CRISIS COVID-19: SÁNCHEZ DELEGA LA REPRESIÓN EN LOS GOBIERNOS AUTONÓMICOS.

El presidente del Gobierno Pedro Sánchez, ha comparecido hoy ante los medios de comunicación, para dejar claro que a pesar de haber disfrutado de unas merecidas y lujosas vacaciones pagadas por el Estado, vacaciones que no han podido disfrutar muchos españoles, sigue defendiendo las mismas ideas que antes. El presidente Sánchez sigue con sus delirios de grandeza, sin tener en cuenta el daño que han hecho las medidas adoptadas por el Gobierno no solo al estado psicológico de muchos españoles, sino también a la economía. Sigue apostando por los ERTE, s, por un “El Estado pagara todo”,  como instrumento para generar conformismo y resignación frente a la situación creada por el covid-19 y las medidas adoptadas por el Gobierno. Y anima a los gobiernos autonómicos a que soliciten la aplicación del estado de alarma en sus respectivos territorios autonómicos, seguramente como una forma de dar juego, de hacer concesiones a un nacionalismo catalán cuyos votos necesita para aprobar los Presupuestos Generales del Estado sin contar con el apoyo de la derecha.

España es hoy uno de los países del mundo con peores datos consecuencia de la situación creada por el covid-19. La aplicación del estado de alarma, inconstitucional, pues privaba a muchos ciudadanos de derechos fundamentales, del derecho a trabajar, del derecho a la libre circulación, del derecho a elegir centro hospitalario, medio y tratamiento, en función del rol social, solo ha servido para hundir la economía española y ejercer represión, pues la situación sanitaria de España es hoy  muy similar a la del pasado marzo, con el virus circulando por todo el territorio español. La economía española está en quiebra; para pagar el importe de los ERTE,s hasta septiembre,  el Gobierno ha tenido  que recurrir a un préstamo de la Unión Europea (SURE), por 21.300 millones de euros, similar al rescate de la banca pero según parece sin condicionalidad. Según los expertos en septiembre el paro se disparara, y la deuda pública de España no cesa de crecer, superando ya el 115% del PIB.

Con 5.100 personas diagnosticadas como contagiadas por el virus chino y 132 muertes atribuidas al virus, el presidente Sánchez declaro el estado de alarma, imponiendo el confinamiento de todas las personas cuya actividad no fuera imprescindible para los intereses del Gobierno. El último fin de semana en España se han producido 19.382 casos diagnosticados y 34 muertes atribuidas al covid. Sin darle mucha fiabilidad a los datos oficiales, los cito, porque es fácil apreciar que si 5.100 personas contagiadas requerían la aplicación del estado de alarma, con mayor razón lo requerirá la existencia de casi 20.000 diagnosticadas como contagiados. Pero el presidente Sánchez no lo cree así, califica la situación de preocupante, apela a la serenidad y propone que sean los gobiernos autonómicos los que declaren el estado de alarma en sus respectivos territorios. El Gobierno sigue con sus evidentes contradicciones. Califica la situación sanitaria de preocupante pero a la vez dice que el curso académico 2020-2021 debe comenzar con normalidad, en las fechas previstas.   

En su comparecencia ante los medios, el presidente Sánchez ha dejado claro que considera la represión la principal medida contra la amenaza del covid-19. Sigue criminalizando a los enfermos, y proponiendo que los gobiernos autonómicos soliciten el apoyo de los militares como rastreadores, es decir, para encontrar posibles contactos de personas que hayan dado positivo en una PCR, en busca de lo que se ha denominado asintomático, un concepto más fantasmagórico que real, con la que se define a una persona que sin estar enferma, sin tender síntomas, es, según los expertos portadora del virus, y así poder someterles a pruebas PCR y, sobre todo, a cuarentena. Sánchez sigue apostando por la represión, proponiendo que los gobiernos autonómicos recurran al estado de alarma para privar a los ciudadanos de sus comunidades de derechos fundamentales. El presidente Sánchez sigue ignorando un principio jurídico básico, “Una ley es justa si afecta por igual a todos los ciudadanos del territorio sobre el que se aplica”. Por ejemplo, sin discriminar a los ciudadanos por su rol social. 

Lo más llamativo de la comparecencia del presidente Sánchez es que no ha asumido ningún tipo de responsabilidad. Quiere hacer creer a los españoles que lo que está pasando es inevitable. Si antes ponían a los pies del terrorismo islamista a los españoles, considerando que sus acciones eran inevitables, que no había seguridad cero,  ahora quieren hacer lo mismo con el covid-19. Que desde el 21 de junio hayan entrado en España viajeros contagiados; que por territorio español hayan estado circulando temporeros extranjeros contagiados sin ningún tipo de control, etc, según Sánchez no ha influido en la actual situación sanitaria de España. Al virus chino, tipo covid-19, se le han atribuido numerosas muertes, pero no nos engañemos, el problema no es el virus, el enemigo no es el virus, sino aquellos sectores de las elites dirigentes que están utilizando la situación  creada por este para justificar represión y encubrir claras violaciones de los derechos humanos. El enemigo no es el virus sino un Gobierno de España que quiere utilizar una situación de enfermedad, que todo indica que ha ayudado a crear, para justificar represión y encubrir violaciones de los derechos humanos.