobierno, Felipe González, lo que provocaría que el  presidente del PP, José María Aznar, en público y el secretario general del PCE, Julio  Anguita, en privado, le cantaran el famoso “Váyase, Sr. González”. Pero, 1995 también fue un año de grandes consensos políticos. Fue el año en el que los partidos políticos que constituían la V Legislatura aprobaron casi por unanimidad el Pacto de Toledo.

Curiosamente, el Pacto de Toledo, tiene su origen en una  Proposición no de Ley, presentada por el grupo parlamentario catalán, CiU,  para crear una ponencia dentro de la Comisión de Presupuestos para analizar los problemas estructurales de la Seguridad Social. En un momento de crisis económica y en el que las empresas estaban optando por prejubilaciones para solucionar problemas estructurales y renovar plantillas, la aprobación del Pacto de Toledo representaba sacar un tema tan polémico como el de las pensiones del debate electoral, y el compromiso con dos objetivos principales: Garantizar la sostenibilidad del sistema público de pensiones y mantener el poder adquisitivo de los pensionistas, revalorizándose estas de acuerdo al IPC.

Desde el 95 España ha tendido un fuerte crecimiento económico, entre otras cosas gracias a la integración en la UE, duplicándose el PIB, pero a pesar de ello, los problemas de la Seguridad Social no se han resuelto, el Pacto de Toledo ha sido un fracaso. El Gobierno del presidente Rajoy rompió el Pacto de Toledo al aprobar la reforma de las pensiones del 2013, buscando garantizar la sostenibilidad del sistema público de pensiones  disminuyendo su cuantía aplicando para su cálculo el denominado factor de sostenibilidad. Este complejo factor de sostenibilidad consta de dos elementos. Uno, el Factor de Revalorización Anual, que, entre otras cosas,  impide que las pensiones se revaloricen si el sistema está en déficit. Y el Factor de Equidad Intergeneracional, según el cual a la hora de calcular la pensión de los nuevos jubilados se tendrá en cuenta la esperanza de vida, disminuyendo la cuantía de la pensión en función de los años que al pensionista le queden para alcanzarla.

La caja de la Seguridad Social, ha tenido en el 2017 un déficit de aproximadamente 18.000 millones de euros, ello representa que  la reforma de las pensiones del 2013 no ha servido para resolver los problemas del sistema público de pensiones. Aplicando el factor de sostenibilidad y no revalorizando los últimos años las pensiones de acuerdo al IPC, el Gobierno ha  logrado contener un poco el déficit condenando a la pobreza, condenando a pasar hambre, a muchos pensionistas, pero ni siquiera así se logra la sostenibilidad del sistema, el cual debe financiarse emitiendo el Estado deuda pública.

Los problemas del sistema público de pensiones español tienen una única causa, la de siempre, una muy desigual distribución de la riqueza, en su mayor parte en manos de una elite burguesa que logra pagar los mínimos impuestos posibles gracias a la  influencia que ejerce sobre la clase política, sea esta del color que sea. Los sucesivos gobiernos que ha tenido España desde el 1995 podían haber adoptado varias y diferentes medidas para garantizar la sostenibilidad de las pensiones, pero no lo han hecho. Siempre es más fácil apretar al más débil, a los más vulnerables, justificándose ante la opinión pública con falsos argumentos, como el de que no se puede subir la presión fiscal, ni las cotizaciones, riéndose de la inteligencia de los ciudadanos afirmando que donde mejor está el dinero es en el bolsillo de los ciudadanos, a sus bolsillos se refieren, al de los burgueses, claro. La burguesía española, como se suele decir, coloquialmente, se lo sabe montar, difundiendo falsos mensajes, como el de que los trabajadores son los que pagan las pensiones, o dicho con otras palabras, están trasladando a los trabajadores la idea de que subir las pensiones puede representar aumentar las cotizaciones de los trabajadores a la Seguridad Social, es decir, que cobren menos, de esta forma, logran que la subida de las pensiones no sea algo mayoritariamente  popular entre la sociedad. Las cotizaciones a la Seguridad Social no son otra cosa que impuestos. Impuestos que el Estado obliga a pagar a las empresas por realizar su actividad, y que los trabajadores pagan para así adquirir el derecho a tener el día de mañana una pensión. Las pensiones más bajas de la Seguridad Social son las de aquellas personas que por alguna razón no han podido contribuir lo que establece la ley. La burguesía española se lo sabe montar, solo a una mente retorcida, que desea utilizar el lenguaje para manipular a los ciudadanos, se le puede ocurrir definir un concepto llamado Factor de Equidad Intergeneracional. ¿Qué equidad se genera con este factor? Ninguna.  

