En una democracia la actividad policial debe estar
protegida y controlada a través de leyes. Leyes que la sociedad considere
convenientes y elabora y aprueba a través del
Poder Legislativo, o mejor dicho, a través de sus representantes
políticos democráticamente elegidos, la cosa esta ya muy estudiada y es fácil.
Pero, en la actual España no ocurre ni una cosa ni la otra. Las manifestaciones de miembros de las Fuerzas y
Cuerpos de Seguridad del Estado contra la nueva Ley de Seguridad
Ciudadana evidencia que no sienten que su actividad, su trabajo, este
respaldado por adecuadas leyes. Por otro lado, numerosos hechos constatan que la actividad policial tampoco está lo
suficientemente controlada por el Estado. Por ejemplo, tenemos el caso Villarejo, que desempeñando su cargo de
comisario realizaba actividades de espionaje privadas e ilegales, que luego ha
dado a conocer a la opinión pública con oscuras intenciones. O el de numerosos
altos mandos policiales implicados en asuntos de drogas.
Ya no hablemos de los abusos de poder, de la chulería con que a veces actúan algunos miembros de
las policías españolas, que si bien algunos son denunciados otros muchos, por
miedo o debilidad de las víctimas, no.
Puede ser que el descontento de los miembros de las Fuerzas
y Cuerpos de Seguridad del Estado esté justificado, no lo sé. No suelo cometer
delitos, y por tanto, no tengo por costumbre leer leyes para saber si lo que
voy a hacer puede constituir delito o no, y como está castigado por el Estado.
Por tanto, no me he leído la nueva Ley de Seguridad Ciudadana más allá de lo difundido
por los medios de comunicación. Lo que si se, lo que si tengo claro, es que en
una democracia no es conveniente que los miembros de las diferentes policías se
manifiestan para presionar al Estado. Aquí no estamos hablando de un convenio
laboral o de reivindicaciones salariales, sino de leyes. En una sociedad
democrática las leyes no solo las elaboran los miembros de la policía, sino el
conjunto de sociedad. La derecha española se equivoca al patrimonializar el
descontento de la los miembros de las policías. Estas deben estar al servicio
del Estado, a las órdenes del Gobierno democráticamente elegido, y no, de forma
directa y clara o sutil, a las órdenes de un determinado partido político.
Los ciudadanos no se sienten desprotegidos debido a la
nueva Ley de Seguridad Ciudadana, como lo deja claro el hecho de que no han
salido a la calle a manifestarse en defensa de unas u otras leyes, en defensa
de una modificación del Código Penal. Todo esto está motivado por interés de
naturaleza política, muy ajenos al interés general. Lo que sí hace que los
ciudadanos se sientan desprotegidos es una elevada politización de las Fuerzas
y Cuerpos de Seguridad del Estado. Que la policía española solo actué, o actué
principalmente, para defender los derechos e intereses de sectores de las elites políticas. Ocurriendo
que cuando se produce un conflicto de interés entre un humilde ciudadano y las
elites dirigentes que la controlan, la policía se decante siempre a favor de estas.
Que en una democracia, un partido como
Vox, controlado por los militares, monárquico,
heredero ideológico en España de aquellos que provocaron la Segunda
Guerra Mundial, Nacismo y Fascismo, quiera ser la voz de los miembros de las
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, de forma clara, dándole publicidad e
instrumentalizándolo, es un hecho político de enorme gravedad.
Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado son parte de la fuerza, en España son un sucedáneo de las Fuerzas Armadas, estando controladas por los militares, y tienen en su mano el monopolio del uso legítimo de la fuerza. Que salgan a manifestarse a la calle apoyados por determinadas partidos políticos supone un intento de utilizar la fuerza para imponer sus intereses y criterios al Estado, al Gobierno de la nación democráticamente elegido, y , por tanto, al conjunto de la sociedad. Hechos, como los ocurridos en el 2014 con las Marchas de la Dignidad, evidencian que la actividad policial no está siempre lo suficientemente protegida por las leyes. Pero que la derecha ahora patrimonialice el descontento de la policía entra en clara contradicción con el hecho de que sectores de esta misma derecha ayudaron a que Unidas Podemos entrar en el mapa político español, llegando a formar parte del Gobierno de España. Contribuyendo a su maduración, a que Unidas Podemos incrementar sus ingresos y, por tanto, patrimonio, favoreciendo la repetición de elecciones generales. Nada más y nada menos que cuatro desde que Podemos entro en la política española. Ahora dicen que necesitan leyes para proteger a los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de seguridad del Estado de aquellos a los que han ayudado a hacerse fuertes, Unidas Podemos, la representación en España del comunismo internacional. Ya será por alguna otra razón.
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