Importantes casos de corrupción política, como el caso
Gürtel o el de los Ere en Andalucía; un miembro de la Casa Real, el ex duque de
Palma, Iñaki Urdagarin, condenado por exigir el pago de comisiones a políticos monárquicos por
trabajos que no hacía o sobrevaloraba, lo representaba una sutil forma paralela
de cobro de impuestos por parte de la Casa Real; un ex Jefe del Estado, el rey
emérito Juan Carlos I, que ha defraudado a
Hacienda y ahora fija su residencia en un país árabe, Emiratos
Árabes Unidos, para no tener que cumplir con sus obligaciones con la Agencia
Tributaria; casos considerados terrorismo de Estado, como el 11-M; el asunto
Villarejo, un comisario que utilizó durante años las instituciones del Estado
para hacer actividades privadas de espionaje , vendiendo a elevado precio sus
servicios a elites políticas, etc,
cuando ya creíamos que era
difícil que algo peor pudiera ya
golpear la calidad de la muy maloliente
democracia española, algo nuevo surge. Hoy es un Poder Judicial
incapaz de cumplir sus obligaciones constitucionales.
El que es, junto al Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo, uno de los tres poderes reales del Estado, ha provocado una quiebra constitucional. El poder encargado de hacer cumplir las leyes vigentes, no las cumple. El denominado el órgano de gobierno de los jueces, el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), tenía que haberse renovado en noviembre del 2018, pero no se ha renovado debido a la falta de suficiente consenso político. El CGPJ está formado por 20 miembros, diez nombrados por el Congreso de los Diputados y otros diez por el Senado, los elegidos deben contar con el apoyo de las 3/5 partes de los miembros de la cámara que los elija. De los 10 elegidos por cada cámara, 6 los son de una lista de 50 jueces propuesta por las organizaciones judiciales, todas claramente politizadas, o también cabe la posibilidad de que se presente algún juez de forma independiente, siempre que logre el apoyo de 25 jueves; los otro cuatro deben ser elegidos por los partidos políticos entre juristas y abogados, dicen, que de reconocido prestigio. No solo es que el CGPJ se encuentre desde hace casi cuatro años en una situación de inconstitucionalidad, con su mandato caducado, sino que además, ahora se niega a cumplir con su obligación constitucional de nombrar dos candidatos para la renovación del Tribunal Constitucional, algo que tenía que haber ocurrido ya antes del verano, e imprescindible para que el Gobierno pueda a su vez nombrar otros dos.
Que la cúpula de aquellos que tienen la función social de velar por hacer cumplir las leyes en vigor, el CGPJ, no las cumpla, amparándose para ello en la utilización del lenguaje, diciendo que no proceden a nombrar los dos miembros del TC porque impera el principio de eficiencia y no el de urgencia, que alguien me explique qué significa esto cuando este ya debería estar renovado, es llamativo, representa un escándalo, algo inaceptable en una democracia, pero no es de extrañar. Hace tiempo que esta constatado que el Poder Judicial es una institución totalmente podrida. Debido a la influencia que sobre ella ejerce la Monarquía sigue anclada en principios propios de la dictadura militar, impidiendo el desarrollo democrático de España y convirtiéndose en un instrumento al servicio de sectores de las elites dirigentes para ejercer represión contra ciudadanos pertenecientes a los sectores más desfavorecidos de la sociedad, con los que estas tienen conflictos de interés. Ahora, su mal olor sale al exterior, no por el ejercicio de sus funciones, administrar justicia, para los abusos que se cometen desde el Poder Judicial siempre hay consenso tanto político como de sus miembros, sino por luchas de poder internas.
