El Partido Republicano (PR),
primero con Ronald Reagan, luego con George Bush, llevaba 11 años gobernando
dando mucha importancia a la política exterior, algo que sin duda favoreció la caída
del Muro de Berlín y la disolución de la Unión Soviética y el Pacto de
Varsovia. Durante la campaña de las elecciones presidenciales de 1992, para
hacerle frente, el equipo del expresidente de los Estados Unidos, Bill Clinton,
Partido Demócrata (PD), puso de moda el eslogan ¡Es la economía, estúpido!
Independientemente de que fuera debido a un lógico cansancio del electorado causado
por políticas del PR o al éxito del eslogan, Clinton gano las elecciones. Ahora
no está claro gracias a que propuestas políticas ha ganado el presidente Trump
las últimas elecciones, pero, de forma implícita, ha puesto de moda un nuevo eslogan
¡Son los beneficios, estúpido! Eslogan que lleva a
interpretar que una determinada política es buena si genera beneficios. Pero
claro, ¿Beneficios para quién? Un utilitarista estadounidense diría que una
política es buen si hace que las cosas vayan mejor para un elevado porcentaje
de la población de su país. El problema está en que no todas las políticas, por
ejemplo, encajadas en la política exterior, se pueden valorar en términos
económicos.
Independientemente de que diga
el Tribunal Supremo, la política de aranceles ha sido ya un éxito de la Administración
Trump. El mercado sigue funcionando con normalidad, las empresas que exportan a
los Estados Unidos han reducido un poco sus beneficios, los estadounidenses
pagan un poco más caros los productos importados, muchas empresas estadounidenses
han ganado competitividad frente a empresas extranjeras y, sobre todo, el
Gobierno estadounidense ha incrementado de forma importante su recaudación al
gravar las importaciones. El presidente
Trump ha intentado justificar la intervención militar en Venezuela en términos económicos,
repitiendo una y otra vez que va a ser rentable porque Estados Unidos, a partir
de ahora, va a controlar la extracción y exportación del petróleo venezolano,
impidiendo que este pueda ser vendido a países como China, Cuba, etc, pero, sin
duda, se trata de unos beneficios más difíciles de valorar o medir. Si en un
principio ha sido un éxito, al lograr detener al expresidente Maduro para
juzgarlo en Estados Unidos por narcotráfico, la evolución de la situación
política en Venezuela puede llevar al pueblo estadounidense a valorarla como un
fracaso.
Como consecuencia de su detención, a partir de ahora Maduro tendrá que resolver sus asuntos internos en los Estados Unidos, pero la situación política de Venezuela no es un asunto interno, sino que afecta a toda la comunidad internacional. Primero, porque el Gobierno venezolano está acusado de utilizar los privilegios que le concede la comunidad internacional, en concreto el uso de pasaportes diplomáticos y de valijas diplomáticas, en beneficio de las actividades de organizaciones dedicadas al narcotráfico. Segundo, porque debido a la situación económica y la dura represión que ejerce el Régimen bolivariano contra su población, más de 8 millones de ciudadanos han emigrado de ese país. Y en tercer lugar, aunque no menos importante, porque en el 2005 la ONU aprobó el principio de responsabilidad de proteger legitimando a la comunidad internacional a actuar en un Estado soberano cuando su Gobierno comete crímenes de lesa humanidad, como pueden ser encarcelamientos por razones políticas y, por tanto, ilegales, el uso de la tortura, forzar movimientos masivos de población, etc. Ante una total pasividad de la comunidad internacional y dándose razones más que suficientes para ello, la Administración Trump ha decidido intervenir en Venezuela, pero lo ha hecho de una forma muy confusa, creando la sospecha de la existencia de un previo oculto acuerdo y sin dejar claro cuáles son sus objetivos.
Cuando un acuerdo político no se da a conocer a la opinión pública, generalmente es porque huele mal, debido a que hay intereses ocultos. Y en el asunto de Venezuela, empezando por la forma como tuvo lugar la intervención militar, sin una mínima reacción de sus militares y demás actores encargados de la defensa y seguridad de la dictadura, continuando por la rápida reunión que ha mantenido el presidente Trump con las mayores petroleras del mundo para que vuelvan a invertir en la extracción y exportación del petróleo venezolano, da la impresión de que hay un acuerdo que no pueden dar a conocer a la opinión pública. En el 2007, el Régimen bolivariano nacionalizo la Faja Petrolífera del Orinoco, algunas empresas siguieron trabajando con las nuevas condiciones, otras se fueron. Como consecuencia la infraestructura petrolífera venezolana se fue deteriorando y bajando su capacidad de extracción. Algo lógico, pues ¿Para qué quería el Gobierno venezolano exportar petróleo sí tenía otras fuentes de ingresos más cómoda y también muy rentables vinculadas al narcotráfico? Ahora Trump pide a las empresas petroleras que vuelvan a invertir en Venezuela bajo sus garantías de seguridad. En la reunión de las petroleras, curiosamente, o mejor dicho, como no, a la mesa también se ha sentado Repsol, una empresa española creada en los 80 cuando gobernaba el PSOE, y con la que el expresidente Rodríguez Zapatero, conocido asesor de Maduro, tiene fuertes vínculos, pues nada más y nada menos que fue él, siendo presidente del Gobierno de España, quien nombro a su actual presidente, Antonio Brufau.
