Una vez más, hoy la Casa Real de Borbón ha escenificado su poder obligando a la sociedad española, representada en las Cortes Generales, a celebrar el 18 cumpleaños de la princesa Leonor, a través del acto de su jura de la Constitución celebrado en el Congreso. Un acto constitucional mediante el cual se le otorga a la princesa Leonor la capacidad de ejercer la regencia en caso de inhabilitación de rey Felipe VI, pero realmente innecesario pues como ocurrió con el hoy rey emérito Juan Carlos I, lo lógico es que previo a este tipo de regencia esté abdique y la Constitución no otorga funciones al príncipe de Asturias, es decir, capacidad para tomar decisiones y firmar documentos oficiales. Sin duda, hoy es un día triste para la democracia española. Al considerarse y aceptarse políticamente a la princesa Leonor como sucesora a heredar la Jefatura del Estado se anulan dos importantes principios democráticas. Primero, el de igualdad. A la princesa Leonor se le concede un determinado rol social únicamente por su origen familiar. En segundo lugar, el principio de que todo poder emana del pueblo, pues con actos como este se reafirma que el poder de la Jefatura del Estado no emana del pueblo sin que se transfiere con carácter hereditario entre los miembros de la Casa Real de Borbón. El acto de jura de la Constitución de la princesa Leonor, sin duda, es un paso más de los monárquicos en la construcción de la sucesión al rey Felipe VI.
El acto público de jura de la Constitución
por la princesa Leonor, como he dicho, innecesario, cumple tres claras funciones. Primera, vender una imagen
de poder de la Casa Real, escenificándose el sometimiento del poder político
representado por los miembros de las Cortes Generales, que emana del pueblo, a
la Jefatura del Estado. Segunda, acostumbrar a la sociedad española a ver a la princesa
Leonor como indiscutible sucesora a la Corona de España, a ser la próxima jefa
de Estado, como si fuera algo inmutable, por deseo divino. No deja de ser
curioso como muchos medios de comunicación intentan vender a la sociedad española
que Leonor es lo que es por su perfil. Omitiendo que ha entrado en la Academia
Miliar sin tener que competir en unas oposiciones con el resto de los
candidatos; omitiendo que hablar varios idiomas puede ser muy útil para tener
testaferros y cuentas corrientes en otros países, y un mérito para trabajar
como interprete, pero difícilmente lo es para ostentar un cargo público donde
se deben tomar decisiones de naturaleza política. Tercera, contribuir a
construir la personalidad de la princesa. Uno no se convierte en rey de un día
para otro, necesita sentir el poder que tiene y actos como el de hoy contribuyen
a ello.
Personalmente, considero un
detalle muy feo que al acto de jura de
la Constitución no haya sido invitado
algún miembro de la familia Franco, pues no debemos olvidar que la Casa Real de
Borbón, tiene hoy la posición que tiene en la sociedad española, y se le ha
organizado este acto a la princesa Leonor, gracias al general Franco. Primero,
porque logro ganar la Guerra Civil y en segundo lugar porque nombro su heredero,
restaurando la Monarquía, a un Borbón, al hoy rey emérito, Juan Carlos I. En
1969, el entonces jefe del Estado, el general Franco, nombro sucesor a título
de Rey a un Borbón, que sería
proclamado el mismo mes de su fallecimiento Rey de España, Juan Carlos I, apoyándose en la
Ley de Sucesión que con tal efecto el mismo había aprobado. Las causas del Golpe
de Estado del 18 de julio de 1936 no están claras, son muchas y complejas, se
atribuye a la caótica situación que vivía España, no siendo capaz el Gobierno
de la Segunda Republica de garantizar el orden público. Pero los hechos son los hechos y son
indiscutibles. Aunque no hay ningún documento oficial que lo confirme, que
Franco nombrara sucesor a un Borbón, restaurando la Monárquica, da a entender
que fueron los monárquicos los que impulsaron el Golpe de Estado del 18 de
julio de 1936 y la posterior Guerra Civil, para restaurar la Monarquía, como
así ocurrió.
Democracia y monarquía, póngasele
el calificativo que se le ponga, parlamentaria o constitucional, son conceptos
totalmente antagónicos. Primero, porque como bien ha dicho hoy la presidenta
del Congreso de los Diputados, Francesca Armengol, “La democracia es el poder
del pueblo”, pero el poder de la Jefatura del Estado no emana del pueblo, sino
que es ejercido, con carácter hereditario, por un miembro de la familia Borbón.
