Desde el pasado 26
de Septiembre la Audiencia Nacional juzga el asunto de las Tarjetas Black de
Caja Madrid-Bankia. La Fiscalía Anticorrupción acusa a 65 ex consejeros y
directivos de Caja Madrid, luego convertida en Bankia, de apropiación indebida
de 12 millones de euros, realizada utilizando dichas tarjetas. En principio, al
producirse el robo en un periodo largo de tiempo desde el 2003, y por el importe
del mismo, puede parecer un asunto menor, pero no lo es. No lo es, porque da a
conocer que personas pertenecientes a la cúpula de las elites dirigentes del
Estado español robaban con total impunidad. No lo es, porque da a conocer que personas a las que se
les reconocía un determinado prestigio en la sociedad española eran unos
simples chorizos insaciables, poco leales con los intereses de la empresa que debían
haber defendido. El asunto de las
Tarjetas Black es un escándalo que da a conocer la baja calidad de la
democracia española, desacreditando el funcionamiento de importantes
instituciones del Estado, Hacienda, el Gobierno Autonómico de Madrid, incluso a
la propia Fiscalía Anticorrupción, la cual se enteró por casualidad de la existencia de dichas
tarjetas.
Al hablar del
asunto de las Tarjetas Black creo que es conveniente comenzar por la forma como
se dio a conocer a la opinión publica, teniendo que investigarlo la Fiscalía Anticorrupción.
El asunto se conoce porque investigado por la policía por otro asunto el ex presidente de Caja Madrid,
Miguel Blesa, le pillan un correo que dirigía
el Secretario de Caja Madrid, Enrique de la Torre, a su sucesor en el cargo, Jesús Rodrigo Fernández,
del que debía tener conocimiento el entonces presidente de la entidad, Miguel
Blesa. En dicho correo, De la Torre
reconoce la existencia de las Tarjetas Black. Cuando los medios de comunicación
hicieron público dicho correo el Estado, en concreto, la Fiscalía Anticorrupción,
no tuvo más remedio que investigar el asunto, investigar un robo que habían
estado cometiendo durante años, con total impunidad, personajes pertenecientes
a las elites dirigentes españolas, políticas, empresariales, sindicales, etc.
El asunto incluso salpica a la Jefatura del Estado, al estar procesado el
exjefe de la Casa Real, Rafael Spottorno.
Si el asunto de
las Tarjetas Black hubiera tenido lugar en una empresa privada, no dejaría de
ser anecdótico e incluso gracioso. Pues no deja de ser gracioso que personas de
alto poder adquisitivo hayan recurrido a
un proceso como este para incrementar sus ingresos, robando a la empresa y
defraudando a Hacienda. El problema es que Caja Madrid-Bankia no era un empresa
cualquiera sino una empresa que disfrutaba de privilegios del Estado y que
estaba sometida a control político, su Consejo de Administración era nombrado
por las elites políticas, en concreto, con poder en la Comunidad de Madrid.
Después de oír las
declaraciones de los procesados es difícil
saber para qué fueron creadas y por quien las Tarjetas Black. Sus declaraciones
solo añaden confusión y contradicciones. Lo que está claro es que las Black
eran un sistema innovador para ocultar ingresos y defraudar a Hacienda. Los
acusados ingresaban más de lo que lo que figuraba en su nómina y no lo declaraban a Hacienda gracias a que los gastos
de sus tarjetas black era asumido por la empresa, Caja Madrid-Bankia, como otros gastos, y declarados como gastos
deducibles en el Impuesto de Sociedades. El poder que tenían, y seguramente todavía
tienen, los acusados en la estructura del Estado español, ha permitido que
durante años fallaran cosas como las auditorías internas que realizaba Caja Madrid-Bankia, el control de sus Cuentas
Anuales por parte de Hacienda, e incluso que Hacienda no investigara las declaraciones personales de los acusados.
Nadie controlaba las cuentas de Caja Madrid-Bankia, hasta el punto que sus
directivos lograron sacarla a bolsa con unas cuentas falsas, maquilladas.
Algunos de ellos, incluso, sabiendo que la entidad estaba en quiebra
invirtieron en su salida a bolsa para intentar motivar y engañar a nuevos
inversores.
Las declaraciones
de los acusados han sido muy interesantes. Personajes cuyo trabajo es
controlar, acostumbrados a manejar números, todos ellos con conocimientos,
aunque mínimos suficientes, en contabilidad y fiscalidad, no sabían que ingresaban al año, ni que
gastaban ni en que gastaban. No lo controlaban ni tenían a nadie encargado de
controlarlo. Unos han dicho que consideraban el importe de las Black como parte
de su salario, pero no lo declararon nunca, no sabían lo que cobraban y por
tanto creían que iba incluido en el justificante de ingresos que le daba la
empresa, Caja Madrid-Bankia. Otros dicen que consideraban las Black como gastos
de representación, eso sí, las utilizaron para realizar todo tipo de gastos
privados, algunos masajes incluido. Lo más interesante del juicio, en mi opinión,
es la contradicción en que han entrado los expresidentes de Caja Madrid-Bankia,
Miguel Blesa y Rodrigo Rato, ex
vicepresidente del Gobierno de Aznar, y el Secretario General de Caja Madrid,
De la Torre. Mientras Blesa y Rato mantienen que consideraban que las Black
eran ingresos reconocidos en sus contratos, y que creían que los estaban declarando
a Hacienda, De la Torre afirmo que eran gastos de representación que la empresa
declaraba como gastos deducibles en el Impuesto de Sociedades. Seguramente De la
Torre se ve obligado a declarar eso debido a haberle pillado la policía un correo en que califica las tarjetas como
Black a efectos fiscales, y por tanto no se sostendría que declarara ahora ante
el juez que eran ingresos de los
titulares.
El asunto de las
Tarjetas Black puede parecer insignificante, debido al importe de lo robado,
pero es de enorme importancia porque da a conocer la impunidad con que actuaban chorizos insaciables con poder en las
estructuras del Estado español. Es un asunto importante porque ha puesto en
evidencia fallos en los controles del Estado, ha puesto en evidencia que
representativas instituciones del Estado, que deben velar por el cumplimiento de
las leyes vigentes no cumplían con su función
para así permitir que personas pertenecientes a las elites que las controlaban pudieran robar con total impunidad. Mi única duda es ¿Cuántos
más robos se habrán favorecido desde las instituciones del Estado?
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