CRISIS COVID-19: EL DESEO DE APARENTAR.

Desde que comenzó la crisis del coronavirus, en España los datos oficiales no son creíbles. Las elites dirigentes, los que gobiernan y en especial las autoridades sanitarias los han manipulado  para incrementar o atenuar una  alarma social que justificara sus decisiones. Ello tiene una explicación clara, no hay duda, numerosos indicios dan a entender que no solo sabían que esta situación se iba a producir sino que desde el Gobierno de España se ha favorecido que se produjera. Con que intención, todavía no está clara, pero hoy ya sabemos que la amenaza del covid-19 ha sido utilizada y está siendo utilizada para justificar represión y encubrir violaciones de los derechos humanos y ha provocado decrecimiento al imponer el Gobierno restricciones a actividades económicas y  medidas que reducen el consumo de los ciudadanos.

A través del discurso oficial, de forma intensa y repetida  difundido por los medios  comunicación, nos dicen que el virus chino sigue extendido por toda España, lo que ha provocado que numerosos países hayan recomendado a sus nacionales no viajar a nuestro país, pero a lo contrario de lo que nos decían en marzo, ahora dicen que aunque el número de contagiados es muy elevado inexplicablemente ahora el virus no está afectando a los más vulnerables, el número de enfermos que requieren hospitalización es muy bajo. Parece ser que los jóvenes se contagian entre ellos, principalmente en actividades de ocio,  pero cuando vuelven a casa, para tener una vida familiar en espacios reducidos, con lo que ello conlleva a la hora de comer, el aseo, etc,  no  contagian a sus mayores. Realmente todo muy extraño y poco creíble.

Si algo ha incrementado la crisis del covid-19 es el deseo de aparentar. Se quiere aparentar que hay seguridad con medidas absurdas, ineficaces, difíciles de mantener. Es todo un sinsentido carente de la más mínima racionalidad. De forma inconstitucional e ilegal muchos ancianos han sido aislados en las residencias en las que se alojaban, causando ello que muchos de ellos murieran en la más profunda soledad aislados de los suyos. Si un anciano esta contagiado a su familia, a sus hijos, etc,  se le prohíbe que le puedan prestar ayuda, por ejemplo, sacarle de la residencia y llevarle a un centro hospitalario o a casa para cuidarlo, pero en cambio si un niño esta contagiado el Gobierno autoriza a que sus padres lo puedan llevar a casa y pedir una baja laboral para cuidarle. ¿Por qué un anciano tiene menos derechos que un niño, u otra persona contagiada? Y ahora se quiere aparentar que el sistema educativo puede funcionar, cumpliendo con la función de educar a niños y jóvenes, manteniendo la amenaza del coronavirus. En marzo el Gobierno de Sánchez impuso  el cierre de colegios, ahora con el virus extendido por toda España dice que los colegios se podrán abrir y el sistema educativo volverá a funcionar. Difícilmente ello será posible si las instalaciones educativas no han aumentado, a no ser que los alumnos se queden en casa, estableciéndose turnos de asistencia a clase y  reduciendo el número de horas de clase o recibiéndolas online. Pero ahora lo que toca es aparentar, aparentar que en los centros hay más seguridad y que los alumnos siguen su etapa formativa con normalidad.

Quieren aparentar seguridad frene a una amenaza cuyo riesgo se ha incrementado de forma exagerada, por ejemplo, utilizando la muerte de ancianos de elevada edad y muy malas condiciones de salud, para crear una alarma social que permite justificar represión y encubrir violaciones de los derechos humanos. De forma clara, están utilizando la amenaza del covid-19 para cazar. Si un ciudadano ha entrado en contacto con una persona que se dice que ha dado positivo en una PCR las autoridades sanitarias le imponen un confinamiento de 14 días a pesar de que luego de negativo en una PCR. Eso sí, este criterio no es adoptado con todos los ciudadanos sino que dependerá de su rol social. Está  constatado que no se ha aplicado a dirigentes políticos, jugadores de futbol, personal sanitario, etc. Es decir, es una represión a la carta en la línea de utilizar de forma sutil el sistema sanitario para ajustar cuentas, para cometer violaciones de los derechos humanos. No dudando en recurrir a los militares, a unos militares que han tenido a España privada de democracia, de libertades políticas, durante casi 40 años, y en la actualidad a las órdenes de la Monarquía, como rastreadores para incrementar no la eficacia en la lucha contra la enfermedad sino  la represión.  En esto no aparentan, lo dejan claro.