Populares y comunistas, en
1995 construyeron una pinza política con el objeto de
despedir al entonces presidente del Gobierno, Felipe González, lo que provocaría
que el presidente del PP, José María
Aznar, en público y el secretario general del PCE, Julio Anguita, en privado, le cantaran el famoso “Váyase,
Sr. González”. Pero, 1995 también fue un año de grandes consensos políticos. Fue
el año en el que los partidos políticos que constituían la V Legislatura
aprobaron casi por unanimidad el Pacto de Toledo.
Curiosamente, el Pacto de
Toledo, tiene su origen en una Proposición
no de Ley, presentada por el grupo parlamentario catalán, CiU, para crear una ponencia dentro de la Comisión
de Presupuestos para analizar los problemas estructurales de la Seguridad Social. En un
momento de crisis económica y en el que las empresas estaban optando por
prejubilaciones para solucionar problemas estructurales y renovar plantillas,
la aprobación del Pacto de Toledo representaba sacar un tema tan polémico como
el de las pensiones del debate electoral, y el compromiso con dos objetivos
principales: Garantizar la sostenibilidad del sistema público de pensiones y
mantener el poder adquisitivo de los pensionistas, revalorizándose estas de
acuerdo al IPC.
Desde el 95 España ha tendido
un fuerte crecimiento económico, entre otras cosas gracias a la integración en
la UE, duplicándose el PIB, pero a pesar de ello, los problemas de la Seguridad
Social no se han resuelto, el Pacto de Toledo ha sido un fracaso. El Gobierno
del presidente Rajoy rompió el Pacto de Toledo al aprobar la reforma de las
pensiones del 2013, buscando garantizar la sostenibilidad del sistema público
de pensiones disminuyendo su cuantía aplicando
para su cálculo el denominado factor de sostenibilidad. Este complejo factor de
sostenibilidad consta de dos elementos. Uno, el Factor de Revalorización Anual,
que, entre otras cosas, impide que las
pensiones se revaloricen si el sistema está en déficit. Y el Factor de Equidad
Intergeneracional, según el cual a la hora de calcular la pensión de los nuevos
jubilados se tendrá en cuenta la esperanza de vida, disminuyendo la cuantía de
la pensión en función de los años que al pensionista le queden para alcanzarla.
La caja de la Seguridad
Social, ha tenido en el 2017 un déficit de aproximadamente 18.000 millones de
euros, ello representa que la reforma de
las pensiones del 2013 no ha servido para resolver los problemas del sistema público
de pensiones. Aplicando el factor de sostenibilidad y no revalorizando los
últimos años las pensiones de acuerdo al IPC, el Gobierno ha logrado contener un poco el déficit condenando
a la pobreza, condenando a pasar hambre, a muchos pensionistas, pero ni
siquiera así se logra la sostenibilidad del sistema, el cual debe financiarse
emitiendo el Estado deuda pública.
Los problemas del sistema público
de pensiones español tienen una única causa, la de siempre, una muy desigual
distribución de la riqueza, en su mayor parte en manos de una elite burguesa
que logra pagar los mínimos impuestos posibles gracias a la influencia que ejerce sobre la clase política,
sea esta del color que sea. Los sucesivos gobiernos que ha tenido España desde
el 1995 podían haber adoptado varias y diferentes medidas para garantizar la
sostenibilidad de las pensiones, pero no lo han hecho. Siempre es más fácil
apretar al más débil, a los más vulnerables, justificándose ante la opinión pública
con falsos argumentos, como el de que no se puede subir la presión fiscal, ni
las cotizaciones, riéndose de la inteligencia de los ciudadanos afirmando que
donde mejor está el dinero es en el bolsillo de los ciudadanos, a sus bolsillos
se refieren, al de los burgueses, claro. La burguesía española, como se suele decir,
coloquialmente, se lo sabe montar, difundiendo falsos mensajes, como el de que
los trabajadores son los que pagan las pensiones, o dicho con otras palabras, están
trasladando a los trabajadores la idea de que subir las pensiones puede
representar aumentar las cotizaciones de los trabajadores a la Seguridad
Social, es decir, que cobren menos, de esta forma, logran que la subida de las
pensiones no sea algo mayoritariamente popular entre la sociedad. Las cotizaciones a
la Seguridad Social no son otra cosa que impuestos. Impuestos que el Estado
obliga a pagar a las empresas por realizar su actividad, y que los trabajadores
pagan para así adquirir el derecho a tener el día de mañana una pensión. Las
pensiones más bajas de la Seguridad Social son las de aquellas personas que por
alguna razón no han podido contribuir lo que establece la ley. La burguesía española
se lo sabe montar, solo a una mente retorcida, que desea utilizar el lenguaje para
manipular a los ciudadanos, se le puede
ocurrir definir un concepto llamado Factor de Equidad Intergeneracional. ¿Qué equidad
se genera con este factor? Ninguna.
