La Comisión de Investigación
de la supuesta financiación irregular del PP se ha convertido en una plataforma
de propaganda desde la que criminales, que cumplen condena, y supuestos criminales atacan a las
instituciones del Estado y acusan a cargos y ex cargos públicos sin aportar
ninguna prueba. Los partidos políticos con representación en el Congreso rara
vez se ponen de acuerdo, pero curiosamente, esta vez sí lo hicieron para
aprobar por unanimidad la creación de una comisión de investigación que está dando el micrófono a criminales para que
sometan a la democracia española un proceso de degradación, utilizando la táctica
del calamar, acusando pero no aportando pruebas. Supongo, que lo harán con la fe puesta en que así podrán quebrar o desestabilizar de alguna forma el Estado y
ello les permitirá encontrar una salida para no cumplir las penas a las que han
sido condenados o lo serán en breve.
La vida política española
lleva tiempo desarrollándose en una ambiente de putrefacción, mediática y también
real. Si alguien aún tenía dudas sobre
ello, hoy le habrán quedado despejadas con la comparecencia de Álvaro Pérez, El Bigotes, en la comisión de investigación
sobre la caja B del PP. El Bigotes, junto a Correa, Pablo Crespo, este último ex secretario de organización
del PP de Galicia, y otros, ha sido condenado a 12 años de cárcel por el asunto Fitur. A
pesar de ello, hoy los Sres. diputados le
han brindado el micrófono para que con una chulería no propia de alguien que está
preso contribuyera a desacreditar todavía más el funcionamiento de la
democracia española. Según él, había empresarios que le pagaban, por orden del
PP, los actos que organizaba para ese
partido. Acuso a muchos, aunque con poco
existo, pues no aportó pruebas. Eso sí, no hablo de quien a todas luces era entonces
el principal responsable de todo que se decidía
en Génova, el expresidente José María Aznar. Intentando,
de forma clara, desviar los focos mediáticos y las investigaciones policiales de la familia Aznar, dijo que llego a pensar que su
amigo Alejando Agag, yerno de Aznar, había muerto,
pues hacía tiempo que no tenía ningún tipo
de contacto con él.
Desde Febrero del 2009, cuando
se producen las dos famosas cacerías, la literal, del ministro de Justicia Fernández Bermejo en compañía del juez Baltasar
Garzón, y la ordenada por este último desde la Audiencia
Nacional, metafóricamente hablando,
contra piezas del PP (Caso Gürtel), la sociedad española sabe que el PP tenía una caja B de dinero negro que
alimentaban de muchas y diferentes formas. Desde entonces, también sabemos que el PP es una organización política
que da cobertura a organizaciones criminales. Pues, la caja B no solo permitía la financiación irregular
del PP, como se suele decir, participar dopado en las campañas electorales,
sino también blanquear dinero del crimen organizado. La trama Gürtel está
siendo juzgada, y por tanto la Comisión de Investigación sobre la financiación del
PP no tiene ningún sentido, ni utilidad, ni valor, salvo que se haya creado
para dar voz a personajes como El Bigotes.
Álvaro Pérez, El Bigotes, ha
salido hoy de prisión para utilizar los medios de comunicación para hacer una
campaña de propaganda, acusando sin
pruebas, buscando desacreditar el
funcionamiento de las instituciones del Estado, e incluso amenazando,
introduciendo que va mucho al gimnasio, me imagino por si el Estado quiebra y
puede salir y vengarse, aunque no ha dicho de quien, tal vez, de Alejandro Arag,
o del juez, no lo sé. Este tipo de
hechos, por muy corruptas que sean las elites políticas, no se debe permitir en un Estado democrático y
de Derecho. La justica debe ser justa, y para ello debe ser oportuna,
proporcional y ejemplar. La justicia, en el ámbito penal, no debe ser nunca sinónimo de venganza, sino
que existe para proteger a los ciudadanos evitando que se vuelvan a repetir los
mismos delitos, y para ello debe aplicar penas, proporcionales al daño causado,
sí, pero también lo suficientemente
disuasorias y ejemplarizantes. El Poder
Judicial español concede a presos pertenecientes a las elites dirigentes, como
es el caso de “El Bigotes”, privilegios que no tienen otros presos y que además
son utilizados para intentar desacreditar y desestabilizar el Estado.
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