La comparecencia de hoy del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ante el Congreso de los Diputados para dar explicaciones sobre que se haya descubierto que el CNI utilizo el sistema Pegasus, de la empresa israelí NSO Grouppara, para espiar teléfonos móviles de personalidades de la política española, se puede resumir en un “todo perfecto”. Según el presidente el CNI actuó siempre con autorización judicial; si hay teléfonos que los espías españoles no reconocen haber espiado es porque otros actores extranjeros están utilizando en territorio español el mismo sistema espía, Pegasus, pero ni el CNI ni el presidente Sánchez conocen quien. Algo, esto último, insólito, por no decir mentira, pues muchos expertos informáticos sostienen que siempre que se sacan datos de un terminal digital, por ejemplo, teléfono móvil, se sabe adónde han sido enviados.
La portavoz del PP, Cuca Gamarra, además de la típica critica que se espera desde la oposición al Gobierno, le ha realizado al presidente interesantes preguntas. Le ha preguntado sobre que teléfono le habían espiado, el personal o el oficial, y sobre qué información habían obtenido, porque lógicamente, si era información comprometida o clasificada ello puede dar lugar a que un actor como Villarejo o unos servicios secretos extranjeros intenten chantajear o presionar al presidente Sánchez ¿Tal vez, es por ello que el presidente Sánchez ha cambiado la posición de España respecto al Sahara Occidental? Se sabrá.
Para saciar el apetito de las fieras de la oposición y seguramente también intentar manipular a la opinión pública española, el presiente Sánchez tenía que ofrecer algo, y ha anunciado que va cambiar algunas leyes, la ley de secretos oficiales, la que regula la gestión de los fondos reservados, etc. No se puede ser más cínico, pues fue el Gobierno de España el que ordeno que se comprara el sistema Pegasus ¿Qué fondos reservados quiere controlar, tal vez, los que recibía y recibe la Zarzuela o familiares de espías por supuestas operaciones de venta de información? El problema no es de falta de leyes, sino de un completo incumplimiento de las leyes vigentes, de lo que el presidente Sánchez ha denominado “Respecto a la legalidad democrática”
En España no se respeta la legalidad democrática. España es un régimen totalitario encubierto bajo la forma de una democracia parlamentaria. En la que solo hay una ley, la de que todo vale si cuenta con el apoyo de la mayoría política. Contar con el apoyo de la mayoría política permite anular el Estado de Derecho y que así se puedan cometer todo tipo de abusos, graves violaciones de los derechos humanos, con total impunidad. Anular el Estado de Derecho permite incumplir leyes, normas e inclusos contratos empresariales. Permite que el Estado pueda ejercer represión policial y judicial, ordenando detenciones ilegales con total impunidad. Permite, que desde las instituciones del Estado se ordenen y encubran acciones terroristas, claro terrorismo de Estado, como por ejemplo, el 11-M. Permite, que por ejemplo, sucedan asuntos como el fraude de las preferentes de la banca española, porque a la banca le interesaba en un periodo de crisis que sus clientes no pudieran retirar el dinero de sus ahorros o inversiones. La banca, las entidades bancarias españolas son de los actores empresariales que más abusos cometen en la sociedad española, gracias al contar con el apoyo de la mayoría política.
Pero lo más grave, es que todo conduce a sospechar que el
Gobierno de España intenta justificar que se pueda filtrar información de la próxima
cumbre de la NATO, que se celebrara a finales de junio en Madrid, con el falaz argumento
de “Si se filtra información no es porque el Gobierno de España se la haya dado
a actores prorrusos, como Unidas Podemos, sino porque Pegasus anda suelto en
territorio español”. Por el bien de todos, de todas las democracias
occidentales, la próxima cumbre de la
OTAN no debería celebrarse en España. No vengas aquí a nada, el Gobierno de
España no es de fiar, sino un Gobierno tiránico, no solo prorruso sino también
responsable de flagrantes y sistemáticas violaciones de los derechos humanos y
de ordenar y encubrir terrorismo de Estado, como el 11-M.
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