El presidente del Gobierno,
Pedro Sánchez, ha recuperado el eslogan “No a
la guerra”, utilizado por sectores de la izquierda española en el 2003 para
oponerse a la participación de España en la invasión de Irak liderada por los Estados
Unidos, para justificar la negativa del Gobierno a que Estados Unidos pueda utilizar
las bases militares que tiene en territorio español para realizar una intervención
militar en Irán. Sin duda, los actores
que entonces defendían que España no debía apoyar a Estados Unidos en su lucha
contra el terror, en el derrocamiento del régimen de Sadam Husein, son hoy los mismos
que defienden una posición de España en política exterior contraria a la acción
militar liderada por los Estados Unidos e Israel para derrocar la teocracia
iraní. Sectores políticos, históricamente vinculados con Rusia y sus aliados,
antes la Unión Soviética, ahora Rusia, China y sus aliados en el mundo islámico.
Sectores políticos que históricamente se han opuesto a cosas como la existencia
de la OTAN o que en España hubiera bases militares estadounidenses y que hoy se
oponen a derrocar a un Régimen
autoritario, aliado de Rusia, que durante décadas ha liderado y apoyado a grupos
terroristas islamistas y que en los últimos años ejerce una fuerte represión contra
los sectores políticos y sociales que exigen cambios en el Gobierno y la política
de Irán. El presidente Sánchez quiere situar de nuevo a España del lado de
Estados que basan su política en el terror.
Sectores de la izquierda española, cuyos posicionamientos seguramente cuentan con apoyo en sectores de la derecha y, sobre todo, de las actuales elites militares. Por ejemplo, recordemos que el general Julio Rodríguez, ex-JEMAD, ha sido dirigente fundador de Podemos, un partido de ideología comunista, prorruso y anti NATO, pero que son minoritarios en la sociedad española, razón por la cual, ni el expresidente Rodríguez Zapatero ni el presidente Sánchez, han liderado de forma clara posiciones como la de sacar a España de la OTAN o exigir a los estadounidenses que cierren las bases que tienen en territorio español. No, prefieren, siempre que pueden, moverse entre dos aguas. Por ejemplo, beneficiarse de la pertenencia de España a la OTAN y de que en España haya bases militares americanas y a la vez oponerse a intervenciones militares realizadas contra los aliados que tienen en el bloque contrario, por ejemplo, ayer el Régimen de Sadam Husein, hoy Irán, y que recurren al terror para gobernar y intentar imponer sus reivindicaciones a las democracias occidentales.
España vuelve a vivir una situación política clara consecuencia de una enfermedad que en nuestra época afecta a todas las democracias occidentales, una elevada tolerancia hacia la mentira. Se hace creer a los ciudadanos que están informados de todas las decisiones políticas que se toman y por qué se toman, cuando muchas de ellas son secretas y el resultado de secretos acuerdos. Hay numerosos datos que llevan a pensar que el 11M fue un caso de terrorismo de Estado, planificado y ordenado por las elites dirigentes que controlaban importantes instituciones del Estado. Y así lo defienden varios servicios secretos extranjeros y numerosos medios de comunicación tanto españoles como también extranjeros. Sin entrar a analizar un incidente terrorista que ya solo tiene valor histórico, y que el Gobierno del expresidente Aznar intento atribuírselo a ETA, seguramente para justificar una intervención militar en Euskadi, al recuperar el presidente Sánchez el eslogan de “No a la guerra”, es necesario hablar de ello. El 11M fue un claro caso de terrorismo de Estado, pero curiosamente, a pesar de ello, al entrar a gobernar el expresidente Rodríguez Zapatero en el 2004, las relaciones de España con países del mundo islámico, del mundo musulmán, no empeoraron, sino que mejoraron. Por ejemplo, Rodríguez Zapatero propuso la creación la Alianza de Civilizaciones, que recibió una excelente acogida por parte de gobiernos del mundo musulmán. Además, al dejar el Gobierno se fue a hacer negocios a Venezuela, a un país cuyo Gobierno tenía y tiene fuertes vínculos con países como Irán. Por ejemplo, Arabia Saudí concedió al Gobierno de España (Renfe y Adif), en unión con otras empresas, la construcción y explotación de la línea de alta velocidad entre Medina y La Meca. Por ejemplo, el rey emérito Juan Carlos I recibió un generoso regalo de Arabia Saudí, nada más y nada menos que de 100 millones de euros. Con ello quiero decir, que, de forma indiscutible, aunque el 11M fue un caso de terrorismo de Estado, que hacía aparecer a la comunidad islámica como una amenaza, se realizo contando con el visto bueno de numerosos gobiernos de Estados islámicos, que no solo no criticaron la atribución que se le dio al atentado terrorista, sino que estrecharon relaciones con sectores de las elites españolas.
En las democracias los
ciudadanos creemos estar informados de todo, pero conocemos una pequeña parte
de las razones por las que sus gobiernos adoptan unas decisiones y no otras.
Estados Unidos no ha pedido a España que participe en la intervención militar
contra Irán, pero Sánchez se ha apresurado a utilizar el sensacionalista eslogan
del “No a la guerra” para justificar romper con Estados Unidos el acuerdo de
utilización de sus bases militares que se encuentran en territorio español. De
forma innecesaria, pues Estados Unidos no necesita para atacar Irán las bases
que tiene en territorio español, Sánchez dice no a la utilización de las bases,
no a respectar el acuerdo, pero no se atreve a liderar posición que lleve a su
cierre. Con el claro objetivo de situar a España del lado de Estados que basan
su política en el terror, hoy Irán, Sánchez se ha negado a respectar el acuerdo
de utilización de las bases estadounidenses, aludiendo a un falso no a la
guerra, nadie ha pedido la participación de España en la intervención militar
en Irán, que puede transforme en un no al empleo para muchos ciudadanos
españoles, al decidir Estados Unidos y sus aliados europeos reducir sus inversiones
en España.

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