Con la propagación de virus chimo, que ha favorecido y
permitido, las elites dirigentes españolas, y en concreto el Gobierno de
España, han metido al país en una negativa situación que solo genera
empobrecimiento, el
PIB ha caído en el segundo trimestre más de 17%. En marzo incrementaron de
forma falsa la amenaza del covid-19, buscando crear una alarma social que
permitiera justificar represión y encubrir violaciones de los derechos humanos.
Que permitiera cosas como aislar a los ancianos en sus residencias condenando a
muchos de ellos a morir en la más profunda soledad, sin poder recibir la ayuda
de los suyos. Una medida injusta e injustificable, pues mientras se les exigirá
a las familias que abandonara a sus mayores contagiados o en cuarentena, se permitía
que se hicieran cargo de otros miembros en similares circunstancias, niños, etc.
La amenaza vuelve a ser la misma que en el pasado marzo, pero las elites
dirigentes no se atreven a tomar las mismas medidas, pues las consecuencias económicas,
en concreto, incremento de déficit, cierre de empresas e incremento del
desempleo, serían, como mínimo, similares a las de los tres meses de estado de
alarma y por tanto inasumibles por España, tanto a nivel privado como por el
Estado.
Si el Gobierno de Sánchez pago el coste de declarar el
estado de alarma para poder justificar determinadas medidas claramente
inconstitucionales, entre otras cosas, para privar a los ciudadanos de derechos
fundamentales de forma discriminatoria en función de su rol social, el Gobierno autonómico de la Comunidad de Madrid
quiere poder hacer lo mismo sin pagar el coste económico y político de declarar
el estado de alarma. Por ejemplo, el Gobierno autonómico de la Comunidad de
Madrid, quiere cosas como que militares
y policías puedan impedir que los
ciudadanos no autorizados por su rol
social no abandonen las zonas de confinamiento y puedan acceder a los datos sanitarios de los
contagiados para así encargarse de su control, como si estuviéramos en estado
de guerra, pues ¿Dónde quedan derechos
fundamentales como el de la libertad de circulación o a la intimidad personal? Simplemente los
anulan. Y lo más grave, la privación de estos derechos fundamentales no se
aplicara de forma generalizada, sino que solo afectara a ciudadanos
pertenecientes a determinados barrios de la comunidad, los de menos renta, considerados los principales focos de
contagios.
Como ocurrió con el estado de alarma declarado por el
Gobierno durante tres meses, las medidas adoptadas por el Gobierno autonómico de
Madrid, representan que pensionistas, amas de casa y desempleados, ya veremos qué
pasa con los centros educativos y estudiantes, serán privados del derecho a la
libre circulación. Los ciudadanos podrán desplazarse a los barrios ricos de la
ciudad a trabajar, pero no por actividades de ocio, no a consumir. Una medida
absurda, pues el riesgo de que un trabajador contagie a otro trabajando o durante
un periodo de descanso no es inferior a
que lo haga en una actividad de simple ocio.
Las elites dirigentes españolas, empezando por el Gobierno
de España, quieren seguir utilizando la potencial amenaza del coronavirus, exagerada,
cuando no falsa, para justificar represión, por ejemplo, dando carta blanca a militares
y policías para ejercerla, y poder encubrir claras violaciones de los derechos
humanos, pero ello, incluso no declarando el estado de alarma, e imponiendo
solamente confinamientos limitados y
locales, como el de las zonas menos pudientes de la Comunidad de Madrid, es
incompatible con la reactivación de la economía española.
Los expertos sanitarios españoles siguen sin dar información
concreta sobre el covid. Sobre su persistencia, uno de los datos más
importantes sobre un agente biológico, o sobre porque a unos ciudadanos les
causa unos daños al organismo y a otros no, eso sí, todos coinciden en
recomendar nuevos confinamientos, por ejemplo, de Madrid. Pero lo que no dicen,
pero que por muy ignorantes que sean saben, es que confinar la Comunidad de
Madrid significa confinar España, a no ser que todo sea un paripé, y se obligue
a los ciudadanos a confinarse mientras se permite la entrada y salida de viajeros
a través del aeropuerto y estaciones de ferrocarril. Han transcurrido ya seis
meses desde la delación del primer estado de alarma, el pasado 14 de marzo, para luchar contra el coronavirus; expertos y
gobernantes decían que la situación sanitaria podría perdurar, pero a pesar de
ello no se han incrementado los recursos sanitarios ¿Por qué? Elevada
incompetencia o deseaban que la situación se repitiera.
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