LA DEMOCRACIA ESPAÑOLA EN PELIGRO.

Desde que el 18 de julio de 1936 las Fuerzas Armadas españolas se alzaron contra el Gobierno democráticamente elegido, sí entrar a analizar los porqués, que no eran pocos, no se ha producido en España un desafío al Estado, a la Nación, de mayor gravedad que la Declaración Unilateral de Independencia (DUI) realizada por el Parlamento de Cataluña el 27 de octubre de 2017. Con ese acto, las elites independentistas burguesas catalanas pusieron en riesgo la paz y la continuidad del sistema democrático. El principal responsable de ese acto político fue el entonces presidente de la Generalidad de Cataluña, Carles Puigdemont, quien había llegado al cargo, no por  méritos propios, sino porque las instituciones del Estado habían obligado a dejar su cargo a sus predecesores. Y ahora, el presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, en una clara bajada de pantalones, interesada y que será  muy costosa para la sociedad español, quiere aprobar una ley de dsicutida legalidad para perdonar dicho acto.   

 

En el preámbulo de la ley se dice “Toda amnistía se concibe como una figura jurídica dirigida a excepcionar la aplicación de normas plenamente vigentes, cuando los actos que hayan sido declarados o estén tipificados como delito o determinantes de cualquier otro tipo de responsabilidad se han producido en un contexto concreto” , pero ¿Quién dice eso? ¿Dónde está escrito eso en el ordenamiento jurídico vigente español? Y lo más importante ¿Tal afirmación con que consenso político y social cuenta en la sociedad española? 

La aprobación de la ley de amnistía supone convertir la democracia española en la tiranía de la mayoría. En una democracia regida únicamente por el principio de todo vale si cuenta con el apoyo de la mayoría del Congreso de los Diputados. Con está ley el mansaje que envía el Gobierno de España es el de ordene las violaciones de derechos humanos que quiera, cargase al vecino y quédese con su bienes, que el Gobierno luego aprobara una ley para perdonarles, como ya ocurrió por ejemplo con los asesinos de Los Grupos Antiterroristas de Liberación (GAL), con el ya fallecido general Galindo, etc. Para evitar un abuso de poder político  de tal dimensión, la Constitución española establece en el articulo 156 que “Los proyectos de reforma constitucional deberán ser aprobados por una mayoría de tres quintos de cada una de las Cámaras”, para evitar así que la mayoría política pueda ordenar actos aberrantes como es la aprobación  de la ley de amnistía, pues no olvidemos que el proceso de amnistía no está contemplado en la actual Constitución de 1978. Pero al Gobierno de Sánchez esto se la suda, evidentemente, porque el PSOE no se siente solo en este asunto.

 

Inexplicablemente, después de realizar la DUI, la justicia española no ordeno la inmediata detención de Carles Puigdemont, que hubiera sido lo lógico, se permitió que huyera de España y fuera a refugiarse a Bélgica, algo sin duda favorecido porque los espías del CNI tienen como principales misiones ejercer una sutil represión contra los ciudadanos y espiar la sexualidad de los españoles en parques y hoteles, bueno, y en algún colchón particular que otro. Sí ello no fuera poco, en el 2019 las instituciones del Estado español permitieron que una persona huida de la justicia  pudiera presentarse a las elecciones al Parlamento Europeo, para que así Carles Puigdemont obtuviera inmunidad parlamentaria al ser nombrado eurodiputado. Pero ¿Realmente no podemos con Puigdemont? ¿Realmente las instituciones del Estado español no pueden con Puigdemont? En una democracia seria y de calidad, las elites dirigentes españolas, que son las deciden sobre este asunto, le hubieran dicho ya desde hace tiempo a Puigdemont algo así como no contamine la convivencia entre españoles, no ponga en riesgo la paz y la continuidad del sistema democrático que ha tardado tanto en instaurarse en España, váyase a hacer política a Rumania o a algún otro país que también sea de la orbita rusa. Pero no ha ocurrido porque la burguesía independentista catalana ha puesto el proceso independentista en marcha contando con un fuerte apoyo de sectores monárquicos de la política española que controlan instituciones como el Poder Judicial y las Fuerzas Armadas y el sucedáneo de estas, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Hoy, lamentablemente, todo indica que las elites dirigentes monárquicas españolas favorecieron que Puigdemont fuera nombrado eurodiputado para retrasar la actuación de la justica española, buscando la llegada de un contexto que favoreciera la aprobación de la ley de amnistía. No hay improvisación, controlan claramente los tiempos. El PSOE esta dispuesto a aprobar la ley de amnistía y sufrir un desgaste electoral que como mucho le podrá suponer 8 años en la oposición, algo que teniendo en cuenta el enriquecimiento que han logrado  el tiempo que ha gobernado Pedro Sánchez, enriquecimiento ya investigado por la justicia, no les va a causar mucho dolor.

 

Desde que Aznar comenzó a gobernar en 1996, con la famosa y constatada pinza con el fallecido Julio Anguita, secretario general del Partido Comunista, España es una tiranía de partidos políticos, un Estado despótico regido por el principio de que todo vale si cuenta con el apoyo de la mayoría política. España es una dictadura de partidos políticos disfrazada de democracia. España es un Estado en el que ordenan impunes y flagrantes violaciones de los derechos humanos, muchas de ellas realizadas recurriendo al sistema sanitario; España es una dictadura de partidos políticos disfrazada de democracia en la que se permiten demostraciones de poder como el terrorismo de Estado del 11-M o  que las elites independistas burguesas catalanas realicen una Declaración Unilateral de Independencia, con ocultos y espurios fines,  para luego ser perdonados por los poderes legítimos, pero poco democráticos, del Estado.

 

España es una democracia en peligro amenazada por sectores monárquicos de la sociedad española. Las elites militares, único pilar en el que se sustenta la Monarquía, único pilar cuyo apoyo permite que la Casa Real de Borbón ocupe con carácter hereditario la Jefatura del Estado, vuelven a ser una amenaza para el sistema político democrático y los derechos de muchos ciudadanos. Después de casi cuarenta años de privar a España de democracia, las elites militares  han vuelto a la política, algo que no pasa en democracias de calidad, con el único precedente griego de  Amanecer Dorado, partido ya ilegalizado.  Primero apoyaron la creación de Podemos, con el general Julio Rodríguez, nada más y nada menos que ex-JEMAD, como dirigente fundador, situándose así de forma clara en la órbita del comunismo internacional liderado por Rusia y sus aliados. Curiosamente, este partido que ahora se mueve entre Sumar y Podemos, apoya la ley de amnistía. Luego, entraron de forma masiva en la política española como dirigentes de Vox, un partido de ideología fascista, que solo conoce el lenguaje de las pistolas, de la violencia y que considera la democracia el Gobierno de los débiles siendo partidario de que la violencia sea el principal instrumento de acceso al poder político, seguramente porque saben que cuentan con un fuerte apoyo de las Fuerzas Armadas españolas.  No quiero con ello decir que  la democracia vaya a dejar de existir en España, por lo menos a corto plazo, no lo aceptarían otras democracias occidentales, los ciudadanos seguirán disfrutando del falaz acto de acudir a votar cada cierto tiempo, pero esta dejara de regirse por principios democráticos, considerados como fundamentales para que haya una democracia de calidad por la mayoría de las democracias del mundo que, por cierto, no son muchas.