El aznarismo, el expresidente José María Aznar, y su
grupo más íntimo, se resiste a dejar de desacreditar y deteriorar la democracia
española. El aznarismo es un falso merecedor del denominado milagro económico
español (1996-2004), algo que se debió únicamente a la favorable coyuntura económica
internacional, y si en cambio responsable directo de un periodo negro de la
historia de España. Durante la era del expresidente Aznar en España se
cometieron todo tipo de abusos e irregularidades, impropias e inaceptables en un
Estado democrático. Durante la era Aznar en España se produjeron detenciones
ilegales, hubo impunes violaciones de los derechos humanos, incluso hubo
terrorismo de Estado, como 11-M, de sobra conocido y denunciado por diferentes medios de comunicación. Nada se habló ni se
habla de ello, entre otras cosas porque las elites políticas españolas están todas,
todas, como se suele decir, en la misma
corrupta y antidemocrática pomada. Todos
los grupos políticos se benefician de una u otra manera de lo que ocurre, del antidemocrático
y tiránico funcionamiento del Estado español. Incluso Podemos, partido político
creado con el apoyo de corruptos sectores de la derecha española, afines al
Partido Popular, y financiado por el
comunismo internacional. Pero el aznarismo no se contenta con el daño hecho a
la sociedad española, y ahora para proteger a los suyos, está provocando caos institucional y anulando la
necesaria independencia e imparcialidad del Poder Judicial.
Lo ocurrido con Rodrigo Rato, ex vicepresidente del
Gobierno durante la época del expresidente Aznar, es un claro ejemplo. El 21 de
Enero inspectores de Hacienda destinados en la Oficina Nacional de Investigación
al Fraude presentaron ante la Fiscalía
Especial Anticorrupción un informe, a través
del cual acusaban al ex vicepresidente RATO de fraude fiscal y blanqueo de
capitales, entre otras cosas. La Fiscalía Anticorrupción decide no actuar
alegando falta de pruebas. El 15 de Abril, por razones que no están claras, según
parece debido a la difusión por parte de los medios de comunicación de que Rato
estaba siendo investigado, la ONIF presenta el mismo informe ante la Fiscalía
de Delitos Económicos de Madrid, la cual si considera que hay delito de fraude
fiscal y blanqueo de capitales y ordena actuar contra el ex vicepresidente
Rato. La Fiscalía de Madrid ordena la detención de Rato y el registro de su
casa y despachos. Extrañamente el juez encargado del asunto recurre para
realizar la operación a agentes de Vigilancia Aduanera, en vez de acudir a una policía
más especializada, como puede ser la UDEF. Luego la orden de detención es
revocada según parece por intervención directa de la Fiscal General del Estado,
Consuelo Madrigal, o sea del Gobierno. Primero se encarga del asunto el Juzgado
de Instrucción Nº 35 de Madrid, luego, desconozco la razón, el Juzgado de Instrucción 31 de Madrid. El
juez Antonio Serrano-Artal, titular del Juzgado de Instrucción número 31 de
Madrid, considera que no es competente para llevar este asunto y se inhibe en favor de la Audiencia Nacional
(AN). La Fiscal General, Consuelo Madrigal, le quita el asunto a la Fiscalía de
Madrid y se lo pasa a la Fiscalía Anticorrupción, la cual ahora si dice que
puede actuar contra Rato a pesar de que las pruebas presentadas por la ONIF son las mismas que antes. A la vez la Fiscalía Anticorrupción recurre el envió
del caso de Rato a la Audiencia Nacional considerando que debe ser llevado por
el Juzgado de Instrucción Nº 31 de Madrid. ¿Normal funcionamiento del Sistema
Judicial español o intervención desde los poderes del Estado para proteger al
ex vicepresidente Rato controlando las actuaciones judiciales? En mi opinión es
poco creíble que el Gobierno, incluido el presidente Rajoy, no estuviera informado del asunto de Rato,
estaba informado y lo ha controlado y lo sigue controlando de la forma que más
le beneficia, a través de su influencia sobre el Poder Judicial y la Fiscalía, manejando los tiempos de forma
oportuna, haciendo de la justicia un espectáculo y provocando caos
institucional y conflicto de competencias.
Por si todo lo anterior no fuera poco, la sección tercera
de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional acaba de reducir la fianza
impuesta por el magistrado Fernando Andreu a Bankia y sus dirigentes, acusados
de falsear las cuentas de Bankia en su salida a bolsa, de 800 a 35 millones de
euros, siendo uno de los principales beneficiados Rato, el cual verá reducida
su fianza de 135 millones a 5,6 millones de euros, algo insólito, que evidencia
una elevada subjetividad a la hora de administrar justicia en España, siendo
muy raro que el magistrado Andreu se pudiera equivocar en un tan elevado número
de años, algo que desacreditaría de forma importante su actividad profesional.
La conocida popularmente como la amnistía fiscal del
Gobierno de Rajoy, represento una tomadura de pelo a los honrados contribuyentes españoles. Pero además,
que poderes del Estado, en concreto el Poder Judicial y el Ministerio Fiscal,
dependiente del Gobierno, no estén
actuando en tiempo oportuno contra los 715 cargos públicos que Hacienda considera
que han cometido un delito de blanqueo de capitales, es decir, que no son
capaces de justificar sus ingresos, es una prueba más del fracaso del Estado de
Derecho, del injusto y parcial funcionamiento de la justicia en España, rápida contra
los pobres, contra los que roban una manzana para poder comer, y lenta, muy
lenta, controlando los tiempos, contra personalidades con poder, contra
chorizos como el ex vicepresidente Rato. De ahí el interés de la Fiscalía Anticorrupción
de que el asunto lo lleve el Juzgado de Instrucción Nº 31 de Madrid y no la
Audiencia Nacional, para así poder ir retrasándolo lo máximo posible en el
tiempo. Las informaciones difundidas, la confusa y espectacular forma de actuar contra Rato, dan a entender
que estamos ante un nuevo caso de enorme dimensión, un nuevo caso Bárcenas, un
nuevo caso Noós, etc. Seguramente ahora la defensa de Rato este buscando un
aforado que comparta la causa con él, para de esta forma lograr que el asunto
acabe en el muy politizado Tribunal Supremo.
En un democracia de calidad, en un país serio en el que
el Poder Judicial tenga capacidad para actuar con independencia e imparcialidad,
conocer la lista de los 715 cargos o ex cargos públicos que Hacienda considera
que han cometido un delito de blanqueo de capitales no sería importante, pero
en un país como España, en el que la actuación del Poder Judicial, de la
justicia, contra las elites dirigentes está en entredicho, sí. La sociedad
española tiene derecho a saber quiénes son esos 715 dirigentes políticos a los
que los inspectores de Hacienda consideran que deben ser investigados por
blanqueo, para que de esta forma por lo menos sean acusados por los medios de comunicación
y la opinión pública. La sociedad española tiene derecho a saber en tiempo
oportuno, es decir ya, por ejemplo, cuantos más de esos 715 defraudadores,
delincuentes, muchos de ellos seguramente peligrosos criminales por dedicarse a
blanquear dinero que reciben del crimen organizado internacional, pertenecen al
entorno del ex presidente Aznar, ¿Se habrá acogido también Aznar, o alguno de
su familia a la amnistía fiscal?
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