El problema de las pensiones
no se resuelve, fundamentalmente, porque no hay ni voluntad política ni interés
social porque se resuelva. Durante la era Aznar el sistema logro superávit gracias
al auge económico, y en especial, gracias a la burbuja de la construcción.
Luego vino el presidente Zapatero y tampoco hizo nada por garantizar la
sostenibilidad del sistema, además, al llegar la crisis del 2008, lo primero
que hizo fue congelar la subida de las pensiones, no se le ocurrió la idea de que otra solución, más justa, hubiera sido aumentar los ingresos. Por su
parte, el presidente Rajoy, para satisfacer a los sectores más liberales y burgueses
de su partido, que desean pagar los mínimos impuestos, definió el factor de sostenibilidad,
desvinculando la revalorización de las pensiones del IPC, incrementando la edad de jubilación hasta los
67 años ( O 65 años habiendo cotizado 38) y aplicando el Factor de Equidad
Intergeneracional. Está claro que entre la prioridad de los ciudadanos tampoco está
la subida de las pensiones, pues si así fuera, el PP no hubiera vuelto a ganar
las elecciones después de la reforma de las pensiones del 2013, algo lógico pues
si bombardeas a los trabajadores con mensajes en la línea de que subir las
pensiones de la SS representa subirles a ellos las cotizaciones, dirán no,
aunque ello suponga que tengan una menor pensión en el futuro.
Han transcurrido ya 23 años
desde la aprobación del Pacto de Toledo, pero los problemas de la Seguridad
Social no se han solucionado, y algunas organizaciones de pensionistas han
sacado, justo ahora, no lo hicieron en el 2013 cuando se aprobó la reforma de
las pensiones, su gente a la calle para
exigir al Gobierno que revalorice las pensiones de acuerdo al IPC. Casi 25 años
después, las pensiones vuelven a la agenda política para volver a ser lo que se
intentaba evitar en el 95, un asunto de
confrontación electoral. La verdad es que es muy llamativo que las organizaciones de pensionistas, muy
politizadas como todo en España, hayan
sacado a su gente precisamente ahora a
la calle, pues detrás de ello tiene que haber algún tipo de intencionalidad política,
¿Cuál? tal vez, una nueva pinza, o tal vez, una nueva ponencia de la burguesía catalana,
no lo sé, pero está claro que algo, político,
se cuece.
La pirámide de población y el actual déficit de la Seguridad Social dan a
entender que si España desea tener un sistema público de pensiones sostenible y con pensiones dignas,
de tal forma que un trabajador cobre al retirarse el 80% de lo que cobraba en
activo y estas se revaloricen de acuerdo al IPC, es necesario diseñar una nueva
forma de financiación del sistema, completando la actual, denominada de
reparto, basada en las cotizaciones, con
un nuevo impuesto. Un nuevo impuesto, que entre las muchas alternativas que
hay, en mi opinión, el mejor, sería un impuesto a los combustibles y la
electricidad, algo que consumen todos
los ciudadanos, hoy y que seguro seguirán consumiendo mañana.
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