Con la disculpa de combatir la propagación del virus chino
SARS-CoV-2 y proteger la salud de los ciudadanos, del 14 de marzo al 21 de junio, recurriendo a la
declaración del estado de alarma, el
Gobierno de España sometió a la sociedad española a duras restricciones de su libertad
de movimiento, restringiendo a su vez la realización de numerosas actividades
económicas. Pero el virus chino no ha desaparecido de territorio español, hoy
se vuelve a propagarse con fuerza. Los tres meses de estado de alarma, no han
servido para erradicarlo. Reducir la movilidad de las personas evita contagios,
pero también reduce la vida de los ciudadanos a
comer y dormir, algo no deseado,
y sobre todo hunde la economía al disminuir la actividad económica,
entre otras cosas, al bajar el consumo, en lo que llevamos de año la deuda
pública ha superado ya el 110% del PIB. A pesar de ello, cuatro meses
después, con fecha 25 de octubre el Gobierno ha vuelto a declarar el estado de
alarma, con la misma disculpa que antes, proteger la salud de los ciudadanos y
evitar muertes. El Gobierno ha argumentado para declarar el estado de alarma la
necesidad de impedir actividades privadas de ocio nocturno y dotar a los
Gobiernos autonómicos de un instrumento legal para imponer confinamientos
perimetrales.
El nuevo Real Decreto del estado de alarma tiene
respecto al de marzo, importantes y claros matices. No impone el cierre de
actividades económicas, sino simplemente limitaciones horarias, y también
podrán seguir realizando su actividad los centros educativos. Limita la
libertad de circulación de las personas en horario nocturno, de 23:00 a 06:00,
y se restringe la entrada y salida de personas del territorio de cada comunidad
autónoma. No hay ningún argumento científico
que permita sostener que una persona que se desplaza a otra comunidad
por motivos laborales o por estudios tenga menor probabilidad de contagiarse y, como consecuencia, de contribuir
a propagar el virus, que otra que lo hace por ocio. Tampoco en otro tipo de
desplazamientos. No hay ningún método científico que permita afirmar que los
ciudadanos se contagian más en unas actividades, por ejemplo, de ocio, que en
otras, en los medios de transporte, lugar de trabajo o centros educativos, son
simples hipótesis sin base científica que se elaboran y difunden para rellenar
informes y justificar el sueldo. Pero a pesar de ello, el Gobierno sigue
optando por restringir los derechos fundamentales de los ciudadanos en función
de su rol social. El gobierno de Sánchez quiere limitar la movilidad entre
comunidades autónomas, pero mantiene abiertas las fronteras exteriores de
España, por ejemplo, con China, lo que representa una completa burla a la
inteligencia de los españoles.
Pero lo más importante del nuevo Real Decreto es que el
Gobierno de España delega en los gobiernos autonómicos la posibilidad de
adoptar o no las medidas que contiene. Durante el anterior estado de alarma, el
entonces presidente de la Generalitat, y hoy ya expresidente, Quim Torra, exigió al Gobierno de Sánchez que
levantara el estado de alarma o realizara modificaciones en el Real Decreto de
aplicación para devolverle las competencias que el Gobierno le había retirado
temporalmente. Pues parece ser que ahora Sánchez ha cedido, y ha realizado una
aplicación del estado de alarma a la medida de las reivindicación de las elites
independentistas burguesas catalanas ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Es el precio a pagar
por el apoyo a los Presupuestos Generales del Estado para el 2021?
El presidente Sánchez está legislando en función de la
conveniencia política y económica, que los confinamientos perimetrales se
realicen a nivel autonómico, le permitirá a Canarias, en temporada alta, seguir recibiendo turistas. Está claro, el
Gobierno de Sánchez quiere tener a los ciudadanos sometidos al estado de
alarma, para poder justificar represión y encubrir violaciones de los derechos
humanos, permitiendo una mayor actividad autonómica que en el de marzo, y
delegando en los gobiernos autonómicos la decisión de que medidas y contra
quien las adoptan. Pero que sean muchos los actores políticos que apoyen la
declaración del estado de alarma no hace su aplicación más constitucional, pues
no puede ser constitucional que ciudadanos sanos sean privados de derechos
fundamentales únicamente en función de su rol social, es decir, en función de
¿Trabajas o estudias? No, a casa.
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