Cada año, el acto de apertura del Año
Judicial en España me recuerda la misma película, El Planeta de los Simios. Película
cuyo argumento versa sobre un planeta en donde el simio evolucionó del hombre, convirtiéndose
en la especie dominante, hasta tal punto que los humanos no tenían derecho a la
justicia. El discurso que emitió el presidente del Tribunal Supremo (TS) y del
Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Carlos Lesmes, es el propio de
alguien que considera, como en el Planeta de los Simios, que hay un sector de
la sociedad que no debe tener derecho a la justicia, y por tanto siendo la
cabeza visible del Poder Judicial no hizo nada de autocrítica, no hizo ninguna mención
a la falta de independencia e imparcialidad de la Administración de Justica, ni
a la falta de justicia con la que el Poder Judicial administra justicia. Cuando
leí que el presidente Lesmes había dicho cosas como “al margen de la ley no hay
libertad, no hay democracia, solo espejismos, y en definitiva frustración” o “los
jueces están obligados a garantizar que la ley sea respectada”, pensé que razón
tienes, pero tú, tu Lesmes tienes que estar viendo espejismos continuamente,
pues el sistema judicial español no garantiza el Estado de Derecho y muchos
jueces y magistrados españoles emiten sentencias y ordenan actuaciones al
margen de la legalidad vigente. En la España actual se ha roto la concordia del
78 entre las elites dirigentes, y una de las instituciones que más ha
contribuido y contribuye a contaminar la
convivencia es, sin lugar a dudas, el Poder Judicial.
El mal funcionamiento de la justicia
española no es una percepción personal, basada en el hecho de conocer que en
España se producen violaciones de los derechos humanos con total impunidad y
amparadas por el Poder Judicial, ni del hecho de conocer que en España se
ejerce represión judicial y policial contra muchos ciudadanos y se producen detenciones
ilegales por motivos ideológicos o para favorecer los intereses de sectores de
las elites dirigentes. El informe sobre Calidad y Sostenibilidad de los
Servicios Públicos 2015, elaborado por la Agencia Estatal de Evaluación de las Políticas
Publicas y la Calidad de los Servicios, da a conocer que la administración de
justicia es el servicio público peor valorado por la sociedad española. El 40%
de los ciudadanos están nada satisfechos con la Administración de Justicia.
La falta de independencia e imparcialidad
del Poder Judicial, su arbitrariedad a la hora de actuar, está provocando algo insólito
en una democracia, que haya públicos enfrentamientos internos entre miembros
del Poder Judicial. La organización Jueces para la Democracia, no acudió al
acto de apertura del año judicial, haciendo público el comunicado de “para
mostrar nuestro desacuerdo con la grave situación de la Administración de
Justicia. Miembros de esta organización han llegado a difundir a través de los
medios de comunicación cosas como “El CGPJ no apoya la independencia judicial y
se distingue por realizar informes de complacencia con el poder político” ,
sobre la ley de seguridad ciudadana su portavoz ha dicho “no está para dar
seguridad a los ciudadanos sino al Gobierno” “lo que hay es una acción decidida para
limitar determinados derechos como la libertad de expresión” Incluso desde
dicha organización se ha criticado el nuevo Código Penal, calificándolo de “ambiguo”,
uno de los peores defectos que puede
tener una ley. No solo eso, sino que además, Jueces para la Democracia y Foro
Judicial Independiente, junto con la ONG Rights Internacional Spain, se han
dirigido a la Relatoría Especial sobre la independencia de magistrados y
abogados de Naciones Unidas, denunciando que “diversas iniciativas del Gobierno
están erosionando el principio de separación de poderes”. Señalan que ello
“tiene como consecuencia un debilitamiento tanto del Poder Judicial como del
Estado de Derecho”. Un Poder Judicial así, con graves enfrentamientos internos,
difícilmente va facilitar la concordia entre las elites dirigentes ni la
convivencia entre los ciudadanos españoles.
