martes, 7 de septiembre de 2021

COMO SIEMPRE, BUEN ROLLITO Y CINISMO EN LA APERTURA DEL AÑO JUDICIAL.

Como suele ser costumbre el mes de septiembre, ayer se celebró el acto de apertura del año judicial, presidido como en ocasiones anteriores por el Jefe del Estado, hoy el rey Felipe VI. A pesar de que el anterior Jefe del Estado, el rey emérito Juan Carlos I se encuentra refugiado en un país islámico, en Emiratos Árabes Unidos, presuntamente para evitar que le puedan llegar a afectar investigaciones judiciales, la Casa Real de Borbón sigue presidiendo la apertura del año judicial. Parece ser,  que  esté constatado que la monarquía es un nido de chorizos, cuyos miembros cobraron  comisiones a cambio de su influencia, defraudan a la Agencia Tributaria, tienen dinero negro en paraísos fiscales, etc, no le parece al Poder Judicial español razón suficiente para que la Casa Real, en la figura del Jefe del Estado, deje de tener el honor de presidir tan importante acto.

La Constitución española establece que “la justica emana del pueblo y se administra en nombre del Rey”, pero equivocadamente no hace ninguna alusión a que ocurre cuando el Rey, ostentando la Jefatura del Estado,  no es digno de ello por no cumplir las leyes que si se exigen al resto de ciudadanos españoles. Es indiscutible que la Casa Real ha perdido los mínimos éticos necesarios para presidir un acto como este, para ponerse al frente de aquellos, jueces y magistrados,  que en España tienen la capacidad de administrar justicia. Lógicamente, los monárquicos solucionan el problema con el argumento de que rey Felipe VI heredo la Corona, pero no tiene nada que ver con los comportamientos de los que en el pasado fueron también miembros de Casa Real, y ahora se dice que no. Se dice que no tienen nada que ver con el comportamiento de su yerno, Iñaki Urdangarin, dicho de forma coloquial, condenado por exigir impuestos, principalmente a dirigentes políticos monárquicos,  de forma paralela a la Agencia Tributaria. O incluso con el de su padre y anterior Jefe del Estado, Juan Carlos I, del que hoy se conocen claros indicios de haber cometidos delitos.

La monarquía es una institución anacrónica en una democracia. Una institución cuyos principios, como el de que el rol social se conceda en función del origen familiar, impide el desarrollo democrático de España. Se suele decir que la Constitución concede al Rey un poder simbólico, por ejemplo, como mando supremo de las Fuerzas Armadas, o en actos como el de apertura del poder judicial, pero parece ser que gracias al evidente control que ejerce la Casa Real sobre la institución militar y la judicial, este tiene un rol similar al del el padrino de los Corleone en El padrino (1972) dirigida por Francis Ford Coppola, es quien corta el bacalao. Los Bonasera de turno acuden a la Casa Real en busca de apoyo u autorización para abusos y venganzas.

El control que la Casa Real de Borbón ejerce sobre el Poder Judicial, no es solo sutil, sino también publico. Ayer, en su discurso el presidente del   Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Carlos Lesmes, omitió alguna referencia al hecho de que el anterior Jefe del Estado esté hoy investigado en diferentes tribunales, y este busque refugio en un país árabe para dificultar las investigaciones y evitar una poco probable, pero posible, actuación de la justicia española. El presidente del CGPJ, también dejo claro que es un valiente, un poco cínico, pero un valiente, al reivindicar, como suele ser costumbre en estos actos, la independencia del Poder Judicial y exigir la renovación de CGPJ, bloqueada porque todos los partidos quieren ser el segundo actor que lo controle, después de la Corona. De forma clara sectores de la corrupta derecha monárquica española han apoyado que Podemos, la representación en España del comunismo internacional,  llegara a formar parte del Gobierno de España, pero ahora tienen miedo a que alguno de sus jueces afines entren a formar parte del Consejo General del Poder Judicial, y se oponen a su entrada. Dicen querer garantizar la independencia del Poder Judicial estableciendo por ley que sean los propios jueces los que nombren a los miembros de su órgano de gobierno (CGPJ), pero evitan  aludir a que es de conocimiento público que hasta las asociaciones judiciales están totalmente politizadas, defendiendo siempre lo mismo que los  partidos políticos que las controlan. Y digo que el presidente Lesmes ha sido  un poco cínico porque hablo de justicia, de leyes, de la defensa de la Constitución, etc,  mientras desde el Poder Judicial español se ordenan flagrantes violaciones de los derechos humanos, por ejemplo, utilizando a los médicos como verdugos, o se toleran garantizando impunidad a los responsables.

La justicia es un pilar fundamental de toda democracia, y en España falla, principalmente por el control que sobre el mismo ejerce la familia Corleone, quiero decir, la Casa Real de Borbón. En España solo hay una ley, la ley de la selva, tienes el poder, cuentas con la mayoría, haz lo que quieras. El Poder Judicial carece de independencia  e imparcialidad, anulando el Estado de Derecho cuando le interesa, impidiendo así que todos los españoles sean iguales ante la ley. El Poder Judicial es un instrumento represor al servicio de las elites dirigentes, ordenando violaciones de los derechos humanos o garantizando impunidad a sus ejecutores, lógicamente siempre con el visto bueno del Jefe del Estado, de la Casa Real que tiene el control la fuerza, de los militares y su sucedáneo, la policía, el anterior hoy evitando la actuación de la justicia.

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