Hace unos días, la Comisión Europea ha propuesto suspender el desembolso de fondos europeos a Hungría por sus continuas violaciones a los principios del Estado de Derecho, en concreto en la lucha contra la corrupción y la contratación pública. Y en España ¿Se cumple el Estado de Derecho? Según la Unión Europea respectar el Estado de Derecho supone garantizar la tutela judicial efectiva, que requiere la independencia, calidad y eficacia de los sistemas judiciales nacionales. La tutela judicial efectiva consiste en el derecho de toda persona a invocar la actividad de los órganos judiciales, en defensa de sus intereses legítimos. Evidentemente, en España no se respecta el Estado de Derecho. En primer lugar porque en España el Poder Judicial carece de independencia y, por tanto, también de imparcialidad en sus decisiones, es decir, sentencias. En primer lugar, lo pone de manifiesto las actuales luchas políticas por controlar el Consejo General del Poder Judicial, y no es para menos. Entre otras cosas, el CGPJ nombra a los magistrados del Tribunal Supremo, a dos magistrados del Tribunal Constitucional y a los presidentes de los Tribunales Superiores de Justicia, a los de las Audiencias Provinciales y a los de otras salas de gobierno. Se encarga de la inspección de los juzgados y tribunales; de imponer las sanciones a los jueces que incumplan las normas, siempre que se trate de faltas leves; y algo muy importante, es el encargado de gestionar la formación de los futuros juzgadores, es decir, se encarga de controlar las oposiciones a juez, de decidir quién entra o no a formar parte del Poder Judicial. En segundo lugar, porque la politización de los jueces españoles es clara. Hay jueces claramente vinculados a partidos políticos, como es el caso de la actual ministra de Justicia, Pilar Llop, y la ministra de Defensa, Margarita Robles, ayer magistradas, supuestamente independientes, hoy defendiendo los intereses del PSOE formando parte del Gobierno de España. Como ha ocurrido con otros magistrados y magistradas, cuando dejen el Gobierno seguramente vuelvan a ejercer como juezas, independientes, claro. Además, las principales asociaciones de jueces están de forma pública y transparente vinculadas a partidos políticos. En segundo lugar porque en España el Poder Judicial es un instrumento represor al servicio de sectores de las elites dirigentes, ordenando detenciones ilegales, privando de forma sutil o clara a ciudadanos del derecho a acudir a los órganos judiciales, negando de forma clara o sutil a ciudadanos la asistencia de un abogado, etc.
En cualquier democracia seria, cuando un candidato a ocupar un cargo público no cuenta con el apoyo suficiente, de forma inmediata se propone otro y así sucesivamente hasta que se elija uno, pero España no es una democracia seria, sino un régimen autoritario disfrazado de democracia. No aclaran porque desde noviembre del 2018 no hay consenso político para renovar el CGPJ, pero todo indica que las elites dirigentes españolas, incluido y principalmente monárquicas, apoyaron la entrada de Unidas Podemos en el Gobierno, pero ahora no quieren que este partido, la representación en España del comunismo internacional liderado desde Moscú, pueda introducir personas afines en órganos con poder en la administración de justicia, como el CGPJ. Muy probablemente hasta que Unidas Podemos pierda el poder que ejerce sobre el Gobierno de España, no se renueve el CGPJ.
La vieja cuestión de quien debe juzgar a los que tienen la
capacidad de juzgarnos ¿Cómo en una democracia
se puede negar a un ciudadano el derecho a un abogado y cosas similares?
El Poder Judicial está formado por
chorizos, la gran mayoría vienen
de familias ancladas ideológica y económicamente en la dictadura militar. La
democracia española necesita una urgente reforma del Poder Judicial, que pasa
por mandar a muchos de estos, sino a todos,
para ….. casa y elegir nuevos y jóvenes jueces y magistrados, más de
nuestra época, que no sean de sus familias, elegidos a través de oposiciones
que no controlen, con verdaderos principios democráticos, que estos no tienen.
En España hay justicia, dicho de forma coloquial, para los que ponen las
pistolas sobre la mesa, para aquellos ciudadanos que tienen fuerza, poder, para
hacerse oír, a los otros, dicho otra vez
de forma coloquial, les dan… teniendo que aceptar muchas veces
sentencias pactadas por las elites dirigentes fuera de sala.
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