El problema de las pensiones no se resuelve, fundamentalmente, porque no hay ni voluntad política ni interés social porque se resuelva. Durante la era Aznar el sistema logro superávit gracias al auge económico, y en especial, gracias a la burbuja de la construcción. Luego vino el presidente Zapatero y tampoco hizo nada por garantizar la sostenibilidad del sistema, además, al llegar la crisis del 2008, lo primero que hizo fue congelar la subida de las pensiones, no se le ocurrió la idea de  que otra solución, más justa,  hubiera sido aumentar los ingresos. Por su parte, el presidente Rajoy, para satisfacer a los sectores más liberales y burgueses de su partido, que desean pagar los mínimos impuestos, definió el factor de sostenibilidad, desvinculando la revalorización de las pensiones del IPC,  incrementando la edad de jubilación hasta los 67 años ( O 65 años habiendo cotizado 38) y aplicando el Factor de Equidad Intergeneracional. Está claro que entre la prioridad de los ciudadanos tampoco está la subida de las pensiones, pues si así fuera, el PP no hubiera vuelto a ganar las elecciones después de la reforma de las pensiones del 2013, algo lógico pues si bombardeas a los trabajadores con mensajes en la línea de que subir las pensiones de la SS representa subirles a ellos las cotizaciones, dirán no, aunque ello suponga que tengan una menor pensión en el futuro.

Han transcurrido ya 23 años desde la aprobación del Pacto de Toledo, pero los problemas de la Seguridad Social no se han solucionado, y algunas organizaciones de pensionistas han sacado, justo ahora, no lo hicieron en el 2013 cuando se aprobó la reforma de las pensiones,  su gente a la calle para exigir al Gobierno que revalorice las pensiones de acuerdo al IPC. Casi 25 años después, las pensiones vuelven a la agenda política para volver a ser lo que se intentaba evitar en el 95, un  asunto de confrontación electoral. La verdad es que es  muy llamativo que las organizaciones de pensionistas, muy politizadas como todo en España,  hayan sacado a su gente precisamente  ahora a la calle, pues detrás de ello tiene que haber algún tipo de intencionalidad política, ¿Cuál? tal vez, una nueva pinza, o tal vez,  una nueva ponencia de la burguesía catalana, no lo sé, pero está  claro que algo, político,  se cuece.

La pirámide de población  y  el actual déficit de la Seguridad Social dan a entender que si España desea tener un sistema público de  pensiones sostenible y con pensiones dignas, de tal forma que un trabajador cobre al retirarse el 80% de lo que cobraba en activo y estas se revaloricen de acuerdo al IPC, es necesario diseñar una nueva forma de financiación del sistema, completando la actual, denominada de reparto, basada en las cotizaciones, con un nuevo impuesto. Un nuevo impuesto, que entre las muchas alternativas que hay, en mi opinión, el mejor, sería un impuesto a los combustibles y la electricidad, algo  que consumen todos los ciudadanos, hoy y que seguro seguirán consumiendo mañana.

martes, 20 de febrero de 2018

CONGRESO DE LOS DIPUTADOS: PLATAFORMA DE PROPAGANDA DE CRIMINALES.