La degradación del Poder Judicial español
es elevada y con ello importante el daño que se le hace a la democracia
española. Por ello numerosos expertos, dirigentes políticos y líderes de opinión
consideran que el Poder Judicial necesita una urgente regeneración encaminada a
despolitizarlo, dotándolo de independencia e imparcialidad. Hablar de la
necesaria regeneración de la justicia española conduce al debate sobre cómo
debe ser elegida la cúpula del Poder Judicial ¿Debe ser esta elegida y nombrada
por el Congreso de los Diputados o deben ser los propios jueces los que la
elijan? Algunos partidos políticos, como Ciudadanos, todavía sin representación
en el Congreso, consideran que siendo los propios jueces quienes eligen los
miembros de su cúpula, por ejemplo, del órgano
de gobierno, o sea, el CGPJ, se despolitizaría el Poder Judicial y ello favorecería
cosas como que fuera más efectivo en la lucha contra la corrupción política. En
mi modesta opinión, de alguien no experto en este tema, que jueces y
magistrados elijan su órgano de Gobierno me parece un completo error, pues como
se suele decir hecha la ley hecha la trampa, es decir, la gente que desde joven
deseara entrar en la carrera judicial evitaría dar a conocer su afinidad política.
Además, sin un control político del Poder Judicial este pasaría a ser un poder
totalmente no democrático. Además, tenemos el caso de los Estados Unidos, una de las principales
democracias occidentales, país en el que los miembros del Tribunal Supremo son
elegidos por el presidente de turno, otros jueces son elegidos por los gobernadores
de los diferentes estados, etc., y no por ello la sociedad americana considera que el Poder Judicial de ese país está
politizado ¿Cómo evitar entonces que el Poder Judicial se contamine políticamente?,
parece ser que la mejor forma es estando en el representados todos los partidos
políticos, en función de sus votos, de tal forma que unas influencias sean
anuladas por otras. Además, en mi modesta opinión, de simple ciudadano nada
satisfecho con la justicia, la regeneración del Poder Judicial requiere dos
medidas. Primera, cambiar el sistema de selección de personas que deben acceder
a la carrera judicial. Hoy hay muchas personas que son Jueces y Magistrados y que
no deberían serlo por sus ideas. Un ejemplo, tenemos el caso de la Alcaldesa de
Madrid, Manuela Carmena, que fue jueza durante muchos años y acaba de reconocer
públicamente que ella está a favor de los escraches a políticos, está a favor
de que ciudadanos acosen a cargos públicos democráticamente elegidos, ¿Qué tipo
de sentencias puede haber emitido una persona con este tipo de ideas? ¿Cuántas sentencias
injustas habrá emitido? Segunda, son necesarios más organismos de control de
las decisiones y sentencias de jueces y magistrados, lógicamente, organismos no
dependientes del CGPJ. Para un juez,
igual que para todo tipo de profesional, firmar algo, actuación policial,
sentencia, etc., y equivocarse, aunque no se cometa prevaricación, debe tener
un coste proporcional al daño causado. Un ejemplo, Tania Sánchez, ex miembro de
IU, fue imputada por un confuso asunto en el Ayuntamiento de Rivas, su
culpabilidad parecía estar clara, ella hizo mil y una piruletas para evitar que
el asunto pasara al Tribunal Superior de Madrid, y fuera llevado así por el
juzgado de Arganda del Rey. La jueza de dicho juzgado, Gladys López Manzanares,
considero que no había causa ni contra ella, ni contra su hermano y ni contra su padre.
Evidentemente, un asunto confuso de esos que es necesario revisar, en tiempo
oportuno, por órganos de control ajenos al Poder Judicial. Llegamos así a la
eterna pregunta de ¿Quién debe de juzgar a los encargados de administrar
justicia? En mi opinión el Congreso debe ejercer un control directo sobre todos
los miembros del Poder Judicial.
Enlace relacionado:
No hay comentarios:
Publicar un comentario