La Constitución de 1978 llego a su cuadragésimo aniversario después de una declaración unilateral de independencia en Cataluña, en octubre del 2017, que no significo nada, más allá de la detención de algunos dirigentes catalanes que la habían impulsado y la huida al extranjero de otros, y con un mapa político muy fraccionado que dificultaba enormemente la gobernabilidad de España. Pero todo es susceptible de empeorar. Los problemas del 2018 no solo continúan hoy sino que se han agravado con otros nuevos. España llega a la celebración del cuadragésimo aniversario de la llegada de la democracia tambaleándose tres pilares fundamentales de la Constitución y por tanto del sistema democrático: La Monarquía, el Poder Judicial y las Fuerzas Armadas.
El rey emérito Juan Carlos I, jefe del Estado hasta junio de 2014 al abdicar en su hijo el rey Felipe VI, se encuentra hoy refugiado en un país islámico, Emiratos Árabes Unidos, buscando esconderse de la actuación de los medios de comunicación, sino también de la justicia ya que está siendo investigado en España y Suiza por presuntos delitos fiscales y de blanqueo de capitales.
Las actuales elites políticas con representación en el Congreso de los Diputados son incapaces de ponerse de acuerdo para renovar la composición del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), órgano de gobierno de la justicia española. El Gobierno de Sánchez ha amenazado con cambiar la ley que lo regula, de tal forma que no sea necesario para nombrar nuevos vocales del CGPJ mayoría absoluta sino que llegue con mayoría simple. Ello ha dado lugar a que desde la Unión Europea se le llame la atención al Gobierno de Sánchez, recordándole que tenga en cuenta la opinión de la oposición y de la Comisión de Venecia. La Comisión de Venecia es una institución dependiente del Consejo de Estado, que se creó a la caída del Muro de Berlín para asesorar a las ex repúblicas comunistas del este de Europa, estados miembros de la disuelta Unión Soviética, para asesorarles en su proceso de democratización, elaboración de una constitución democrática y demás ordenamiento jurídico. Es decir, de esta forma la UE está calificando a España de república bananera en la que el Gobierno no tiene claro como se pueden o no aprobar determinadas leyes en una democracia.
Y en tercer lugar se empiezan a tambalear también de forma pública las Fuerzas Armadas, algo grave si tenemos en cuenta la historia de España y el hecho de que los militares han tenido sometida a la sociedad española durante casi 40 años a una dictadura militar. En la actualidad todo el mundo, y más un mando militar de alta graduación, sabe que las redes sociales, así como otros instrumentos de comunicación a través de Internet, no son seguros, y por tanto si se ha dado a conocer un chat en donde mandos militares retirados emitían exabruptos con los que se amenazaba el orden constitucional y a una parte de la sociedad española, no puede ser más que de forma interesada. No tiene sentido que haya militares que digan que es necesario defender cosas como la integridad territorial de España, cuando no hicieron nada para frenar el proceso independentista de Cataluña y el artículo 8º de la Constitución les permite actuar en defensa de la soberanía nacional. Lógicamente, están utilizando reivindicaciones del independentismo catalán, que se sabe que no llevan a ningún lado, como argumento para defender concretos intereses políticos y económicos de las elites militares. Lógicamente, solo hablan militares retirados, porque los que están en activo saben que significarse de forma pública políticamente representaría el final de su carrera.
Está claro, las elites militares han vuelto a buscar influir en la política española de forma pública. Primero, introdujeron al general Julio Rodríguez, ex JEMAD, como dirigente de Podemos, constatada representación en España del comunismo internacional. Lo que explica, que primero el Movimiento 15-M y luego Podemos, hayan recibido fuertes apoyos de sectores de la derecha española. Apoyo mediático, como por ejemplo, del monárquico Grupo Planeta, pero también en votos, de tal forma que Podemos se hizo con votos en zonas que tradicionalmente votaban al PP. Luego, cuando la sociedad española ya había aceptado sin la más mínima critica, ni política ni periodística, la entrada de los militares en política, crearon Vox, el heredero ideológico en España de aquellos que provocaron la Segunda Guerra Mundial, el nazismo alemán y el fascismo italiano. Si desde Podemos pedían la mitad del Gobierno de España y asaltar los cielos, ahora la llamada gente de Vox, militares retirados, haciendo público su chat, piden la cabeza de 26 millones de españoles. Increíble ¿Querrán vacunar a estos 26 millones de españoles con algo para que los hijos del resto de españoles puedan ver mejor, correr más, obtener mejores titulaciones, etc?
Sea para bien o muy probablemente para mal, cada vez queda menos de la España que nació con la Constitución de 1978. España llega al 42 aniversario del día de la Constitución en una situación de clara anormalidad democrática. Con un Congreso formado por asalta supermercados y personajes políticos que su principal mérito es ser anti algo, muchos de ellos anticonstitucionales. Con las elites militares controlando la radicalidad política, Podemos y Vox, en beneficio suyo. Estando en cuestión el rol y funcionamiento de instituciones tan importantes como la Jefatura del Estado, el Poder Judicial y las Fuerzas Armadas. La democracia española se ha construido dándole mucha importancia a los derechos de las fuerzas políticas, pero ninguno a los derechos individuales de los ciudadanos. Aceptando el principio de todo vale, independientemente del ordenamiento jurídico, si cuenta con el apoyo de la mayoría. Pero el mapa político se ha fraccionado, y la regla de todo vale si cuenta con la mayoría ya no satisface a nadie, y buscan cambiar las reglas de juego, el ordenamiento jurídico, aprobando de forma inconstitucional nuevas leyes o recurriendo a la presión, sino amenaza, de la utilización de la fuerza de los militares.
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