Desde que se celebraron las últimas elecciones generales el
pasado 23 de julio, en las que el PP surgió como claro vencedor pero con pocas
posibilidades de formar Gobierno debido al tipo de sistema democrático español,
que requiere una mayoría en el Congreso de los Diputados para que un candidato
pueda ser investido presidente, varios actores
políticos han difundido la idea de que un próximo Gobierno de España, fruto de una coalición
del PSOE y Sumar, haría grandes concesiones al independentismo catalán,
empezando por una amnistía para Carles Puigdemont y los suyos, a cambio de contar con los votos de JUNTS para
la investidura de Pedro Sánchez como presidente del Gobierno. Actores como Carles Puigdemont, que refugiado en Bruselas
protegido de la justicia española desde las instituciones de la Unión Europea,
ha dicho que sin
una previa amnistía no dará el apoyo a la investidrua de Sánchez,
continuando con Yolanda Díaz, la actual líder
del comunismo español, hoy Sumar,
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El secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, todavía hoy
presidente del Gobierno de España, aunque en funciones, se resiste a dejar claro que concesiones está
dispuesto a hacer a Puigdemont a cambio de los votos de los diputados de JUNTS,
pero en recientes declaraciones ha
dejado claro que ha asumido por completo el lenguaje de las elites independentistas
burguesas catalanas, defendiendo que la crisis generada por las
reivindicaciones del independentismo catalán es un problema
político que requiere soluciones políticas y no judiciales. Esta situación de
clara incertidumbre provocada por actores interesados, ha sido aprovechada por
el PP, para dos días antes de que tenga lugar el debate para la posible pero poco
probable investidura de Núñez Feijóo como presidente del Gobierno, celebrar en
la capital del país, Madrid, un masivo acto de rechazo a la amnistía.
Que un hipotético Gobierno de Pedro Sánchez concediera la amnistía
a Puigdemont y los suyos a cambio de los votos de los diputados de JUNTS supondría
ceder ante un chantaje. Poco más se puede decir. Si la amnistía fuera lo mejor
para el interés general, sí fuera necesaria para la estabilidad de la democracia española, etc, Sánchez ya la
hubiera concedido en la anterior legislatura, en vez de recurrir a los indultos
para sacar de la cárcel a los condenados por ser responsables de llevar
adelante el proceso independentista. ¿En qué cabeza puede caber conceder la
amnistía a un colectivo político cuyos lideres dicen que cuando puedan van a
repetir delitos similares a los que dieron lugar a que sean perseguidos por
la justicia? Evidentemente, no en la de
un demócrata, pues en una democracia el imperio de la ley debe estar por encima
de todo tipo de intereses, claro que, ¿Es España una democracia? Los españoles
pueden votar, se permite el pluralismo político, pero en muchos aspectos España
es una dictadura. Una dictadura de partidos políticos, en la que, como estamos
viendo, todo vale si cuenta con el apoyo de la mayoría de los partidos
políticos con representación en el Congreso en el Congreso.
Frente a un Sánchez dispuesto a ceder al chantaje de
Puigdemont y que además está dispuesto a volver a formar Gobierno con los
comunistas prorrusos, con Sumar, a pesar de la situación de guerra que se vive
en Europa del Este, la
posición del Partido Popular, todavía
hoy defendida de forma pública por el expresidente Aznar, un personaje político
que debería estar en la cárcel, entre
otras cosas por sus vínculos con el caso Gürtel, es poco creíble e hipócrita. Sin duda, la situación
política que hoy vive España tiene su origen en la época de Aznar. En los pactos
del 96 del expresidente Aznar con el independentismo
burgués catalán, entonces representado por Jordi Pujol, líder de CiU, con
pequeñas variaciones hoy JUNTS, y con los comunistas, entonces IU hoy Sumar, dando lugar a la tan negada como evidente pinza
Aznar-Anguita, que parece que ha heredado Vox, reciente escisión del PP, entre
otras cosas con sus vínculos con exdirigentes comunistas como Ramon Tamames,
lo que ha favorecido que los comunistas hayan entrado en el gobierno de
España, gracias a un evidente y constatado apoyo mediático y en votos de sectores de la
derecha monárquica española.
El PP ha puesto de moda el eslogan de reivindicar contra la
amnistía una España de hombres libres e iguales. Y es un paso hacia una
democracia de mayor calidad que hayan empezado a leer la Declaración Universal
de los Derechos Humanos, pero en la época de Aznar en España se cometieron
flagrantes violaciones de los derechos humanos, se ordenaron detenciones
ilegales, abusos médicos, acabando su mandato con los atentados de Atocha del
2004, calificados por numerosos servicios secretos internacionales y medios de comunicación
como un claro caso de terrorismo de Estado. Por lo tanto, como se dice
coloquialmente, de aquellos polvos estos lodos. La actual cultura política del
todo vale surgió de forma clara con Aznar. En la España actual no todos los ciudadanos son iguales ante la justicia, muchos
sufren represión judicial y policial o simplemente son privados del amparo del Estado
de Derecho, se ordena o permite desde la
instituciones del Estado la tortura, etc. Que Sánchez, o mejor dicho el PSOE,
este dispuesto a ceder al chantaje del independentismo catalán es una
consecuencia de la cultura política del todo vale practicada y defendida por
los gobiernos presididos por el expresidente Aznar.
El independentismo burgués catalán tiene hoy menor representación en el Congreso de los Diputados
que en el 96, entonces CiU tenía 16 diputados y ERC 1, entre ellos las
relaciones eran muy débiles, y hoy tienen 7 y 7, respectivamente. A pesar de ello,
su fuerza en la política española es superior debido principalmente a un nuevo factor, que cuentan con el apoyo de los
comunistas, antes Podemos, ahora Sumar, partido que ha crecido entrando a
formar parte del Gobierno de España, insisto y repito, gracias al apoyo de
sectores de la derecha monárquica española. En las democracias se da mucho lo
de “acerca de nosotros, sin nosotros y contra nosotros” de los Acuerdos de
Múnich, algo que supondría graves consecuencias para el mundo. Si tenemos en cuenta la constatada
internacionalización del proceso independentista a través de vínculos rusos
y también de vínculos con otros actores internacionales, dados a conocer, por ejemplo,
por Pilar Urbano en su libro Alzamiento, un posible pacto del Gobierno
de España con Puigdemont, no tendría nada que envidiar a los citados Acuerdos
de Munich. Una amnistía para los responsables de impulsar el proceso
independentista catalán seguramente preocupe poco a una gran mayoría de la
sociedad española, el problema es que ello seguramente lleve añadido mucha
letra pequeña, que afecte a los derechos
e intereses de muchos españoles, por ejemplo, que vaya unido a un perdón por
parte del Gobierno de España de la deuda pública catalana que controla a través
del Fondo de Liquidez Autonómico, curiosamente
creado por el Gobierno del expresidente Rajoy en el 2012, de entorno a unos 71.000
millones de euros, sin que se haga lo mismo con las elevadas deudas públicas de
otras comunidades autónomas, como pueden ser las de Valencia, Andalucía y Madrid.
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