La Comisión de Investigación de la supuesta financiación irregular del PP se ha convertido en una plataforma de propaganda desde la que criminales, que cumplen condena,  y supuestos criminales atacan a las instituciones del Estado y acusan a  cargos y ex cargos públicos sin aportar ninguna prueba. Los partidos políticos con representación en el Congreso rara vez se ponen de acuerdo, pero curiosamente, esta vez sí lo hicieron para aprobar por unanimidad la creación de una  comisión de investigación que está  dando el micrófono a criminales para que sometan a la democracia española un proceso de degradación, utilizando la táctica del calamar, acusando pero no aportando pruebas. Supongo,  que lo harán  con la fe puesta en que así podrán quebrar o desestabilizar de alguna forma el Estado y ello les permitirá encontrar una salida para no cumplir las penas a las que han sido condenados o lo serán en breve.

La vida política española lleva tiempo desarrollándose en una ambiente de putrefacción, mediática y también real. Si alguien aún tenía  dudas sobre ello, hoy le habrán quedado despejadas con la comparecencia de Álvaro Pérez, El Bigotes, en la comisión de investigación sobre la caja B del PP. El Bigotes, junto a Correa, Pablo Crespo, este último ex secretario de organización del PP de Galicia, y otros, ha sido condenado a  12 años de cárcel por el asunto Fitur. A pesar de ello, hoy los Sres. diputados  le han brindado el micrófono para que con una chulería no propia de alguien que está preso contribuyera a desacreditar todavía más el funcionamiento de la democracia española. Según él, había empresarios que le pagaban, por orden del PP,  los actos que organizaba para ese partido. Acuso  a muchos, aunque con poco existo, pues no aportó pruebas. Eso sí, no hablo de quien a todas luces era entonces el principal  responsable de todo que se decidía en Génova, el expresidente José María Aznar. Intentando, de forma clara, desviar los focos mediáticos y las investigaciones policiales  de la  familia Aznar, dijo que llego a pensar que su amigo Alejando Agag, yerno de Aznar, había muerto, pues hacía tiempo que no tenía  ningún tipo de contacto con él.

Desde Febrero del 2009, cuando se producen las dos famosas cacerías, la literal,  del ministro de Justicia Fernández Bermejo en compañía del juez Baltasar Garzón, y la ordenada por este último desde la Audiencia Nacional, metafóricamente hablando, contra piezas del PP (Caso Gürtel), la sociedad española sabe que  el PP tenía una caja B de dinero negro que alimentaban de muchas y diferentes formas. Desde entonces, también  sabemos que el PP es una organización política que da cobertura a organizaciones criminales. Pues, la  caja B no solo permitía la financiación irregular del PP, como se suele decir, participar dopado en las campañas electorales, sino también blanquear dinero del crimen organizado. La trama Gürtel está siendo juzgada, y por tanto la Comisión de Investigación sobre la financiación del PP no tiene ningún sentido, ni utilidad, ni valor, salvo que se haya creado para dar voz a personajes como El Bigotes.


Álvaro Pérez, El Bigotes, ha salido hoy de prisión para utilizar los medios de comunicación para hacer una campaña  de propaganda, acusando sin pruebas, buscando desacreditar  el funcionamiento de las instituciones del Estado, e incluso amenazando, introduciendo que va mucho al gimnasio, me imagino por si el Estado quiebra y puede salir y vengarse, aunque no ha dicho de quien, tal vez, de Alejandro Arag, o del juez, no lo sé.  Este tipo de hechos, por muy corruptas que sean las  elites políticas,  no se debe permitir en un Estado democrático y de Derecho. La justica debe ser justa, y para ello debe ser oportuna, proporcional y ejemplar. La justicia, en el ámbito penal,  no debe ser nunca sinónimo de venganza, sino que existe para proteger a los ciudadanos evitando que se vuelvan a repetir los mismos delitos, y para ello debe aplicar penas, proporcionales al daño causado, sí,  pero también lo suficientemente disuasorias y ejemplarizantes.  El Poder Judicial español concede a presos pertenecientes a las elites dirigentes, como es el caso de “El Bigotes”, privilegios que no tienen otros presos y que además son utilizados para intentar desacreditar y desestabilizar el Estado.