Si esto fuera poco, se acaba de dar a conocer que Delcy Rodríguez se reunió en Doha con agentes de la CIA y el ministro de Exteriores ruso, lo que refuerza la hipótesis de que la intervención militar y detención de Maduro se ha realizado con un previo acuerdo con el Gobierno venezolano e, incluso, conociéndolo el Gobierno ruso. Nadie hubiera entendido que el Gobierno estadounidense después de detener Al Capone hubiera decidido hacer negocios con sus pistoleros, pues es lo que está haciendo la Administración Trump. Han sacado del poder a Maduro, pero ahora quieren hacer negocios con el resto de gente de la dictadura, algunos considerados todavía más duros y déspotas que él. Sí, además, excepto Repsol, que según su consejero delegado, Jon Imaz, está dispuesta a invertir lo que haga falta en Venezuela, faltaría más, para algo se mueve el expresidente Zapatero por Venezuela mejor que por España, el resto de empresas, empezando por petroleras estadounidenses, no ven con buenos ojos hacerlo ¿Qué intereses se querían defender con la intervención militar? Sacar del poder a Maduro y luego apoyar la supervivencia del Régimen bolivariano que lideraba, es absurdo, carece de toda lógica política. Da la impresión de que, al igual que ocurre con el asunto de Ucrania, se está produciendo una defensa de intereses enfrentados. Trump se ha justificado diciendo que el Régimen bolivariano va a romper sus históricos vínculos con Rusia, China, Irán, Cuba, etc, pero parece poco probable. Si en el asunto de la invasión rusa de Ucrania la política de Trump parece estar muy condicionada por sus antiguos vínculos con elites rusas, en el asunto de Venezuela parece estarlo por los intereses de las elites hispanas que en las últimas elecciones le han dado su apoyo, y en concreto al cubano, su secretario de Estado, Marco Rubio, personaje al que los medios de comunicación están señalando como director de la intervención en Venezuela. Un éxito a primera vista, la detención de Maduro, puede convertirse mañana en un enorme fracaso si el pueblo estadounidense interpreta que los cambios que se han producido en Venezuela no compensan el esfuerzo militar realizado, por ejemplo, si se da algo muy probable, que el actual Gobierno venezolano siga apoyando actividades relacionadas con el narcotráfico.
Pero no es la primera vez que se da confusión en la política venezolana, la forma como el Régimen bolivariano creció y se hizo con el poder fue ya en sí muy confusa. El ya fallecido Hugo Chávez, en 1982, siendo oficial del Ejército, creo el Movimiento Bolivariano Revolucionario 200. Diez años después, en 1992, intento un golpe de Estado contra el gobierno del presidente Carlos Andrés Pérez, fracaso y fue enviado a prisión. Dos años después, se sospecha que gracias a la intermediación de los que luego serian sus grandes aliados en la esfera internacional, Rusia y China, el presidente Rafael Caldera le concedió una amnistía y fue puesto en libertad. A pesar de ser conocido su pasado golpista y antidemocrático, de forma inexplicable las elites dirigentes venezolanas le permitieron que siguiera haciendo política y se presentara a las elecciones. En 1998, gana las elecciones generales y es nombrado presidente. A partir de 1999 emprende lo que denominaría la Revolución bolivariana, que aunque en un principio tuvo éxitos, mejorando el nivel de vida de los sectores más desfavorecidos de la sociedad, acabaría degenerando en la actual dictadura, adoptando nacionalizaciones, como las del sector petrolífero, muy negativas para la economía, y ejerciendo una fuerte represión contra sectores de la oposición. La forma como Chávez se hizo con el poder, la actual pasividad de la oposición venezolana, unido a la elevada posición económica de que disfrutan sus dirigentes, lleva a pensar que de forma soterrada apoyaron la Revolución bolivariana como una forma de favorecer nacionalizaciones realizadas con el fin de romper los contratos que el Gobierno venezolano había firmado con empresas extranjeras. Una hipótesis que explicaría por qué el presidente Trump no encuentra apoyos en la actual oposición y ha puesto el énfasis en extraer y exportar el petróleo venezolano.
El proceso de globalización
económica, que surge a principios de los 90 del pasado siglo, como consecuencia
de la disolución de la Unión Soviética, ha favorecido una situación política
con elites dirigentes nacionales muy entrelazadas a nivel internacional. Lo
ocurrido en Venezuela, que la Administración Trump después de realizar una
intervención militar para decapitar al Régimen bolivariano esté dispuesto a
apoyar y hacer negocios con el sustituto de Maduro, entra en la lógica de los
intereses de unas elites muy entrelazadas a nivel internacional. El problema es
que a veces, buscar un beneficio a corto plazo puede provocar costosas
consecuencias a medio plazo. Ocurrió durante la Segunda Guerra Mundial, tal vez
ya antes, pero sobre todo en 1945, en la Conferencia de Yalta, los aliados
vendieron al pueblo polaco, aceptando que la Unión Soviética colocara como
Gobierno al Comité de Lublin, un gobierno comunista afín, para así poder
anunciar lo antes posible que Europa ya estaba liberada, dando a conocer un
falso consenso que provocaría luego décadas de Guerra Fría. Es decir, lo
ocurrido en Venezuela, guiándose la Administración Trump por el principio de ¡Son
los beneficios, estúpido!, buscando así un rápido e interesado acuerdo, puede
acabar en una chapuza política de costosas consecuencias, militares, requiriendo
una nueva intervención militar de los Estados Unidos y electorales para el Partido
Republicano.

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