En segundo lugar, porque anula la
igualdad entre todos los españoles. Para acceder a un cargo público, un español
podrá hacerlo de dos formas. Uno, reuniendo los requisitos para ello, titulación,
etc, presentándose a unas oposiciones, o, dos, siendo elegido en unas
elecciones democráticas según lo establecido por la ley. Excepto para ser jefe
del Estado, cargo para el que la Casa Real de Borbón se reserva el derecho de
nombrar a alguno de sus miembros. El
artículo 1º de la Constitución de 1978 dice “España se constituye en un
Estado social y democrático de Derecho, que propugna como valores superiores de
su ordenamiento jurídico la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo
político”, pero el contenido de este articulo es de forma explícita anulado a través
del contenido del Titulo II, que impone que la Corona de España, es decir, la
Jefatura del Estado, es hereditaria en
los sucesores de S. M. Don Juan Carlos I
de Borbón, quien previamente fue nombrado por Franco. Asignándole funciones tan
importantes como el mando supremo de las Fuerzas Armadas.
Las sociedades modernas son
mayoritariamente republicanas. Ninguna de las Casas Reales que gobiernan alguna
democracia occidental lo hace después de haber obtenido legitimación democrática
en unas elecciones, lógicamente porque los monárquicos conocen que el sentir mayoritario entre los ciudadanos
no les es favorable y, por tanto, no se arriesgan a someterse a un proceso de legitimación
democrática. Gobiernan únicamente porque disfrutan del apoyo de la fuerza, de los militares, y para evitar
un enfrentamiento, las elites políticas han acepado el concepto de Monarquía parlamentaria,
que permite una coexistencia de la Monarquía y el poder político democrático moviéndose
estos en planos de poder y de decisión paralelos,
evitando así conflictos. George Walker Bush, expresidente de los Estados
Unidos, no heredo el cargo de su padre, George Busch, que también había sido
presidente, sino que tuvo que lograr ser elegido por el electorado en unas elecciones;
su hermano Jeb Bush no ha logrado ser presidente de los Estados Unidos porque
no logro suficiente apoyo democrático del pueblo estadounidense. Sí alguna de
las hijas del presidente Sánchez desean llegar a ocupar el cargo de su padre, deberá
presentarse a unas elecciones generales. Pero en cambio, se considera que es legítimo
y democrático que Leonor pueda heredar el cargo jefe del Estado de su padre, sin tener que someterse a un
proceso de legitimación democrática, bueno sí, pero en el que únicamente tendrá
derecho a votar los miembros de la Casa
Real de Borbón y no todos los españoles mayores de 18 años. Por muy simbólico
que se diga que es, algo de forma constatada falso, los principios democráticos
son incompatibles con el hecho de que haya un cargo público que se transfiera
de forma hereditaria entre los miembros de una familia.
Desde el movimiento feminista
español se ha querido vender el acto jura de la Constitución de la princesa
Leonor como una victoria, nada más lejos de la realidad. En la Constitución todavía
se mantiene, por imposición de la Casa Real de Borbón, algo parecido a la Ley Sálica,
es decir, la
primogenitura del varón frente a la mujer a la hora de heredar eso que los
monárquicos llaman la Corona de España. La Monarquía impide el desarrollo democrático
de España, al fomentar, escenificado en actos como el de hoy, un reparto de
roles sociales en función del origen familiar. Lógicamente, no es el momento de
impulsar un cambio de régimen político o forma de Gobierno, principalmente,
porque sería inviable al tener la Casa Real de Borbón el control y apoyo de los
militares, pero sí de abrir el debate sobre cuál debe ser el rol de la Monarquía, del Rey,
en la sociedad española e impulsar una necesaria reducción de funciones. En un
Estado democrático no es aceptable que su Constitución contemple que deba ser
el Rey, alguien que carece de legitimación democrática, previa autorización de
las Cortes Generales, quien declare la
guerra y haga la paz, como tampoco es aceptable que el Rey ejerza el mando
supremo de las Fuerzas Armadas, algo no reconocido a nivel internacional, por
ejemplo, en la OTAN y la UE, donde se considera que ese es ejercido por el presidente
del Gobierno democráticamente elegido o su ministro de Defensa.
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