Hoy en se han producido dos hechos políticos de enorme relevancia, que sin duda alguna contribuirán a deteriorar todavía más la baja calidad de la democracia española y pondrán en riesgo la convivencia entre españoles. En primer lugar, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se ha negado a cooperar con la administración de justicia acogiéndose a su derecho a no declarar testigo en contra de su esposa, Begoña López, investigadas por un supuesto trafico de influencias. En segundo lugar, el Gobierno de Sánchez ha aceptado conceder a Cataluña un régimen fiscal propio, distinto al común, similar al concierto económico que la Constitución otorga a Euskadi, a cambio de que Esquerra Republicana de Catalunya de su apoyo para que el líder del Partido de los Socialistas de Cataluña, Salvador Illa, sea investido presidente de la Generalidad de Cataluña.
Dos decisiones políticas que sin necesidad de profundizar
en su análisis se comprende que son dos enormes errores políticos. Sánchez se
ha acogido al legítimo derecho que tiene todo ciudadano de no declarar en
contra de su esposa, pero es que Sánchez no es un ciudadano común, encarna, al contar
con el apoyo de la mayoría del Congreso de los Diputados, quien elabora las
leyes, quien elige a los jueces, quien dota al sistema judicial de recursos y legitimación.
Como hemos visto en los últimos años con la renovación del Consejo General del
Poder Judicial, sin la cooperación del presidente del Gobierno la justicia
española sería un caos, y a eso está contribuyendo el presidente Sánchez al
negarse a declarar motivado únicamente por intereses personales.
Cataluña es la segunda comunidad autónoma, después de la
Comunidad de Madrid, en Producto Interior Bruto, pero la cuarta, después Madrid,
País Vasco y Navarra, en PIB per cápita, lógicamente, ello lleva a pensar que
se merece otro sistema fiscal o de reparto de los recursos públicos, pero que
el presidente Sánchez intente imponerlo en contra de la voluntad del resto de comunidades
autónomas, tal vez cuente con el apoyo del País Vasco, y seguramente también en
contra de los intereses de la Unión Europea, como una forma de compra de los
votos de ERC, es un enorme error. Se suele decir que la avaricia rompe el saco,
y suele ser así, y las elites dirigentes nacionalistas catalanas, en concreto
los dirigentes de ERC, están forzando las costuras del saco que representa la
Hacienda Pública española, porque concederle a Cataluña un régimen fiscal
distinto es ir en contra de los intereses del resto de comunidades.
Desde una perspectiva critica, y seguramente un poco
exagerada se suele decir que hay pueblos que son incapaces de vivir en
democracia. Que no aceptan los principios democráticos, que quieren que la
convivencia no esté basada en el respecto a los derechos humanos, en el
respecto al imperio de la ley, representado por lo que se conoce como el Estado
de Derecho, sino en relaciones de poder y violencia. Aceptando el principio de
que todo es legitimo si cuenta con el apoyo de la mayoría política, una mayoría
política que utiliza los poderes del Estado cuando la violencia que apoyan es
contestada con violencia. En Democracia y Totalitarismo, Raymond Aron al
hablar de los regímenes constitucional-pluralista, es decir, una democracia, dice
“Son imperfectos por exceso de oligarquía cuando el juego de los partidos
oculta la omnipotencia de una minoría; lo son por exceso de demagogia cuando,
en la lucha de los partidos, los grupos olvidan las necesidades colectivas y el
sentido del bien común; y lo son por limitación de la eficacia porque,
inevitablemente, un régimen en el que todos los grupos tienen derecho a
defender sus intereses rara vez puede adoptar medidas radicales”. Se podría decir
que Aron esta hablando de la España actual. España hay un oligarquía de
partidos políticos, que evitando conflictos con una constatada corrupta Monarquía, es decir, la Casa Real de Borbón,
que cuenta con el apoyo de las Fuerzas Armadas y su sucedáneos las Fuerzas y
Cuerpos de Seguridad del Estado, impone sus intereses al resto de la sociedad. No
importándole poner en entredicho el funcionamiento de la justicia, anulando el Estado
de Derecho, o quebrar la igualdad fiscal entre todos los españoles.
Como en otras épocas del pasado las elites dirigentes
españolas quieren una sociedad que funcione de acuerdo a relaciones de poder y violencia. Relaciones
de poder, como el principio monárquico según el cual los ciudadanos deben ser
valorados por su origen familiar. Relaciones de violencia según las cuales, y
contando con el apoyo de las instituciones del Estado, haya grupos que puedan
recurrir a la violencia para imponer sus intereses y deseos al resto de la
sociedad. Y estos rojos, que hoy dirigen el PSOE, alardean de ello. Hay pueblos
que no saben vivir en democracia, y el pueblo español parece ser uno de ellos. Las elites dirigentes españolas quieren un
sistema de convivencia basado en la violencia y seguramente tendrán un sistema
de convivencia únicamente basado en la violencia.
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