El juicio por el denominado
proceso independentista de Cataluña, junto a otros muchos hechos que se vienen
produciendo, está poniendo de relieve
que España vuelve a vivir una época negra de su historia, caracterizada por un
elevado uso del doble lenguaje en política, represión judicial y policial
contra los ciudadanos, violaciones de los derechos humanos, y violencia de
Estado, llegándose al terrorismo de Estado. En España ya ni se puede comer con
seguridad, una persona pueden comer en un restaurante de lujo y estar muerto al
otro día, como ha ocurrido recientemente con una mujer en Valencia.
Hoy, en el juicio, ha declarado como testigo Antonio Nieto, quien
ejercía el cargo de Secretario de Estado de Seguridad en las fechas del Referéndum
independentista del 1 de octubre (1-O). A diferencia de sus superiores políticos,
tanto dentro de la estructura del Estado, como en su partido, el PP, Nieto ha
asumido que era él quien mandaba, eso
sí, mandaba más bien poco, pues ha afirmado que fueron los mandos policiales los que
decidieron en que colegios electorales impedir la votación recurriendo a la
fuerza, y cuando dejar de hacerlo. El 28 de septiembre, Nieto y sus
subordinados se reunieron, en la Junta de Seguridad, con quienes afirmaban ser los dirigentes de proceso independentista y
convocantes del referéndum que tendría lugar el 1 de octubre, el expresidente de la
Generalitat, Carles Puigdemont, otros miembros del Gobierno autonómico de
Cataluña, y mandos de Mossos d'
La declaración del ex
Secretario de Estado de Seguridad, Antonio Nieto, ha dejado claro que el 1-O no
se produjo una situación de urgencia que justificara la actuación violenta de
los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Los daños
causados por la actuación policial no
deben ser nunca superiores al daño que con esta se desea evitar. El 1-O, lo
fueron y lo fueron de forma innecesaria. El 1-O la policía actuó violentamente
contra humildes ciudadanos únicamente
para hacer una demostración de chulería y fuerza antes unos medios de comunicación
televisivos que sabían que iban a retransmitir las imágenes de lo que estaba
ocurriendo. Una vez logrado dicho objetivo, dejar constancia de su chulería
ante los medios de comunicación, tanto nacionales como internacionales,
actuando de forma violenta e innecesaria contra humildes ciudadanos, decidieron
que su misión ya estaba cumplida y dejaron de considerar evitar el referéndum como algo urgente, como una amenaza para la Seguridad Nacional que había
que eliminar. Hasta tal punto, que esas mismas Fuerzas y Cuerpos de Seguridad
del Estado, permitieron que se recopilaran
los resultados del Referéndum del 1-O y se difundieran a través de los medios
de comunicación, no procediéndose a ninguna actuación, ni detención de
dirigentes políticos, para evitarlo ni en
los días posteriores.
Las Fuerzas y Cuerpos de
Seguridad del Estado no pudieron, por inoperatividad e incompetencia de sus
mandos, o no quisieron, impedir la entrada en España de las urnas necesarias para realizar el Referéndum,
ni su distribución a los diferentes colegios electorales, lo cual fue utilizado como argumento para
justificar una actuación policial violenta no propio ni aceptable en una democracia, y
seguramente también ilegal. No se daba una situación de urgencia, se actuó con
violencia de Estado contra humildes ciudadanos únicamente para hacer una demostración
de chulería. Lo ocurrido el 1-O no es propio de una democracia, sino de un
estado autoritario, de una dictadura militar o una tiranía. En España,
democracia es solo un concepto de moda, vacío, sin significado alguno más allá
del de permitir a los ciudadanos a los cargos públicos votando por uno u otro
partido político, que no por personas al ser un sistema electoral basado en
listas cerradas.
España vuelve a vivir una de
sus épocas más negras. Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado las
pagamos todos los ciudadanos con nuestros impuestos, no están para servir a los
intereses de poderes facticos, como en la época de la dictadura militar. Los dirigentes catalanes que han provocado
todo esto, que han puesto en marcha el denominado proceso independentista,
convocando el Referéndum del 1-O y
realizando una Declaración Unilateral de Independencia, conteniendo así la vida
política española y la convivencia, deben pagar por ello ante la justicia. Pero,
es evidente que también deberían pagar un precio aquellos que desde los poderes
del Estado, y utilizando a los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, decidieron
hacer una demostración de poder y de chulería en Cataluña, en beneficio de
ocultos y particulares intereses, probablemente muchos de ellos compartidos con
las elites burguesas independentistas catalanas.
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