Hace pocos meses, en febrero, los Estados miembros de la
Unión Europea fueron incapaces de ponerse de acuerdo para aprobar
el presupuesto plurianual correspondiente al periodo 2021-2027, aunque la
discusión era sobre una cantidad relativamente pequeña, el 0,11% de la Renta
Nacional Bruta (RNB). La Comisión
Europea pedía un presupuesto que supusiese el 1, 11% de la RNB de cada Estado
miembro, y los conocidos como los “Cuatro frugales” (Austria, Dinamarca, Holanda y Suecia)
apoyados por Alemania, ofrecían un presupuesto basado en el 1%. Pero a pesar de
ello, ayer frente a todo pronóstico, el Consejo Europeo logro aprobar un
extraordinario Plan de Reconstrucción, y a la vez, los próximos Presupuestos
para el periodo 2021-2027. Dicen que no
hay mal que por bien no venga, y parece ser que a la UE le vino bien no
haber aprobado antes los Presupuestos.
Curiosamente,
una UE cuyos estados miembros no logran desde hace ya años tener una posición común en nada, en un brevísimo
intervalo de tiempo se ha puesto de acuerdo para aprobar el denominado Plan de
Reconstrucción. Hace tiempo que se percibe que la Unión Europea ha perdido
naturaleza política, para incrementar su naturaleza financiera, es decir, al UE
ha pasado a ser principalmente un club basado en intereses económicos,
empresariales y financieros, más que en
razones políticas. Es algo que se deduce, por ejemplo, de las conclusiones del último Consejo de Estado. En
ellas poco se habla de política, más allá de la obsesión de los actuales
dirigentes de la UE con el cambio climático y por tanto de condicionar el
desarrollo de la economía al
cumplimiento de los objetivos del Acuerdo de Paris, sea cual sean los costes social y económico, según parece, nada
despreciables. El Consejo Europeo ha autorizado a la Comisión Europea a que
emita deuda común, a que se endeude por el valor de 750.000 millones de euros,
a pagar como máximo en el 2058. De ellos
390.000 millones serán considerados gastos, a los que la UE deberá de hacer
frente con nuevos impuestos, sobre
residuos plásticos no reciclados, a las importaciones de países que no cumplan
con las emisiones de carbono acordadas, y un impuesto digital. Unos nuevos
impuestos todavía por definir y cuya eficacia se desconoce, por lo cual la UE
se reserva el derecho de aumentar las contribuciones de los estados miembros,
si fuera necesario, hasta el límite del
1,40% de la RNB.
La
aprobación del Plan de Reconstrucción ha sido calificado como un hecho histórico,
y lo es en el sentido de que es la primera vez que la UE emite deuda común,
pero nada más, el acuerdo no representa un proyecto político común sino
simplemente una nueva forma, como se dice ahora, innovadora, de financiación, que ya veremos cómo resulta.
En la UE no hay un proyecto político común, como lo evidencia que en el último
Consejo de Estado nada se haya hablado de medidas para garantizar la seguridad
sanitaria de los Estados miembros o de cómo van a quedar a partir de ahora las
relaciones internacionales con China. No se ha hablado de lo más importante,
que en este momento es de forma clara ¿Cómo van a quedar las relaciones con China?
¿Va a establecer la UE mayores controles sanitarios a los viajeros provenientes
de China o dejaran a Europa continental a merced de que el Régimen comunista
chino nos pueda en cualquier momento contagiar con otro virus? Lógicamente no
se ha hablado de ello, porque ya no hay una Europa política sino únicamente
económica.
El
presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, como es costumbre, ha vuelto del Consejo Europeo, triunfalista, y
no es para menos. España recibirá
140.000 millones de euros, que su Gobierno gestionara. Pero que el acuerdo se
haya cerrado tan rápido no es positivo para
la sociedad española. En primer lugar, porque supone un apoyo a la
gestión del presidente Sánchez de la crisis del covid-19. Un respaldo a la
utilización de la crisis para justificar represión y encubrir violaciones de
los derechos humanos, cuando no asesinatos; un respaldo a la utilización del
sistema sanitario para ajustar cuentas;
un respaldo a numerosas e
inexplicables muertes en residencias y centros hospitalarios; a continuas
mentiras del Gobierno sobre el número de muertos, y a la opacidad sobre sus
circunstancias, por ejemplo, en lo relativo a edad y situación previa de salud,
buscándose así incrementar la alarma social. En segundo lugar, porque al
haberse aprobado de forma tan rápida, como ocurrió con el rescate bancario del
2012 (41.333 millones de euros), el cual venía acompañado de un memorando de
condicionalidad, no se conoce todavía la
condicionalidad de este acuerdo y como
esta afectara a los humildes ciudadanos. De los 140.000 millones, España tendrá
que devolver 67.300 millones de euros, para que nos hagamos una idea del
esfuerzo que ello supondrá, 8 años después, del rescate bancario del 2012
España todavía debe en torno a un 57%, unos 23.000 millones al Mecanismo
Europeo de Estabilidad . Está claro, no hay razón para el triunfalismo en la
sociedad española, solo en concretos sectores políticos.
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